Hasta 2.765 millones de euros ha gestionado la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias en la última década. En ese período ha proyectado y ejecutado 947 obras, según palabras recientes de Juan Ramón Hernández, actual responsable de ese departamento.
La inmensa mayoría de esas obras ha sido posible gracias a la financiación estatal y a los denominados convenios de infraestructuras (carreteras o aguas y costas, primordialmente) que el Ejecutivo autonómico ha negociado con el central para solventar, en la versión de los nacionalistas (Coalición Canaria), una “deuda histórica” con el Archipiélago. Una deuda contraída a lo largo de todo el tiempo que Canarias estuvo sumida en el atraso de un territorio alejado de la metrópolis donde se adoptaban las decisiones.
El debate sobre las infraestructuras y el desarrollo de las Islas ha ido parejo al devenir político del Archipiélago. Y Coalición Canaria es la formación que más rentabilidad ha pretendido obtener de las inversiones realizadas en carreteras, obras hidráulicas y puertos, entre otras. Se ha convertido en la interlocutora con el Estado, o así lo ha vendido en sus últimas campañas electorales a las Cortes Generales. Como contrapartida, otras fuerzas políticas han aprovechado para criticar a los nacionalistas por su falta de prejuicios políticos a la hora de ceder a postulados de la derecha o de la izquierda con tal de acceder a un buen trozo del pastel presupuestario para infraestructuras.
Los planes en obras, como han venido a denominarse en los últimos años, también han protagonizado parte del tan cacareado pleito insular. Las inversiones en una provincia u otra han estado, en todo momento, escudriñadas con lupa en aras del equilibrio presupuestario. Es sabido, no obstante, que, durante el Gobierno de José María Aznar, coincidiendo con que el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento capitalino de esa isla estaban en manos del PP, el plan de carreteras avanzó con mayor brío en ese, por así decir, feudo popular. ¿Es sabido? Al menos así lo pusieron de manifiesto desde algunos frentes políticos, y los mismos que lo negaban, ahora advierten de que el PSOE pretende desviar gran parte de los fondos estatales a obras en esa misma isla, gobernada por los socialistas.
Aparte de los tiras y aflojas propios de los dirigentes de este Archipiélago, que aún tiene un largo camino por recorrer hasta convertirse en un pueblo único, lo cierto es que, en la última década, Canarias ha dado pasos de gigante en el apartado de las infraestructuras. 2007 no ha sido una excepción y eso que ha sido el año de la desaceleración en el sector de la construcción. Ha sido un punto de inflexión entre las inversiones previstas en la anterior década y el nuevo período marcado por los socialistas en el Gobierno central. Se ha intentado relanzar los planes de obras, pero no todos han podido despegar.
Las carreteras
Diez años han tenido que pasar para renovar unos convenios calificados de históricos para las Islas. El PSOE se puso remolón a la hora de dar continuidad a una política financiera diseñada por el PP y no fue hasta el 30 de enero de 2006, tras arduas negociaciones en Madrid, cuando se firmó un acuerdo en carreteras con un total de 60 obras previstas hasta 2017 y con el que se dobla el presupuesto de la década anterior, pasando de 1.200 a 2.437 millones de euros.
La red de carreteras de Canarias tiene 4.439 kilómetros, por la que circulan 1.262.971 vehículos, con una tasa de 700 coches por mil habitantes en Tenerife, y 680 en Gran Canaria. En las Islas hay casi 300 vehículos por cada kilómetro de red viaria. Estas cifras pueden resultar escalofriantes y buen uso de las mismas han hecho las organizaciones de ecologistas para rechazar la construcción de más carreteras. Sin embargo, la mejora de las comunicaciones y del transporte no deja de ser una necesidad y uno de los objetivos del Gobierno en un Archipiélago donde su orografía se empeña en aislar aún más a sus habitantes.
El actual convenio de carreteras recoge en un primer anejo de obras las previstas en el acuerdo de 1996 y que aún están sin terminar. Se trata de 12 actuaciones de las que, en la actualidad, algunas siguen en ejecución con una inversión de 290 millones de euros. El grueso de las actuaciones forma parte del anejo II, donde se recogen un total de 28 obras, con una dotación de 1.858,78 millones de euros. Entre las mismas destacan los cuatro tramos para concluir el anillo insular de Tenerife, que supondrán un desembolso total de 540,84 millones de euros, casi la tercera parte del presupuesto destinado a obra nueva. El tercer grupo de actuaciones suman un total de 20 y tienen la característica de que son susceptibles de programarse en períodos posteriores e, incluso, sustituirse de mutuo acuerdo entre las dos administraciones.
Obras hidráulicas y puertos
Si el acuerdo en carreteras llegó con retraso, el de infraestructuras hidráulicas se ha demorado en el tiempo todo lo impredecible. Se pretendía firmar junto con el anterior (enero de 2006) y, sin embargo, en noviembre de 2007 seguía aún pendiente de su ratificación, después de un intento fallido antes del encuentro con las urnas, en mayo. El nuevo convenio prevé una inversión global de 376 millones de euros, frente a los 246,4 millones del anterior, de los que el 86% (323 millones) corresponderán a la aportación del Estado y el 14% restante a la de la Comunidad Autónoma hasta 2012. Las inversiones en aguas, no obstante, se han mantenido gracias al acuerdo de ampliación del convenio anterior a los plazos del Plan Hidrológico Nacional (2001-2008). Tanto las obras previstas en el acuerdo inicial como la ampliación del Plan Hidrológico Nacional son actuaciones catalogadas como de Interés General del Estado y suponen una inversión superior a los 703,1 millones de euros para la ejecución de 85 obras en Canarias.
Asimismo, los puertos conforman uno de los pilares de la Red Transcanaria de Transportes y las inversiones previstas a partir de 2007 y hasta 2011 implican un gasto de 465 millones de euros en actuaciones en todas las Islas. Antes, sin embargo, será preciso modificar algunos aspectos de la ley de puertos, para permitir un mejor desarrollo de estas instalaciones. Entre los polémicos, el Puerto de Granadilla, en Tenerife, y el de Arinaga, en Gran Canaria, que se han convertido en un arma arrojadiza entre partidos políticos en ambas islas.
En el año 2007, por tanto, el desarrollo de las infraestructuras públicas ha estado marcado por unos convenios incipientes en un espacio económico poco propicio por la desaceleración de la economía y el descenso de los fondos europeos, pues Canarias ya no pertenece, tras la ampliación a 25 de la Unión Europea, al grupo de regiones que perciben el mayor número de ayudas. En este contexto, las obras públicas deben despuntar como una de las alternativas, o al menos así lo desea el empresariado de las Islas, ante la clara ralentización de otros sectores como la construcción o el turismo.
