Las relaciones institucionales entre el Ejecutivo de Canarias y el Gobierno de Zapatero están marcadas por rasgos ciclotímicos. Y 2008 fue un buen ejemplo de la volubilidad de los afectos políticos: empezó con un alarde de desamor y acabó entre las mieles de la reconciliación. La victoria del PSOE en las elecciones generales del 9 de marzo ‘obligó’ a Paulino Rivero a llevarse mejor con Madrid. Se mantuvieron algunas críticas, pero se acabó con la bronca perpetua.
El año comenzó en plena guerra fría, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina y un distanciamiento que no pocas veces se tornó en bronca y llegó a poner en solfa una relación institucional demasiado afectada por intereses partidistas. Las cosas venían mal dadas desde que CC y PP impidieron a Juan Fernando López Aguilar convertirse en presidente de Canarias pese a su incontestable victoria en los comicios autonómicos. La armonía de antaño se había roto.
Así, durante los tres primeros meses de 2008 todo quedó congelado a la espera de las elecciones de marzo. Pero las señales de animadversión entre dos Gobiernos formados por partidos rivales eran continuas. El presidente canario, Paulino Rivero, no perdía oportunidad de acusar a Zapatero de haber abandonado a las Islas, en flagrante incumplimiento del compromiso que asumió cuando llegó al Gobierno, al que atribuía un “afán de revancha”.
Desde Canarias llovieron críticas al Estado de toda índole, aunque las distintas visiones de una economía que ya empezaba a invertir su ciclo positivo y la inmigración, asunto de fácil conversión en arma arrojadiza, fueron los temas estrella de la confrontación política. Mientras, Rivero tuvo el dudoso honor de convertirse en el único presidente autonómico que no había sido recibido en La Moncloa. El primer trimestre del año quedó lejos de ser el mejor ejemplo de cómo salvaguardar la recíproca lealtad institucional.
Pero llegó marzo. Zapatero volvió a ganar las elecciones y comenzó un capítulo diferente con los mismos protagonistas. Al comienzo de cada legislatura surgen siempre las mismas preguntas: ¿Cómo quedará situada Canarias en el escenario de la política nacional?, ¿con qué peso real afronta la defensa de sus intereses durante los próximos cuatro años? Las relaciones institucionales entre el Gobierno canario y el Ejecutivo central, la presencia –o no– de un canario en el Consejo de Ministros y el papel de los diputados canarios en el Congreso en función de la matemática parlamentaria son los factores determinantes que marcan la pauta.
Las cosas empezaron a aclararse pronto. Esta vez no hubo ministro canario. López Aguilar se cayó de todas las quinielas y aunque mantuvo –hasta que la evidencia lo desmintió– que los socialistas canarios iban a tener un papel destacado en el segundo nivel de la Administración estatal, los Consejos de Ministros fueron sucediéndose uno a uno sin que esos nombramientos anunciados llegaran nunca. Por su parte, CC veía alejarse su sueño dorado de convertirse en bisagra de la gobernabilidad, con sólo dos diputados difuminados en el cajón de sastre del Grupo Mixto.
Sin embargo, las relaciones institucionales comenzaron a retornar a su cauce. Había llegado la hora de volver a llevarse bien. A mitad de año por fin llega la invitación de Moncloa. En una reunión de dos horas protagonizada por la buena sintonía, Zapatero y Rivero dan por cerrada la confrontación y abren una nueva etapa de diálogo permanente. El presidente del Gobierno se muestra receptivo a la mayor parte de las demandas canarias y el jefe del Ejecutivo autónomo aplaude los progresos. De la noche a la mañana vuelve a reinar la armonía.
Tras el verano se empiezan a recoger los frutos. El problema de los menores no acompañados, que allá por junio había adquirido tintes de emergencia por la saturación de los centros de acogida de las Islas, comienza a ver una vía de salida en la negociación que mantienen de la mano el ministro de Inmigración, Celestino Corbacho, y la consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Inés Rojas. La permanente bronca que protagonizó la etapa del anterior titular, Jesús Caldera, queda enterrada y el esperado convenio de colaboración en materia de menores, muy bienvenido en las Islas, se concreta en noviembre. Es un primer paso.
También en otoño el Consejo de Ministros aprobó una dotación de 306 millones de euros para financiar hasta 2012 el convenio de obras hidráulicas de Canarias, que estaba pendiente de renovación desde 2005 y que vino a completar la línea de inversión estatal en infraestructuras junto a los convenios de carreteras y costas.
Poli bueno-Poli malo
Pero nadie dijo que fuera un lecho de rosas. Una cosa son las buenas relaciones institucionales –que los ciudadanos agradecen– y otra distinta dar cuartelillo a quienes se enfrentan por el mismo territorio electoral. ¿Cómo mantener el equilibrio? Fácil: el Gobierno del PSOE optó por la socorrida y casi siempre eficaz táctica del policía bueno y el policía malo. Mientras Zapatero tiende puentes con Rivero y sus ministros muestran la cara más amable, López Aguilar es el que suelta los mamporros a diestro y siniestro. Conviene no olvidar que el PSOE se ha fijado como objetivo gobernar en las Islas en 2011 y está obligado a marcar distancias con “el peor Gobierno de Canarias de los últimos 15 años”. Y ese papel le toca al líder de los socialistas isleños.
Cada vez que hay un acuerdo que los socios del Ejecutivo regional puedan capitalizar en votos, López Aguilar salta a la palestra a las veinticuatro horas, arremete con su habitual dureza contra el Gobierno canario, esa “componenda de perdedores”, repite su retahíla de adjetivos descalificativos, acusa a Rivero de sonreír a Zapatero sólo para salvar su pellejo y hace añicos la imagen idílica del día anterior. Es un clásico.
Ajena a los excesos verbales del líder del PSC, en la relación de Canarias con el Estado siguen ganando terreno las buenas maneras. Y si
hay despistes, se corrigen sobre la marcha. Se pudo comprobar con la celebración de la II Conferencia Ministerial Euro-Africana sobre inmigración de París. A la primera, celebrada en Rabat en plena crisis de los cayucos, asistió como invitado dentro de la delegación española el entonces presidente autonómico Adán Martín. Pero esta vez a alguien se le olvidó invitar a Canarias, la comunidad que más sufre la inmigración clandestina. Bastó una amable sugerencia a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que por esos días andaba de visita oficial en las Islas, y todo quedó arreglado. A París.
Los Presupuestos del Estado para 2009 cerraron el año con un sí, pero no. Volvieron las críticas desde Canarias por una inversión que no llega a la media estatal por habitante, aunque las diferencias se redujeron gracias a un acuerdo político que permitió mejorar las cuentas estatales a su paso por el Congreso. Insuficientes para el Gobierno autónomo y las únicas posibles en tiempos de crisis según el vicepresidente Solbes. Cada uno siguió el guión previsto y la cosa no pasó a mayores. Esta vez las relaciones Canarias-Estado salieron indemnes de la habitual utilización política del proyecto presupuestario.
El nuevo modelo de financiación autonómica, la anunciada reforma de la Ley de Extranjería y la negociación para que Canarias deje de pagar al Estado 300 millones anuales en concepto de compensación por el ITE quedan pendientes para el 2009. Conviene llevarse bien.
