La decisión del Estado de instalar la nueva prisión de Gran Canaria en los terrenos agrícolas de la antigua finca Llanos de Juan Grande, así como el cierre de las Oficinas Municipales de Maspalomas, a raíz de informes técnicos que recomendaban el desalojo del edificio por peligro de hundimiento, constituyeron dos de los hechos informativos más relevantes ocurridos en el Sur de Gran Canaria durante el pasado año 2008.
De los dos episodios, el que más hizo correr ríos de tinta en todos los medios informativos fue la ubicación de la cárcel, rechazada con firmeza por las entidades vecinales de los barrios periféricos y por todos los partidos políticos con representación en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, menos el PSOE. Las protestas fueron lideradas por colectivos vecinales, que querían impedir la realización de la obra argumentando que la misma tendría impacto negativo sobre la imagen turística y acabaría con uno de los pocos suelos calificados de estratégicos para el sector agrícola.
La actividad de los movimientos contrarios a la instalación penitenciaria, ocupando de forma pacífica la finca en reiteradas ocasiones, obligó a la intervención de los cuerpos especiales de la Policía Nacional con el objeto de proteger a la maquinaria desplegada sobre los terrenos para llevar a cabo las tareas preparatorias. A partir de entonces hubo escenas de violencia y por momentos se rozó la desgracia, ya que muchos de los manifestantes eran personas mayores y mujeres, algunas acompañadas con menores.
La Delegación el Gobierno en Canarias tomó las riendas del asunto y con mano firme y decidida desplazó a los manifestantes fuera del perímetro de la obra, hasta que por la entidad promotora, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) se acordó el vallado de los terrenos, la instalación de iluminación y la vigilancia mediante cámaras de seguridad para impedir que los vecinos anticárcel consiguieran detener la marcha de los trabajos.
Pero las manifestaciones no sólo ocuparon los espacios destinados a la instalaciones penitenciarias, sino también las sesiones del Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ocasionando el enfrentamiento entre el Partido Socialista y Nueva Canarias, quienes, siendo socios en el gobierno municipal, mantenían posturas distintas respecto a la reseñada infraestructura, de lo cual se aprovechó en más de una ocasión la oposición formada por Agrupación de Vecinos y el Partido Popular para intentar minar la credibilidad de la mayoría gobernante.
El deterioro de la relaciones fragmentó al grupo socialista, uno de cuyos ediles, José Rodríguez Artiles, abandonó la militancia en el partido pero sin entregar el acta de concejal. El PSOE le reclamó las áreas, pero la alcaldesa, Mari Pino Torres, optó por respetarle las delegaciones para no perder la mayoría de gobierno. Desde entonces el gobierno se convierte en más frágil e inestable, quedando en ocasiones sin los votos suficientes para dar aprobación a sus propuestas.
Concluido el año y tras más de una decena de manifestaciones en contra, no sólo están preparados los terrenos para la cárcel, sino que las obras de la misma ya están adjudicadas. La SIEP adjudicó la construcción de la nueva cárcel de Juan Grande (San Bartolomé de Tirajana) a la unión temporal de empresas formada por Dragados y Matías Marrero por 72,5 millones. Esta cifra supone un descenso de algo más de 30 millones con respecto al presupuesto inicial de licitación.
El concurso convocado por la entidad dependiente del Ministerio de Interior para levantar la segunda prisión de Gran Canaria registró la participación de unas 15 empresas o uniones temporales, lo que ha determinado esta sustancial rebaja frente a su coste inicial, que ascendía a 103 millones de euros. La prisión de Juan Grande se ha diseñado siguiendo los nuevos parámetros que el Ministerio del Interior aplica a estas instalaciones y en este caso tendrá capacidad para 1.008 celdas y otras 206 complementarias (12 módulos de 72 celdas y cuatro de 36 celdas).
El otro episodio informativo registrado en el Sur de Gran Canaria en 2008, el cierre de las Oficinas Municipales de Maspalomas por desperfectos en su cimentación y estructura, colocó al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana como el único municipio de España sin despachos durante un mes, tiempo que tardó en comenzar el lento realojamiento de los diferentes departamentos, una tarea que concluyó a los cuatro meses con la dispersión de la totalidad de los servicios en trece edificios diferentes y un gasto de casi un millón de euros.
Mientras se espera la conclusión de nuevos informes en relación con las condiciones de seguridad del edificio desalojado, el pleno del Ayuntamiento acordó casi al finalizar el año, sacar a concurso la construcción de un nuevo centro administrativo, en una parcela situada a menos de cien metros de donde se encuentra el actual, cuyo coste se estima en más de 30 millones de euros.
Pero estos dos no han sido los únicos episodios informativos importantes. El accidente aéreo del aeropuerto de Madrid-Barajas, el 20 de agosto de 2008, golpeó de lleno a la vida social y política del sur de Gran Canaria con la muerte del concejal Laudencio García, su esposa y dos hijos, así como la de otras trece personas residentes en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. El dolor y el luto silenciaron numerosas actividades durante un mes.
En materia turística, la noticia positiva del año ha sido el acuerdo firmado entre todas las administraciones para la puesta en marcha del Consorcio para la Rehabilitación de las urbanizaciones de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas, con una dotación presupuestaria inicial de seis millones de euros, y que se pretende tenga continuidad en los próximos ejercicios para renovar todas las infraestructuras públicas obsoletas e incentivar la inversión privada.
El ente que se encargará de coordinar todos estos planes de rehabilitación tiene previsto iniciar su actividad en firme a partir de mayo de 2009, con la puesta en marcha de las obras de remozamiento de la principal avenida de Playa del Inglés. El Consorcio, que tendrá amplias competencias en materia de ordenación urbana, caminará por delante del planeamiento municipal, porque transcurrido más de un año de la constitución del pacto PSOE-NC, San Bartolomé de Tirajana sigue sin contar con Plan General de Ordenación y sin un modelo de desarrollo adecuado a las necesidades turísticas del momento.
