Los especialistas llevaban años preguntándose cuál sería el efecto para la economía internacional del extraordinario déficit alcanzado por los Estados Unidos de América en su comercio exterior y en el presupuesto público, lo que llamamos ‘déficit gemelos’. Pero, un año tras otro, las economías seguían creciendo a ritmo alto. Y no sólo las economías desarrolladas, también gran parte de América Latina y el Caribe, y los países africanos productores de materias primas.
El crecimiento global que se había consolidado en casi todas las economías mundiales durante los últimos años sólo ofrecía un par de puntos flacos: los países africanos sin recursos, Japón una vez más, y algunos países de América Latina y el Caribe con gobiernos corruptos. Pero de pronto, a principios de 2008, los precios del petróleo comienzan a subir, se dice que por el crecimiento de la demanda –porque la oferta no ha crecido lo suficiente– y por los especuladores que colocan sus excedentes de liquidez en los remates diarios de los mercados del crudo. También lo hicieron los alimentos, por las mismas razones de demanda y porque los biocombustibles han sesgado la producción de bienes agrícolas.
Entonces, los bancos centrales reaccionaron. Lo hicieron utilizando como principio básico de la política monetaria el control de la inflación por encima de todo. Subieron los tipos de interés de referencia en muy poco tiempo y las familias y empresas que se habían endeudado (con el pago de una hipoteca, por ejemplo) sufrieron las consecuencias. Los mercados financieros empezaron a sufrir la morosidad, ésta les llevó primero a la desconfianza, posteriormente al pánico, y finalmente al cierre de los mercados de crédito. Antes del mes de agosto, el problema era qué hacer con la liquidez del sistema; y después de agosto, cómo inyectar dinero en el mercado para que llegue a las empresas y las familias.
Los hechos han precipitado una crisis económica de proporciones aún incalculables. De momento, los acontecimientos han vapuleado todas las políticas diseñadas. Operaciones políticas de gran alcance han quedado en la cuneta a los dos meses de ser aprobadas y sin ejecutar. Curiosamente, hoy en día, los temores que dieron lugar a la crisis en su origen han desaparecido. Huyendo de la inflación, los bancos centrales provocaron una gran crisis que sufren las clases más vulnerables. Pero hoy los peligros de inflación prácticamente han pasado, los precios del petróleo han caído y los de los alimentos también lo han hecho. Eso sí, una política monetaria sin sentido nos ha dejado ante una de las mayores crisis que se recuerdan. Pueden estar contentos.
Los efectos en Canarias
Los efectos sobre la economía de Canarias están siendo también relevantes. La tasa de paro está creciendo rápidamente y se ha incrementado en siete puntos en sólo cinco trimestres. No podemos evitar acordarnos de los primeros años de la década de los noventa, cuando la tasa de paro subió por encima del 28% y la de las mujeres creció hasta el 36%. Todos sabemos que estos porcentajes supondrían ahora un volumen de paro insoportable socialmente. Con el crédito bloqueado, las empresas están con problemas. El daño hecho a muchos empresarios tardará en ser superado, aunque el crédito fluya en los próximos meses. Lo hecho, hecho está. En este contexto podemos esperar una crisis larga y profunda.
Es cierto que la economía de Canarias es hoy más sólida que la de los años noventa, pero también es verdad que la crisis es mucho más violenta. Recuperar un nivel de empleo suficiente para hacer caer la tasa de paro lo veremos probablemente en el año 2012. Antes tendremos años mejores que otros en las cifras macroeconómicas y, probablemente, 2010 será mejor que 2009 desde el punto de vista del crecimiento del PIB, pero será un espejismo. En este contexto, ¿es posible hacer algo desde Canarias? Claro, siempre es posible hacer mucho. Algunas acciones son casi de economía doméstica, otras son de largo plazo. Por otra parte, como es lógico, están fuera del alcance de las economías regionales numerosas posibilidades de la política económica cuya competencia corresponde al gobierno central e incluso a las organizaciones supranacionales.
De entre las políticas de demanda, el incremento de la inversión pública es la que tiene mayor tradición. La teoría económica nos dice que la inversión pública tiene efectos multiplicadores sobre la economía. Fundamentalmente en fases críticas de la economía, el sector público canaliza ahorro a la inversión y provoca el crecimiento económico vía inversión y consumo. La evaluación de los efectos de la inversión pública en Canarias hasta el año 2017 (tarea realizada por Manuel Navarro Ibáñez y Simón Sosvilla con el modelo Hermin, para un proyecto encargado por el Servicio Canario de Empleo a la Universidad de La Laguna) expresa bien claro que la inversión pública tiene efectos considerables en la economía de Canarias y, por tanto, es un instrumento anticíclico de notable importancia.
Los resultados de la simulación en términos del nivel de PIB real muestran que la inversión pública prevista puede aportar un 0,1 por ciento de media anual al crecimiento durante el periodo 2007–2017. Por su parte, si sólo tuviésemos en cuenta los efectos de oferta (excluyendo por tanto los de demanda), las simulaciones realizadas sugieren que la economía canaria crecería a una tasa real acumulativa del 3,31 por ciento. Desgraciadamente, estos efectos no parece que puedan elevarse como sería deseable y como además está previsto en los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991. El incumplimiento de lo previsto en el REF ha supuesto para Canarias una pérdida de 1.024 millones de euros entre 2004 y 2008. Desde la perspectiva del sector público de la economía, hay importantes incógnitas que conviene despejar lo antes posible.
Financiación y austeridad
No está resuelto cuál será el modelo de financiación de las comunidades autónomas para los próximos años. La capacidad de gasto del sector público de Canarias en los próximos años dependerá de los compromisos que puedan adquirirse en el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas. La caída de la recaudación expone un escenario nada favorable a los métodos utilizados en las anteriores modificaciones. Hasta ahora, cada reforma partió de un criterio: todos ganan, nadie pierde. Pero en el actual contexto no es fácil combinar este criterio y la pérdida de recaudación. Para Canarias, los criterios de población y crecimiento de la población, insularidad y doble insularidad, son relevantes. En el mismo sentido, la financiación de la sanidad constituye un aspecto también clave para el futuro. La actualización de la población en el criterio de reparto es importante.
En este contexto parece conveniente reforzar el criterio de austeridad en las decisiones del sector público. La austeridad puede ser transformadora. Quizás gran parte de los problemas que hoy tenemos y de los costes del crecimiento se deben a que hemos perdido parte de la perspectiva de cuáles son nuestras recursos. Nos ha pasado algo de lo que Alan Greenspan denominó para EEUU la “exuberancia irracional”. El sector público tiene dos tareas: administrar bien los recursos públicos en un contexto de austeridad significa discernir qué necesidades debemos satisfacer y en qué nivel, lo que implica renunciar a lo menos importante; y la segunda tarea no es menos relevante, pues se trata de dar ejemplo a la población, de explicar por qué se hace lo que se hace.
En los próximos años no habrá elección: la austeridad vendrá impuesta por un cambio radical en los ingresos. Basta con saber que el total acumulado de ingresos tributarios de enero a agosto de 2008 ha caído un 13,9 por ciento en Canarias y un 11,4 en España respecto al año 2007. Este hecho coloca a la administración autonómica y local ante una nueva perspectiva y la posibilidad de reconsiderar sus principios de actuación. La contención del capítulo I parece imprescindible. En este sentido, la búsqueda de un compromiso de austeridad por parte de los funcionarios y del personal laboral de la administración pública con el conjunto de la sociedad parece muy conveniente.
Posible soluciones
Desde la perspectiva de la inversión, creo que lo más relevante que se puede hacer en Canarias es impulsar el estímulo a la inversión privada en proyectos de I+D+i. El apoyo a las actuaciones de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad parece que es uno de los ejes esenciales de la política económica. Llevamos en Canarias muchos años admitiendo en el discurso que la investigación y sus aplicaciones empresariales es un factor clave del desarrollo, junto a la formación, a la que me referiré más adelante, pero nuestros resultados son de una pobreza tan grande que contrasta tremendamente con los deseos de una sociedad que aspira a lograr niveles de excelencia.
Las políticas de oferta en fases de moderado crecimiento suelen proponer cambios de alcance. De entre ellas parecen clave las políticas de concertación. Conviene ir introduciendo en los acuerdos de negociación colectiva pruebas que permitan avanzar en la combinación de flexibilidad y seguridad. Los tipos de relaciones laborales más avanzados son los que combinan estos dos elementos. Será aconsejable, por tanto, abordar procesos de negociación continua que permitan realizar pruebas, en principio modestas, en cada uno de los sectores de actividad.
Dicho esto sobre el factor trabajo, debemos hacer referencia a otro de los recursos económicos fundamentales en Canarias: el territorio. Uno de los aspectos centrales es la aprobación de los planes generales en la mayor parte de los municipios de las Islas. Y abordados ya estos dos recursos básicos, trabajo y territorio, creo que el tercer elemento clave es la competencia. Las regiones ultraperiféricas, se ha dicho muchas veces, tienen especiales condiciones que afectan a la competencia del sistema económico. La lejanía de los grandes mercados continentales y la pequeña dimensión de sus economías las hacen vulnerables.
La ‘polémica’ comercial
En otro orden de cosas, el actual proceso de transposición de la Directiva de Servicios al derecho interno ha provocado una cierta polémica en relación con el régimen de autorización vigente en materia de establecimiento de centros comerciales. Creo que la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias respeta los criterios generales establecidos por la Directiva en lo que podría afectar a la no discriminación, proporcionalidad y necesidad. En función de la protección de los derechos de los consumidores y la protección del medio ambiente y el entorno urbano y en función de la vía del artículo 299.2 del Tratado de la Comunidad Europea.
Por último, me referiré a la necesidad de seguir internacionalizando la economía de las Islas Canarias con nuevos horizontes. No son buenos momentos para África occidental. Las diferencias entre los países que tienen la fortuna de poseer materias primas y los que no los tienen amenaza con seguir abriendo las diferencias de renta y riqueza. Sin embargo, existen campos muy amplios en el que se pueden explorar actuaciones en beneficio mutuo.
