El año 2008 ha sido el de la confirmación de que en Canarias existe un vocablo con raíces muy extendidas e incrustadas en la Administración Pública: corrupción. La mayor parte de las noticias de las Islas que han traspasado los mares tienen que ver con alcaldes detenidos, técnicos imputados, operaciones urbanísticas más que dudosas y hasta todo un vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, imputado por cohecho.
Soria ha sido citado para explicar sus andanzas ante el fiscal Anticorrupción y una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y eso ha hecho que, en materia de corrupción, 2008 pase a la historia como el año del caso del salmón, un viaje para pescar el codiciado manjar en Noruega en el que el líder del Partido Popular aceptó subirse gratis en el jet privado de un empresario, Bjorg Lyng (ya fallecido), dos meses antes de que el Cabildo de Gran Canaria presidido por Soria declarara de interés general el proyecto urbanístico de Anfi Tauro, propiedad de Lyng. Ahí es nada: judicialmente hablando, la investigación en curso dirá si hay delito; desde el punto de vista de la ética política, una patada en el trasero a todas las pautas de comportamiento de un buen cargo público.
Porque el caso del salmón empezó siendo para Soria algo sin importancia fruto de la animadversión hacia su persona del periodista que lo denunció, Carlos Sosa; y ahora supone, posiblemente, el mayor golpe a la línea de flotación de la credibilidad del líder del PP canario. Sobre todo, tras comprobarse que mintió a la magistrada y al fiscal Anticorrupción en el momento en que dijo que no participó en el debate que se produjo en el Parlamento de Canarias para dar el visto bueno al proyecto urbanístico de su amigo el empresario Lyng. Porque días más tarde un vídeo oficial de la Cámara regional le sacaba los colores y mostraba al espigado vicepresidente del Gobierno de Canarias en el momento en que se levantaba para dar, con su voto, la aprobación a dicho proyecto.
Soria montó en cólera en ese momento, noviembre de 2008, y tildó de cacería periodística las publicaciones que confirmaban que había mentido ante el TSJC; quizás por dos motivos: a) jamás pensó que su declaración ante la Justicia trascendiera a los medios de comunicación, y b) no contaba con que alguien en la isla de Tenerife recordara a la perfección que sí había participado en el debate del proyecto urbanístico para salvar la moratoria turística y solicitara una copia de la grabación oficial del Parlamento. Desde entonces, y mientras se investiga el caso del salmón, Soria no es el mismo y los cargos públicos de las Islas se cuidan mucho de apariciones en los medios de comunicación en compañía de empresarios de postín.
Pero no sólo de salmón vivió 2008. El caso Las Teresitas, que mantiene como imputado al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, vivió la detención de la persona que es considerada la X de la operación de compraventa de los terrenos aledaños a la Playa de Las Teresitas: Mauricio Hayek, un sexagenario que podría conocer al dedillo todos los movimientos que se dieron para que los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia (también imputados) compraran unos terrenos por 33 millones de euros con dinero procedente de un crédito que les permitía no invertir ni un solo céntimo y, posteriormente, obtener plusvalías por un valor superior a los 120 millones de euros.
Para ello, González y Plasencia contaron con la inestimable colaboración del Ayuntamiento presidido por Miguel Zerolo, que compró el 10 por ciento de los terrenos por un valor de 52 millones de euros cuando, según la Fiscalía Anticorrupción, buena parte de esos terrenos posiblemente ya eran de propiedad municipal por obra y magia de la Ley de Costas. La detención de Hayek hizo saltar las alarmas y puso de los nervios a la jet set santacrucera, en un caso que, posiblemente, aclare muchas dudas a lo largo de 2009.
Pero hablar de corrupción en Canarias no sería lógico sin el primero de los asuntos destapados, el caso Eolo, aquel que en febrero de 2006 conmocionó a la población isleña con la detención de un director general del Gobierno de Canarias y varios empresarios, y que, con el paso del tiempo, ha quedado algo olvidado en cuanto a repercusión mediática. Aún así, en 2008 se conoció que la Fiscalía Anticorrupción, cargada de trabajo en los últimos tiempos, solicita siete años de cárcel para el principal imputado, Celso Perdomo, vinculado también al Partido Popular.
Pero en el año 2008, además de generarse o perpetuarse numerosos casos en los ayuntamientos del Archipiélago, también ha sido el escenario de escandalosas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), como la que condena al Gobierno de Canarias a pagar 92 millones de euros al empresario Alfredo Bittini por la montaña de Tebeto, en Fuerteventura; las condenas a indemnizar con cantidades millonarias a los empresarios a los que se les prohibió construir hoteles con la moratoria en la mano; o el tremendo varapalo que también se llevó el Gobierno que preside Paulino Rivero con motivo del concurso para la adjudicación de las licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT), calificado por la Justicia de “arbitrario” y llevado a cabo con “abuso de poder”.
Y es que Canarias vivió un 2008 cargado de noticias de corrupción.
Casos y más casos de corrupción municipal
Los ayuntamientos implicados en casos de corrupción también vivieron etapas importantes a lo largo del pasado año 2008. El ‘caso Faycán’, en el municipio grancanario de Telde, se encamina hacia la Audiencia Provincial de Las Palmas con más de 40 imputados, entre alcalde, concejales, técnicos y empresarios. Será, posiblemente a lo largo de 2009, un ‘macrojuicio’ cuya vista oral se prolongue por espacio de semanas. También otro municipio grancanario, Mogán, se encuentra bajo la lupa de la corrupción. El alcalde y varios de sus concejales vivieron cómo a lo largo de 2008 se decretó el levantamiento del secreto que regía sobre el sumario. Fue entonces cuando la población tuvo conocimiento de lo que suelen hablar por teléfono algunos de los cargos públicos de Canarias. Pero también existe la ‘operación Brisán’, en Santa Brígida; el ‘caso Arona’ en el municipio del sur tinerfeño…
