Si los partidos respetasen los principios básicos del Pacto Antitransfuguismo, no habría podido ocurrir lo que pasó en La Gomera con los municipios de Valle Gran Rey y San Sebastián, o lo que pasó en Antigua y La Oliva (Fuerteventura), o lo que sucedió en Firgas (Gran Canaria). Pero ni los partidos respetan ese pacto, ni ese pacto es una norma de categoría suficiente como para que no acatarla acarree serias consecuencias.
El Pacto Antitransfugismo no tiene validez práctica. ¿La prueba? Ni tan siquiera ha acabado con el cinismo y la hipocresía una vez que se ha transgredido sin más. Este documento, firmado en 1998 y reforzado en los años 2000 y 2003 por las principales formaciones políticas de ámbito local y nacional, no es más que una suerte de código ético de cara a la galería que no ha servido absolutamente para nada. Y no sirve para nada, porque aún prohibiendo claramente a los partidos valerse de tránsfugas para acceder al poder en cualquier administración, siguen proliferando casos por toda la geografía insular y nacional que se convierten en una trasgresión de los principios democráticos.
Pero, vayamos por partes. ¿Qué es un tránsfuga? Según el Pacto, “se entiende por tránsfugas a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo –manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales–, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad”.
Entonces, ¿qué es lo que no se puede hacer con un tránsfuga? Según la propia norma, en su artículo segundo, “los partidos políticos que suscriben este Acuerdo se comprometen a rechazar y a no admitir en su grupo político local a un concejal o a cualquier otro cargo representativo local integrado en la candidatura de otra formación, mientras mantenga el cargo conseguido en su candidatura original. Asimismo, se comprometen a impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos, y a desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter reglamentario y protocolario”.
¿Qué ocurre en la realidad? El martes 22 de junio de 2008, un tránsfuga, Ruymán García, se convierte en alcalde de Valle Gran Rey al abandonar el grupo de gobierno de Coalición Canaria, formación en la que concurrió a las urnas como número dos, marcharse al grupo mixto y pactar con el PSOE. Es la única alternativa que los socialistas encuentran para desbancar a un alcalde, Esteban Bethencourt, que lleva todo el periodo democrático (desde 1979) como primer edil del municipio gomero. Apenas una semana después, los socialistas gomeros vuelven a apoyarse en otro tránsfuga que abandona Coalición Canaria, Pedro Padrón, pero esta vez para recuperar la alcaldía de San Sebastián, que vuelve a Ángel Castilla.
Pero hay muchos más casos, con las únicas diferencias del papel de cada partido y del resultado de las mociones de censura. Gustavo Berriel, de Convergencia Democrática por Antigua (CDA), en Fuerteventura, fue proclamado nuevo alcalde del municipio al prosperar la moción de censura que encabezó el pasado 11 de febrero de 2008 contra el alcalde Gustavo García, de Coalición Canaria. Gustavo Berriel contó con los votos previstos de sus socios de moción, los ediles de Alternativa por Antigua (APA) y del PP, así como la concejala tránsfuga de la Plataforma Popular en Defensa de Antigua (PPDA), María Dolores González García, quien hasta ahora estaba en el grupo de gobierno formado por su partido junto a Coalición Canaria y PSC-PSOE.
O, por ejemplo, Firgas, en Gran Canaria, donde esta vez el PSOE denuncia al PP por contar con un tránsfuga de Nueva Canarias, expulsado por su partido. La moción contra el Alcalde (23-02-08), de Compromiso por Firgas, es votada por los concejales de PP, Centro Canario, PIDF y Nueva Canarias. El nuevo alcalde es un concejal de Nueva Canarias, Manuel Báez. La situación en La Oliva (Fuerteventura) a principios de julio fue todavía más rocambolesca, si cabe. Concejales socialistas y populares dan la espalda a las órdenes de las ejecutivas regionales de sus partidos, pactan, promueven una moción de censura y quitan de la Alcaldía a la nacionalista Claudina Morales, posteriormente elegida presidenta nacional del partido, para colocar a la socialista Rosa Fernández.
EXPEDIENTES SIN CONSECUENCIAS
Tanto en los casos de La Gomera como en los de Gran Canaria y Fuerteventura, a los concejales que pactaron con los tránsfugas se les abrió expediente. El PP, incluso, expulsó del partido de manera fulminante a González Arroyo, más conocido como El marqués de La Oliva, y los suyos. Sin embargo, las medidas internas no han impedido que las administraciones afectadas sigan gobernadas por los traidores y por los que los respaldaron. Los escándalos que se generaron en cada una de las mociones de censura –con insultos, amenazas y revuelos en los plenos– se apagaron a los pocos días y nadie ha informado, ni siquiera los propios partidos afectados, de nuevas medidas disciplinarias recogidas por el propio Pacto Antitransfuguismo.
La última reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto declaró oficialmente como casos de transfuguismo los de La Gomera. Pero las decisiones de esta Comisión no tienen un efecto directo sobre los gobiernos irregulares. Más curiosas son las respuestas desde las diferentes formaciones para justificar la trasgresión de las normas éticas. “Más allá del Pacto Antitransfuguismo y por encima de todo está el interés y la necesidad de dar respuesta a los ciudadanos gomeros”, justificó, por ejemplo, el secretario insular del PSOE en La Gomera y presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, antes de reconocer que “habría que evitar el pacto con los tránsfugas”, después de que su partido presentara las dos mociones de censura en la isla colombina.
