A poco más de año y medio del comienzo de legislatura, Fuerteventura ha vivido dos mociones de censura –en los municipios de Antigua y La Oliva– y sus correspondientes vaivenes políticos. Mientras tanto, la Isla continúa inmersa en un importante crecimiento poblacional. Un desarrollo que se le escapa de las manos a los poderes políticos y que la deja en desventaja frente a otras zonas del país.
La convulsión política llegó a Fuerteventura a principios de 2008 tras la moción de censura presentada en Antigua contra el nacionalista Gustavo García. El transfuguismo de una de las concejalas de Plataforma Popular en Defensa de Antigua (PPDA) permitió a Gustavo Berriel, de Convergencia Democrática por Antigua (CDA), alcanzar la Alcaldía. Tres meses después, nacionalistas y populares volvían a enfrentarse. En este caso, en La Oliva y con Domingo González Arroyo y Claudina Morales como protagonistas.
Los resultados de los comicios electorales de 2007 –en los que ambas fuerzas políticas conseguían el mismo número de concejales, con sólo 19 votos de diferencia a favor de Coalición Canaria– y la falta de acuerdos entre CC y PSOE para renovar el pacto de gobierno de la pasada legislatura hicieron que los nacionalistas tuvieran que gobernar en minoría y bajo la sombra de una posible moción de censura. Los presagios se cumplieron y, en julio, la socialista Rosa Fernández, con el apoyo del otro concejal de su partido y de los siete ediles del Partido Popular, arrebató la alcaldía a Claudina Morales.
La situación de La Oliva abrió tensiones en las sedes de las principales fuerzas políticas de la Isla. Faltas de confianza, reproches y acusaciones de desgobierno convirtieron a la localidad norteña en el epicentro de una tormenta política que, incluso, llegó a tambalear los cimientos del pacto del Gobierno de Canarias. La dimisión de la socialista Olivia Estévez como presidenta insular de la formación aludiendo a la “dignidad política” y lamentando que “González Arroyo vuelva a alcanzar el feudo que perpetuó en La Oliva durante 24 años”, unido a las acusaciones del secretario general, Domingo Fuentes, hacia el líder del PSOE, López Aguilar, por “haber dado marcha atrás a última hora en lo concerniente a la moción de La Oliva”, mediatizaron aún más la crisis política de Fuerteventura.
El PP también se vio envuelto en discrepancias y tensiones que, incluso, llegaron su sede en Madrid. La división entre los sectores de Águeda Montelongo –apoyada en la sombra por el nacionalista Mario Cabrera– y un González Arroyo encaprichado en romper los acuerdos existentes entre CC y PP en varios municipios y en el Cabildo hizo que José Manuel Soria impusiera a Arroyo una gestora presidida por el diputado regional Juan Santana, a la vez que el Comité Nacional de Derechos y Garantías suspendía cautelarmente de militancia a Arroyo. Mientras tanto, éste continúa haciendo oídos sordos a lo dicho desde la calle Génova y sigue autoproclamándose presidente del partido, apoyado por casi dos tercios de los cargos públicos del PP en la Isla.
Mientras tanto, la obra monumental de Tindaya continúa, quince años después de que Eduardo Chillida se fijara en ella, sin que se haya movido una piedra. Han desaparecido 12 millones de euros, el Gobierno canario ha perdido las demandas emprendidas con el fin de recuperar el dinero invertido, a la vez que el Ejecutivo debe pagar 92 millones más por Tebeto, montaña contigua a Tindaya, como indemnización al propietario de Canteras Cabo Verde SA, tras la aprobación del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura que echaba por tierra la licencia de explotación minera concedida en 1982.
Desarrollo y carencias
Al margen de lo político, Fuerteventura continúa inmersa en un importante crecimiento demográfico. Los datos a 1 de enero de 2007 cifran su población en 107.572 habitantes, frente a los 52.018 registrados una década antes. De los datos de 2008 se extrae además que el 34,3 % de los habitantes son extranjeros. Este vertiginoso crecimiento sitúa a Fuerteventura en una posición de desventaja frente a otros lugares del país. Las infraestructuras han quedado obsoletas y las deficiencias en sanidad y educación se han convertido en una constante en la Isla.
Así, mientras los habitantes del Sur continúan pidiendo un hospital y trasladándose hasta Puerto del Rosario para hacerse un análisis clínico o una radiografía, los centros escolares siguen siendo insuficientes. En este curso, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha instalado 41 módulos preindustriales, barracones según los padres, lo que sitúa a la Isla a la cabeza en el número de aulas prefabricadas frente al resto del Archipiélago.
La decisión del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de construir una cárcel en Llanos Pelados con una capacidad de 250 celdas, trae aires de esperanza para las casi 200 familias que tienen a algún familiar cumpliendo condena fuera de la Isla. Asimismo, tras ocho años de desacuerdos, los partidos políticos se han puesto de acuerdo para ubicar la nueva central eléctrica en los Valles de Monteagudo (Antigua) y han sacado adelante el Plan Turístico que contempla la eliminación de 54.896 plazas turísticas proyectadas para los próximos años a cambio de un crecimiento menor y de mayor calidad.
La coyuntura económica internacional se ha hecho patente también en Fuerteventura. Las zonas turísticas han visto mermada su población y se calcula que más de 12.000 familias han abandonado la Isla a lo largo de este año debido al descenso de la construcción. El número de desempleados en el tercer trimestre de 2008 roza ya los 10.000, lo que supone una tasa de paro del 17,63%, según datos del Instituto de Estadística de Canarias (Istac).
En materia de inmigración, los datos de 2008 son los más positivos desde que comenzara el fenómeno migratorio en el Archipiélago. A fecha de 25 de noviembre sólo han arribado a las costas majoreras tres embarcaciones frente a las 27 que llegaron en 2007… o las 225 que arribaron en 2004. La instauración del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) ha permitido la localización e interceptación de las pateras y la creación de nuevas rutas hacia islas que aún carecen de este sistema.
Los Centros de Acogida para Menores Extranjeros de la Isla (CAMES), a diferencia de otras islas en los que están totalmente desbordados, no han visto superada su capacidad inicial de 24 plazas. Sin embargo, el tema de la inmigración volvió a mirar hacia Fuerteventura tras conocerse un informe encargado por la Eurocámara sobre los Centros de Internamiento para Extranjeros. En este documento se recogía “el trato inhumano y degradante” que sufrían los inmigrantes en el CIE del Matorral, así como la fragilidad de los internos ante posibles conductas suicidas.
Mientras tanto, se abrían nuevas vías migratorias y llegaban hasta el muelle de la capital casi una veintena de polizones a bordo del carguero Rosa Delmas y del Assalama, embarcación que unía la Isla con Tarfaya, en Marruecos. Curiosamente, el pasado 1 de mayo el ferry de la Naviera Armas sufrió una vía de agua tras colisionar contra el fondo marino en el puerto de Tarfaya, viéndose afectadas 114 personas. La línea ha quedado suspendida y desde el sector político y empresarial se exige la instauración de ésta como vía para el desarrollo económico.
Eso sí, para 2009 hay abierta una puerta a la esperanza y Fuerteventura mira al nuevo año con la esperanza de que la Unesco reconozca las particularidades y fragilidades de su ecosistema y, finalmente, obtenga la consideración de Reserva de la Biosfera.
