Hace mucho, mucho tiempo que la dialéctica decidió emigrar del salón de plenos sito en la santacrucera calle de Teobaldo Power, dejando su hueco a la bronca, el exabrupto y el insulto en el desarrollo de los debates parlamentarios hasta convertirlos en los auténticos protagonistas del acontecer diario en la Cámara regional. El esperpento vivido durante el debate sobre el Estado de la Nacionalidad fue un ejemplo de lo dicho.
El año 2008, marcado por la cita electoral que dio su segundo triunfo electoral consecutivo a José Luis Rodríguez Zapatero y los distintos procesos congresuales que renovaron (o así) internamente a las tres principales fuerzas políticas canarias, tiró a la basura el examen crítico de las percepciones y teorías y el razonamiento que procede a través del despliegue de una tesis y su antítesis, resolviendo la contradicción a través de la formulación de una síntesis final.
Los portavoces de los grupos parlamentarios han preferido todo lo contrario. Se han dedicado a aplicar la táctica del y tú más y de oponerse per se a cualquier propuesta del contrario por el mero hecho de que no era propia, pervirtiendo así el disenso, que es la garantía de toda democracia moderna y pluralista de respetar la cultura política heterogénea y la posibilidad de disentir con los que ejercen el poder sin quedar por ello fuera del sistema sino, por el contrario, siendo reconocidos como parte necesaria del mismo.
En Canarias, no. En las Islas Afortunadas el Paulinato ha decretado que todo aquel que no está a su lado está en su contra. Y la oposición ha inflexibilizado su discurso hasta el punto de que cualquier atisbo de consenso es rápidamente tildado de traición y a su promotor se le corta la cabeza para exhibirla en el ágora pública y mediática. Por ello, ha sido imposible renovar los órganos que dependen del Parlamento (como el Consejo Consultivo, la Diputación del Común o el Consejo de Administración de la Radio Televisión Canaria) o pactar una ley tan importante como la que va a modificar la llamada Moratoria y crea las nuevas reglas del juego del planeamiento territorial.
Unos y otros eligieron en 2007, y lo han remachado en 2008, el francotiroteo dialéctico frente al razonamiento. Y el aspaviento frente a la mesura. Hasta el punto de que un hombre tan mesurado como el presidente de la Cámara, Antonio Castro, convirtióse en un remedo de la niña del exorcista (recomiendo fervientemente contemplar la secuencia de fotos de ese memorable momento) y en una actuación poco común en un árbitro institucional, acusó a Juan Fernando López Aguilar de mentir y le retiró la palabra en la última actuación del líder socialista como diputado regional, en pleno Debate sobre el Estado de la Nacionalidad.
Pero no ha sido la única trifulca de estos azarosos 366 días del año bisiesto. En el salón de plenos se ha contemplado al presidente Paulino Rivero –el mismo que desprecia al Parlamento de Canarias llevando a Bruselas un documento que ni siquiera había sido debatido en la Cámara regional para limitar la compra de segundas viviendas– llamar Chikilicuatre al líder de la oposición y amenazar con llevar a los tribunales a cualquiera que osase unir a su Gabinete con presuntos chanchullos en la concesión del concurso de las TDT.
También se ha escuchado asegurar que el vicepresidente José Manuel Soria, su hermano Luis, su mujer y un tío carnal forman parte de un entramado económico y político que ha supuesto el mayor pelotazo en la historia de la democracia española…y gracias al cual el Ejecutivo regional va a tener que pagar 92 millones de euros a un empresario; o que el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, “al parecer”, actúa como testaferro de intereses privados en la venta de terrenos en Las Teresitas.
Otra muestra del alto nivel del parlamentarismo canario preocupado por la gente de la ultraperiferia atlántica y fragmentada puede ser aquel día en que el socialista Blas Trujillo habló de “pufos” para referirse a la actuación del vicepresidente Soria durante su etapa de alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a lo que éste replicó que el portavoz del PSC era un ser mezquino que practicaba “el juego sucio” cuando realmente los ejemplos de políticos “que han robado y están en la cárcel, no son de mi partido sino de otro, del PSOE”.
Un Parlamento, en fin, en el que no se suscribe un pacto de nacionalidad para sacar adelante medidas que palien la crisis económica de las familias que no llegan a final de mes y que, sin embargo, contempla cómo el consejero de Presidencia, haciendo de augur judicial, pone la mano en el fuego por la honestidad del vicepresidente Soria en los múltiples asuntos judiciales en los que está envuelto. Una institución que no decide un plan para paliar el fracaso escolar, acabar con las listas de espera sanitarias o dotar con fondos la Ley de Dependencia, pero que sí soporta mirando para otro lado comprobar cómo el número dos del Ejecutivo (el vicepresidente Soria) no dice toda la verdad a una jueza.
Unanimidad… para subirse en sueldo
En este contexto, es imposible entablar una relación respetuosa y nada hostil salvo en el caso de articular –por unanimidad– un acuerdo económico por el que sus señorías se subieron el sueldo más de un 10 por ciento en los albores de la peor crisis económica mundial desde el crack de 1929. El truco escogido para superar el incremento del IPC fue la creación de una paga extra de 4.505,50 euros, que se cobrará en dos mitades a lo largo de cada año, y que pone la percepción dineraria de sus señorías en 59.652,82 euros brutos al año frente a los 54.066 que percibían hasta el 31 de diciembre de 2007.
Eso, y la aplicación laxa del Reglamento hasta convertirlo en un coladero gracias al cual sus señorías pueden cobrar su sueldo público en exclusiva por ejercer como diputado y, a la vez, incorporar emolumentos originados en las empresas privadas. El caso del secretario general del Partido Popular de Canarias, Manuel Fernández, y sus coqueteos asesores con el Grupo Anfi es el más famoso. Pero no es el único diputado que compatibiliza sueldo público y privado.
Estas torpezas estratégicas, más la constatación de que tanto el Gobierno y los grupos que lo apoyan como la oposición están más pendientes de sus intereses estratégicos que del común de los mortales es lo que ha hecho que los canarios no solamente aseguren que éste es el peor Ejecutivo de la historia democrática, sino que también han hecho que la oposición sea la peor valorada en las últimas dos décadas y media.
Luego, se quejan.
