Nuevos escenarios, nuevos impulsos

El nuevo escenario de la economía mundial es un escenario de crisis económica. Crisis seria y profunda. La peor en muchos años, como así reconocen expertos internacionales. Es además una crisis global, no sólo norteamericana, y por tanto, su solución exige también planteamientos globales. La falta de coordinación en la crisis del año 1929 agravó sin duda las consecuencias de aquella gran depresión. Por tanto, la coordinación internacional es una de las lecciones que hoy afortunadamente parecen aprendidas con el fin de abordar de una manera más eficaz la situación por la que atraviesa la mayor parte de las economías en el mundo.

Podríamos preguntarnos si este nuevo escenario de la economía española habría sido diferente en el caso de que no se hubiese producido la crisis financiera internacional. Probablemente el escenario no hubiera sido muy distinto, porque con anterioridad a que se produjera el crack financiero del verano de 2007 ya se habían mostrado síntomas de desaceleración intertrimestral en la economía española. El nuevo escenario de la economía canaria no es muy diferente, por razones obvias, de aquél que hay a nivel mundial y en la economía española. En primer lugar, por el carácter abierto y dependiente de nuestra economía, así como por su tamaño y limitaciones. No hay ningún tipo de decisiones que podamos tomar de manera endógena que puedan influir fuera de nuestras fronteras.

¿Y qué es lo que ha venido haciendo el Gobierno de Canarias a lo largo de este año para hacer frente a la crisis económica? En el mes de marzo de 2008, y fruto de un acuerdo con el conjunto de las organizaciones empresariales y los sindicatos, pusimos en marcha un plan de dinamización con medidas de distinta índole tributaria, presupuestaria, de seguimiento de determinadas herramientas de la economía canaria y también de aligeramiento administrativo.

En cuanto a las tributarias, muchas de ellas ya están aprobadas. Por ejemplo, la devolución del 30% de la cuota del impuesto de combustibles para los profesionales del transporte, incluidos los del taxi, y también para los agricultores. También ha sido aprobada por parte del Parlamento de Canarias una devolución en el tramo autonómico del IRPF para hacer frente a las variaciones de tipo de interés derivados del pago de las hipotecas, y también otras rebajas fiscales que afectan fundamentalmente a figuras tributarias que tienen que ver con el sector inmobiliario y la construcción. Además, se han planteado medidas de carácter presupuestario como retenciones de créditos a consecuencia de una caída brutal en el nivel de ingresos públicos, derivada a su vez de una disminución muy persistente en los niveles de recaudación de los tributos gestionados en Canarias.

También en ese plan de dinamización se han incluido medidas de simplificación administrativa. Se ha sustituido, por ejemplo, el sistema de fiscalización previa de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma por un sistema de control permanente, lo cual debe no sólo ayudar a agilizar expedientes que planteen los particulares, sino también expedientes de inversión de los distintos departamentos del Gobierno de Canarias.

En este contexto de crisis económica, el año 2009 será un ejercicio de severo ajuste del gasto público. En el gasto corriente afectará a todo aquello que supone gasto de funcionamiento de la Administración. Los gastos de capital se reorientarán hacia políticas productivas, con un incremento considerable del gasto en relación a lo ejecutado en 2008. El Ejecutivo canario destinará en 2009 unos 1.275 millones de euros a inversión pública. Hay gastos que evidentemente no pueden disminuir, como los que tienen que ver con las políticas sociales, los gastos educativos y los destinados a la sanidad.

La Ley de Presupuestos para 2009 contempla una serie de medidas para ayudar a la financiación de las empresas. Medidas destinadas a paliar las restricciones de crédito que padecen las pequeñas y medianas empresas canarias y facilitar así su acceso a la financiación. Así, se constituye la figura del reaval a las Sociedades de Garantía Recíproca de Canarias (SGR), Sogarte y Sogapyme. Se pretende asumir con fondos públicos el 75% de los riesgos financieros que están avalados por estas sociedades en favor de las pymes ante las entidades financieras, con un límite de 10 millones de euros.

Otra medida incluida en este paquete es la creación de avales para garantizar valores de renta fija que hayan sido emitidos por fondos de titulización de activos que agrupen préstamos concedidos por entidades de crédito a pequeñas y medianas empresas. Con esta medida, a la que el Gobierno de Canarias destinará una cuantía de 100 millones de euros, se incentivará que las entidades de crédito continúen destinando fondos a las pequeñas y medianas empresas canarias.

También se prevé un incremento de las dotaciones al fondo de provisiones técnicas de las sociedades de garantía recíproca. Esta acción se establece en previsión de un incremento en la morosidad debido a la coyuntura económica actual, lo que supondrá una más que previsible reducción del fondo de provisiones técnicas. De esta forma, podrán hacer frente a los pagos que deban hacer para cumplir las garantías que han sido otorgadas, a través de préstamos a las pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, se constituirá un nuevo fondo Jeremie, que tendrá una dotación inicial de 20 millones de euros, de los cuales cinco millones de euros serán aportados por el Gobierno de Canarias y el resto procederán de los fondos Feder. Este fondo servirá para desarrollar los instrumentos necesarios para mejorar la financiación de las pequeñas y medianas empresas de Canarias. Por último, el Gobierno suscribirá un convenio con el Instituto de Crédito Oficial para el establecimiento de una línea regional destinada a la subvención de los tipos de interés de los créditos. De esta forma, se reducirá el coste de la financiación para las empresas, contribuyendo al desarrollo económico de Canarias.

En definitiva, una severa política de ajuste presupuestario en cuanto a gasto corriente junto a un conjunto de rebajas fiscales con medidas de estímulo financiero y mayor flexibilidad de la Administración.

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