Qué hemos aprendido: enseñanzas de una crisis

Se podría reinterpretar lo sucedido, buscar culpables y señalarlos. Se podría explicar cómo no se sabía lo que iba a ocurrir si los indicadores económicos así lo preveían. Se podría sacar pecho por haber acertado con el diagnóstico y habernos adelantado en el tiempo con lo que iba a suceder. Pero como método constructivo de visión prospectiva de la realidad, las reflexiones deben ir dirigidas sobre el aprendizaje que nos está dejando la crisis.

La primera enseñanza de la crisis parece evidente. Así, después de varios ejercicios en los que la confianza depositada en las instituciones públicas estaba en entredicho, esta confianza vuelve a capitalizarse dejando ahora de lado la solvencia de las instituciones privadas. En todo caso, siendo contundentes, debemos afirmar que todos los indicadores nos invitan a pensar que, a lo largo del primer semestre de 2009, en Canarias se asistirá a un grave deterioro de la cohesión económica y social por varios motivos, entre los que hay que destacar la finalización de las prestaciones públicas debido a la situación de paro (el cual no deja de crecer desde enero de 2007), junto a la destrucción de empleo consolidado debido al rápido deterioro de la actividad económica. Paralelamente, aquellos empleos supervivientes tendrán un incremento en su carga de trabajo.

No será hasta el segundo semestre cuando las políticas instauradas en las leyes presupuestarias empiecen a ser tangibles, pudiendo aliviar la situación para que, en 2010, se vuelvan a generar escenarios más relacionados con el crecimiento económico y no con una recesión. Desde una perspectiva sectorial no se prevé una mejora sustancial respecto a la situación actual en el sector primario y en la industria, mientras que en el sector de la construcción, en lo que se refiere a su parte residencial privada, se prevé que en el año 2009 prosiga el proceso de ajuste del mercado inmobiliario en un entorno de exceso de oferta, contención de precios y menor disposición de las familias al acceso al crédito hipotecario. Mientras, la evolución del sector turístico está asociada a la esperada estabilización de la economía mundial y principalmente a la evolución favorable del consumo en los países europeos, algo que tampoco está plenamente asegurado.

En la actualidad estamos ante una estructura de comportamiento de los mercados que se traslada desde un menor consumo privado, por una devaluación de la renta disponible, debido a que está apoyado sobremanera en rentas futuras; es decir, endeudamiento progresivo de las familias junto a una manifiesta incapacidad de ahorro, pasando por un proceso de contracción de la inversión y, por lo tanto, de generación de empleo, lo que nos conduce hacia una situación de mayor desempleo y crecimiento de la tasa de paro. Pero, ¿cómo se debe enfrentar la sociedad a este sombrío panorama? En principio, con un impulso en la inversión y en el gasto público desde la perspectiva de una mayor agilización de las licitaciones encomendadas junto a un recorte en todos los gastos corrientes que no están asociados a la inversión y sí a la actividad superflua de la Administración. De igual manera, también será necesaria una mayor dotación de prestaciones pasivas hacia las personas desempleadas.

Pero, ¿realmente es compatible dicha pretensión con la plasmación contable de la política económica de los diferentes niveles de gobierno? Esta reflexión sobreviene porque en el último decenio se ha apostado por una continua reducción de los recursos tributarios provenientes del gravamen de la renta, tanto de las familias como de las empresas, mientras que los ingresos públicos se han financiado vía gasto. Este hecho ocasiona que, cuando la tasa de crecimiento económico decrece, los ingresos públicos también lo hacen. Es decir, se ha apostado por un continuo descreste de la progresividad impositiva, eliminando el componente solidario en el papel de la redistribución de los tributos al minimizar impuestos que afectan a las rentas altas.

Adicionalmente, también se ha apostado por disminuir la carga fiscal a las empresas sin comprometer legislativamente que dichas bonificaciones fueran trasladadas a la sociedad, ya sea por la vía de los precios, por la vía de la calidad o por el incremento de la actividad productiva y, por ende, del empleo. Es aquí donde la responsabilidad social de las empresas debe hacer acto de presencia. Igual que la tienen que ejercer las entidades financieras con el fin de habilitar de liquidez el sistema rescatando a la economía real, tal y como ésta le ayudó avalando el valor de sus activos. Hay que dejar constancia que, ni las condiciones de despido, ni la temporalidad contractual, ni los salarios han contribuido a una menor generación de empleo, ni al incremento de precios y, por lo tanto, de pérdida de competitividad. Tampoco las condiciones laborales han sido la causante de la caída en la recaudación de los ingresos de las administraciones públicas. Este hecho es bueno dejarlo claro a la hora de decidir quién debe sufrir y quién debe sufragar, en mayor o menor medida, el proceso de recesión por el que se está atravesando.

Minimización de los efectos

Para el próximo ejercicio, la sociedad debe pertrecharse de medios adecuados y solventes, así como de una capacidad de gestión lo suficientemente ágil y previsible con el objeto de minimizar los malos efectos que tiene cualquier tipo de reestructuración económica. En este sentido, cualquier medida tributaria debe alimentarse de fines redistributivos, originando la exigencia de un mismo sacrificio en todos los niveles de gobierno, dando la equidad vertical, así como erigirse en potenciadora de la actividad productiva. Para que los procesos sean eficientes, a la vez que neutrales, cada figura impositiva debe recaer sobre quien se beneficia del servicio. Así y todo, el sistema tributario debe tener una rápida adaptación a las diferentes condiciones del mercado, mostrando una alta elasticidad por ello.

En definitiva, Canarias ha crecido y se ha desarrollado, pero con los niveles de concentración de rentas más acentuados del país, algo que supondrá un lastre a la hora de afrontar la recuperación. Como dato adicional, debemos recordar la desventaja salarial de nuestra población trabajadora respecto al resto del territorio nacional, fruto de la baja productividad ocasionada por las funciones predominantes en nuestra estructura productiva, las cuales son intensivas en factor trabajo. Por ello es necesario seguir apostando por la coordinación entre instituciones públicas y privadas con el fin de impulsar medidas que aprovechen las capacidades y sinergias del conjunto de las administraciones junto al imprescindible consenso para impulsar una educación más cualificada y más útil. Pero no un consenso unilateral, sino basado en la filosofía primigenia que históricamente han empapado los procesos de concertación social en Canarias.

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