Los continuos pronunciamientos de las tres fuerzas políticas del Parlamento de Canarias para no repetir los espectáculos del final de la legislatura anterior han caído en saco roto. Así, el año 2008 volvió a estar marcado por las polémicas partidistas, la escasez de iniciativas legislativas y la falta de acuerdo en todas ellas. Lejos de acabar con la crispación, los resultados electorales del 9 de marzo mantuvieron vivo el enfrentamiento.
Las elecciones autonómicas de 2007 y las generales de 2008 han aumentado las diferencias políticas y hasta personales entre los representantes del pacto CC-PP y los de la oposición socialista… sin que se vea una solución hasta la convocatoria de los comicios de 2011. Es decir, que se esperan otros dos años y medio de enfrentamiento sin tregua. En ese ambiente de permanente hostilidad, el momento de mayor expectación fue el Debate del Estado de la Nacionalidad, el 26 y 27 de marzo. Y por una doble razón: era el primer balance de gestión del presidente Paulino Rivero y también la despedida del Parlamento de Canarias del líder del PSC-PSOE, Juan Fernando López Aguilar, que tras ver frustradas sus expectativas de presidir el Gobierno de Canarias optó por presentarse al Congreso de los Diputados.
Y ese día, al igual que en el Debate de Investidura, Rivero y López Aguilar convirtieron el Debate del Estado de la Nacionalidad en un ajuste de cuentas por el hecho de que en las Islas no gobierne el partido que obtuvo más votos. El presidente Rivero y el líder del PP, José Manuel Soria, hicieron un linchamiento público del dirigente socialista, dejando en un segundo o tercer plano la gestión realizada y las propuestas para el futuro. En un lenguaje más propio de una taberna que de la tribuna de un Parlamento, Rivero identificó a López Aguilar con Rodolfo Chiquilicuatre, el cómico que representaba por esos días a España en el Festival de Eurovisión, y le acusó de “emponzoñar la política canaria”. Por su parte, López Aguilar culpó a nacionalistas y populares de la “degradación bananera” de la Comunidad Autónoma y aseguró que el pacto CC-PP “desprecia a la gente que no ve como un negocio”.
En la trifulca quedó retratado hasta el presidente del Parlamento, Antonio Castro Cordobez, que tras perder los nervios y olvidar su papel neutral interrumpió a López Aguilar cuando éste hablaba en la tribuna y le llamó “mentiroso”, algo nunca visto. El secretario general del PSC-PSOE se despidió de la Cámara regional con una advertencia a Rivero que con el tiempo se está convirtiendo en premonitoria: “El problema no es que yo me vaya, sino que usted se quede”. En efecto, la marcha de López Aguilar no ha acabado con la crispación política, como pronosticaban CC y PP. Los socialistas han mantenido una presión asfixiante sobre el Gobierno canario, aunque también han pagado un coste político por ello. El domingo 21 de septiembre, Francisco Hernández Spínola dimitió como presidente del grupo parlamentario y como número dos del PSC, en parte por no estar de acuerdo con esa estrategia.
Tres días después, el 24 de septiembre, se produjo otro de los hitos del año parlamentario, tanto por lo inaudito de la propuesta como por el consenso que generó entre las fuerzas políticas. Fue la Declaración Institucional de la Cámara contra la línea editorial del periódico tinerfeño El Día, promovida por el Cabildo de Gran Canaria ante los ataques de ese rotativo a la Isla, así como por sus pronunciamientos xenófobos y contrarios a la Constitución Española.
En cifras, el Gobierno presentó durante 2008 ocho proyectos de ley y sacó adelante otro de 2007 (la creación de la Policía canaria), pero sólo uno de ellos de verdadero calado político: el de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial. La nueva moratoria turística del Ejecutivo regional centró buena parte de la actividad política y parlamentaria en los últimos meses del año, con un rechazo casi generalizado por parte de los demás grupos políticos, los cabildos y ayuntamientos, los empresarios, los sindicatos, los colegios profesionales y las organizaciones ecologistas. Incluso conllevó la dimisión de Faustino García Márquez, director de la Agencia Canaria para el Desarrollo Sostenible y padre de la Ley de Directrices, que mostró así su desacuerdo con la propuesta del Gobierno de CC-PP.
La polémica fue a más después de que los diputados del pacto CC-PP rechazaran a principios de diciembre la Proposición de Ley de Iniciativa Popular presentada por la federación ecologista Ben Magec y avalada por 45.000 firmas. No fue la primera vez que el Pleno del Parlamento votaba en contra de la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular, pero sí en la que los grupos que apoyan al Gobierno dejan en evidencia al presidente, pues Paulino Rivero había pedido a los parlamentarios de CC y PP que apoyaran la tramitación. Esa decisión se produjo al tiempo que Rivero anunciaba una ley de participación ciudadana, lo que hizo llover críticas contra el Gobierno. Y no solo del Ben Magec y del PSOE.
Además de por la pugna política, el Parlamento se ha visto salpicado por el caso salmón, después de que el diputado del PP Manuel Fernández reconociera en sede judicial que tuvo un contrato laboral en exclusiva con la empresa Anfi del Mar, que según los socialistas es incompatible con las funciones de un parlamentario e incluso puede ser tipificado como delito. Al caso salmón, en el que está imputado el líder del PP, José Manuel Soria, se ha unido otro escándalo de presuntas irregularidades, el caso Tebeto, por el que el Gobierno autónomo tendría que pagar 92 millones de euros al empresario Rafael Bittini. Con esos dos casos de presunta corrupción, más otras sentencias judiciales que ponen contra las cuerdas al Gabinete de Rivero y al vicepresidente Soria, se ha entrado en 2009, lo que hace prever otro año marcado por la crispación.
