Como es tradición, el regreso de la actividad política en Canarias tras las vacaciones de verano vino marcado por el ‘rifi-rafe’ de los Presupuestos Generales del Estado, una ocasión que aprovechan Coalición Canaria y Partido Popular para denunciar “la nueva prueba del maltrato al que nos somete Madrid”, mientras el Partido Socialista Canario afirmaba, con inquebrantable fe, que eran “los mejores Presupuestos de la historia para Canarias”.
Las posturas del pacto CC-PP y del PSC-PSOE ante los Presupuestos Generales del Estado fueron defendidas cifras en mano por unos y otros, porque en esto del debate presupuestario hay argumentos para todos los gustos. Y cuando los primeros ponen el grito en el cielo por el insignificante crecimiento de tal partida, los segundos replican que las fichas financieras de ésta y aquella sección suben por muy encima de la media nacional… Ya lo decía Ramón de Campoamor, “todo es según el color del cristal con que se mira”.
Sin embargo, en el año en que el fantasma de la crisis económica se tornó una realidad, la suerte de las cuentas estatales deparó a la comunidad canaria, no ya un aumento insuficiente, sino un severo recorte del 13 por ciento de las inversiones del Estado respecto al ejercicio anterior. Y, precisamente, las críticas nacionalistas y populares de los últimos tiempos se habían sustentado “en el incumplimiento” del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al artículo 96 del REF canario, en relación a que las inversiones en el Archipiélago deben ser, al menos, iguales a la media nacional (algo que, por otra parte, ningún Gobierno ha cumplido hasta ahora)
En esta ocasión, no sólo los políticos de CC y PP saltaron a la palestra para dibujar su negra realidad, sino que a la crítica vertida en los medios de comunicación se sumó una avalancha de colectivos empresariales e instituciones ciudadanas. Poco efecto tuvo en ellos la lectura positiva que hicieron los socialistas del proyecto de ley, recordando que las inversiones del Estado no sólo pueden medirse por el capítulo 6 (donde se consignan las obras públicas en carreteras, en autovías y en ferrocarriles), sino que el análisis debe incluir el capítulo 4 (subvenciones al transporte), el capítulo 7 (en el que se financian los convenios bilaterales) o capítulo 8 (donde se consignan los créditos para rehabilitación de zonas turísticas en Canarias), además del fondo de compensación interterritorial y los fondos europeos, así como las bonificaciones fiscales.
Pero el sentir general parecía rotundo: los Presupuestos de 2009 eran malos para las Islas. Y ahí surgió la ocasión que estaba esperando el presidente del Gobierno autonómico, el momento idóneo para reivindicarse ante la opinión pública como un líder sólido y valedor inquebrantable de los intereses de los canarios. Una oportunidad para dar el golpe sobre la mesa y borrar de un plumazo los incendiarios preceptos socialistas acerca de que Paulino Rivero es la imagen de “un gobierno de perdedores”, el peor valorado de la historia según las encuestas. Y qué mejor manera de hacerlo que aunando a todas y cada una de las instituciones del Archipiélago –cabildos, ayuntamientos, asociaciones, patronal, sindicatos y colectivos ciudadanos– en un frente común en rechazo a las cuentas del Estado.
Así llegó el 8 de octubre, fecha de la reunión entre el presidente canario y los agentes políticos, sociales y empresariales. Todas las piezas estaban en su sitio. Según las informaciones publicadas los días previos, acudirían todos los que son y refrendarían, uno a uno, con su firma, “un acuerdo por Canarias”, tal y como se expresaba en la carta enviada por el presidente canario a los convocados. Sin embargo, en el último momento algo falló.
La mañana del mismo día en que iba a producirse el encuentro, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Sebastián Sánchez Grisaleña, hizo público un comunicado en el que advertía que la patronal de Las Palmas no iba a suscribir ningún texto; una postura que contaba con el respaldo del presidente de la patronal de Tenerife, José Fernando Rodríguez de Azero. Además, llegados a la reunión, otros representantes se negaron a suscribir documento alguno, pese a que Rivero insistía en asegurar que en ningún momento el Gobierno había querido recoger firmas contra el Ejecutivo de Zapatero.
Y, para mayor desgracia, los dos sindicatos mayoritarios de Canarias, UGT y Comisiones Obreras, dieron plante al presidente Rivero, al igual que los representantes de algunas patronales agrícolas, como Rafael Hernández, de la COAG. Por ello, aunque a la cita acudió casi medio centenar de organizaciones sociales y empresariales, y efectivamente se constató el rechazo general a los presupuestos del Estado, Paulino Rivero tuvo que dar marcha atrás a su estrategia, que, pese a los desmentidos y explicaciones posteriores, no era otra que plasmar en un documento una posición común de Canarias contra los PGE.
Finalmente, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009, con unas enmiendas que mejoraban las inversiones en Canarias, se aprobó en la última sesión plenaria del Congreso de los Diputados. Eso sí, con los votos en contra de Coalición Canaria… y sin la pretendida repercusión entre los agentes económicos y sociales locales.
