Un municipio con un plan… y estabilidad económica

La búsqueda de Yéremi, la imputación del alcalde en la ‘Operación Palmera’, la reducción a la mitad de la producción de tomate o las pérdidas de los pequeños comercios por la crisis marcaron la vida de Santa Lucía de Tirajana en 2008. Eso sí, la ya tradicional estabilidad económica de las arcas municipales hace que el tercer enclave de la provincia de Las Palmas pase este año de crisis sin apenas notarlo.

La tesorería municipal de Santa Lucía nada tiene que ver con la delicada situación de Telde y Las Palmas de Gran Canaria. Santa Lucía es siempre uno de los primeros municipios que aprueban sus presupuestos. Y a pesar de la crisis, las partidas para 2009 se elevan a 65,5 millones de euros, casi un cinco por ciento más que en 2008. El hecho de que la localidad cuente con un grupo de gobierno cohesionado, al estar sustentado por 17 de los 21 concejales de la Corporación, provoca que la gestión municipal no sufra las turbulencias de las disputas políticas.

Así, en el primer semestre de 2008, el grupo de gobierno logró consensuar con los colectivos del municipio el Plan Estratégico de Santa Lucía 2008-2020. Su principal objetivo es dinamizar socioeconómicamente el municipio para mejorar su calidad de vida, diversificando y mejorando la economía y el empleo. La meta es ser un modelo de municipio sostenible y desempeñar un destacado papel en el desarrollo de Gran Canaria a partir de la capacidad emprendedora local.

En concreto, el Plan Estratégico propone la creación de 200 empresas nuevas y 5.000 empleos, de tal modo que la tasa de paro descienda en 2015 hasta el siete por ciento, al tiempo que prevé contar con medio millón de turistas al año desde 2013 y disponer de 2.200 plazas de aparcamientos nuevos para potenciar la zona de comercio abierto de Vecindario. Tal plan fue aprobado en el pleno municipal sin ningún voto en contra. Su presupuesto inicial para los doce años es de 265 millones de euros.

Crisis y ‘operación palmera’

Evidentemente, Santa Lucía, que ya supera los 64.000 habitantes, sufre las consecuencias de la crisis económica, disminución hasta la mitad de su producción agrícola, aumento del paro y de la pobreza. En octubre, el Servicio Canario de Empleo cifraba en 6.907 el número de parados, un 37,34% más que el mismo mes de 2007. Y por ello, los Servicios Sociales del Ayuntamiento, Cáritas y Sur Agoge están teniendo una mayor demanda de atenciones tanto de santaluceños como de inmigrantes, que ya representan el 14% de la población.

Sin embargo, el haber recibido de la Unión Europea una subvención de más de 10 millones de euros para el proyecto Urban, destinado a mejoras de infraestructuras y rehabilitación de la zona de Doctoral a La Orilla, hace que Santa Lucía logre aumentar su presupuesto. El equipo de gobierno, presidido por Silverio Matos (Nueva Canarias), va a poder desarrollar, gracias a su buena salud económica, proyectos como el Urban, el parque Alcalde Camilo Sánchez y el proyecto Vecindario, paseo comercial, con el que se pretende dinamizar la principal zona comercial abierta de Canarias.

El Juzgado nº4 de San Bartolomé de Tirajana ha abierto dos procesos contra el alcalde Silverio Matos, siendo citado como imputado en abril dentro del caso denominado Operación Palmera, con presuntos delitos de prevaricación y abuso de poder en temas relacionados con el anterior concurso eólico. La denuncia fue presentada en vísperas de las elecciones locales de 2007 y se refiere a un expediente que arrancó en 2005 por el que se agruparon tres parcelas privadas a una municipal al obtenerse mayor puntuación cuanto mayor fuera la parcela por la cantidad de aerogeneradores que podría albergar. El alcalde fue citado como imputado en abril, levantándose el secreto de sumario en noviembre.

Dos meses más tarde volvió a ser imputado por presunta irregularidad urbanística en un convenio con terceros para realizar la ampliación de la circunvalación alta de Vecindario. El acuerdo conllevaba una compra de suelo rústico para su recalificación urbanística para ampliar la circunvalación, no usándose todo lo comprado. Sus dueños acusaron al grupo de gobierno de presión y de beneficiarse de la operación. Tales acusaciones fueron negadas por el alcalde, Silverio Matos. Sin embargo, ambos casos siguen su proceso judicial, no sabiéndose cuándo se realizará el juicio o se procederá a su archivo.

En ambos casos, la situación ha sido calificada por el alcalde cómo “un enfrentamiento político” impulsado por Rufino Pérez, ex concejal del PP y fundador de Centro Ansite, luego asociado al CCN. Al salir de los Juzgados, Matos se mostró convencido de que se terminarían por archivar ambos procesos al entender que no se ha beneficiado en nada personalmente y que tampoco el Ayuntamiento ha salido perjudicado. Sin embargo, el regidor santaluceño no descarta que se haya cometido algún error administrativo y falte algún documento.

De Yéremi a la polémica

Santa Lucía ha vivido todo 2008 con la angustia de la desaparición del niño Yéremi Vargas. Desde el fatídico 10 de marzo de 2007, el municipio santaluceño sigue preocupado y atento a la búsqueda que las fuerzas de seguridad realizan del menor, no descartando que se trate de un secuestro planificado. La incertidumbre y la ansiedad que provoca el no tener ninguna pista segura sobre el paradero de Yéremi han hecho que sus padres no hayan podido trabajar. De todos modos, las muestras de solidaridad y el apoyo del Ayuntamiento de Santa Lucía, así como de las fuerzas de seguridad local y nacional mantienen a la familia del menor con esperanzas de que el niño pueda aparecer algún día.

Al margen del desarrollo municipal, el Ayuntamiento de Santa Lucía y el Consejo Ciudadano han tenido que enfrentarse al Gobierno de Canarias. En primer lugar, por el retraso en la apertura del centro de urgencias y centro de salud de Doctoral, llegando su consejo ciudadano a realizar recogidas de firmas y una concentración, hasta que se abrió a principios del verano. Después del verano se abrió otro conflicto con la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias respecto al punto de encuentro del Sur para el intercambio de menores de parejas separadas, cuyo coste ha corrido en los años de funcionamiento a cargo de las arcas municipales.

Y finalmente, en el mes de noviembre, el Ayuntamiento y el Consejo Ciudadano de Santa Lucía han mostrado con una concentración su rechazo a la eliminación del proyecto de presupuesto del Gobierno de Canarias de las partidas consignadas para construir el nuevo Partido Judicial, que asumiría los casos de los municipios de Santa Lucía y Agüimes y, en un futuro, podría también hacerse cargo de los de Ingenio, ya que sus grupos de gobiernos se han manifestado a favor de desvincularse de Telde e integrarse en el partido judicial del Sureste.

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