Lanzarote es una gran sala de justicia. El año 2008 ha estado marcado por las sentencias judiciales. Y es que hasta el futuro turístico de la isla de los volcanes se debatirá en los tribunales. Más de una veintena de hoteles y apartamentos de Lanzarote, muchos a pleno rendimiento y otros tantos a medio hacer o en proyecto, se encuentran con las licencias de construcción anuladas por sentencias firmes por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Los pleitos promovidos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tanto por el Cabildo de Lanzarote como por la Fundación César Manrique (FCM) tienen a la Isla pendiente de un embrollo judicial que ha salpicado incluso al Gobierno de Canarias. Y es que el Ejecutivo regional llegó a barajar la posibilidad de aprobar una especie de ley de punto y final, a través de la Ley de Medidas Urgentes, para acomodar estos establecimientos a la legalidad. Sin embargo, el rechazo del Cabildo de Lanzarote a la vía propuesta por el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, cerró cualquier tipo de esperanza de hoteleros y promotores de legalizar sus establecimientos a través de esta fórmula.
“Algunos hoteles lo tendrán difícil para legalizarse”. La presidenta del Cabildo de Lanzarote, Manuela Armas, aunque no ha dejado de repetir que el objetivo de la corporación insular es evitar que los hoteles sean derribados, ha expresado reiteradamente una certeza: algunos de ellos tendrán que pasar un calvario para seguir abiertos. Eso sí, la legalización de todos ellos pasa ineludiblemente por compensar a la ciudadanía para no consentir la impunidad de lo que la presidenta ha calificado como “las mayores ilegalidades urbanísticas que se han cometido en la historia de nuestra isla”.
Y es que en Lanzarote no se ha dejado de hablar en todo el año de irregularidades urbanísticas. El Cabildo ha destinado gran parte de su esfuerzo institucional en perseguir hasta las últimas consecuencias las ilegalidades en materia de ordenación del territorio. Una guerra sin cuartel que ha permitido ilegalizar hasta un total de 22 establecimientos, lo que ha supuesto algo más de 11.000 plazas alojativas. La estrategia diseñada por la corporación pasa por cuantificar económicamente las ilegalidades cometidas por los promotores urbanísticos para, a partir de ese momento, exigir una serie de compensaciones (desclasificación de suelo o multas) a cambio de concederle las licencias.
No obstante, todo este proceso debe ser avalado por los mismos tribunales que anularon esos permisos para garantizar el interés general. Un largo camino que pasa por la modificación de los planes insulares pero también por el visto bueno del Gobierno de Canarias y los ayuntamientos implicados. Eso sí, tendrán que pasar al menos dos años para que la legalidad urbanística en materia turística sea una realidad.
En plano político, la sintonía entre el PIL y el PSOE -socios de gobierno en el Cabildo de Lanzarote y en los ayuntamientos de San Bartolomé, Teguise, Tías y Arrecife- ha pasado por momentos difíciles, en los que a punto ha estado de romperse el pacto en estas instituciones. Sin embargo, la sangre no ha llegado al río y a duras penas cohabitan… a pesar de que el PIL se permitió incluso el lujo de pactar con CC para acudir juntos a las elecciones generales de 2008. Un acuerdo que días antes de los comicios saltó por los aires, después de que el líder del PIL, Dimas Martín, dinamitara este pacto que se había visto como la antesala de un gran acuerdo nacionalista en Lanzarote. La ruptura, obviamente, benefició a los socialistas, que se convirtieron en los ganadores de las elecciones en Lanzarote, tanto al Congreso como al Senado.
La sombra de Dimas
En medio de la escena política siempre ha estado gravitando la figura de Dimas Martín, condenado a ocho años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la hacienda pública y contra la Seguridad Social, en relación a su gestión al frente del Complejo Agroindustrial de Teguise entre 1989 y 1993. Y como la polémica parece perseguir a Dimas, la concesión del tercer grado a finales de 2007 por parte de Instituciones Penitenciarias (un año después de entrar en prisión) fue recurrida por la propia Fiscalía del TSJC. Un permiso carcelario de ida y vuelta que le fue finalmente revocado en mayo de 2008, lo que le obligó a volver a la cárcel de Tahíche hasta que en diciembre de 2008 volvió a obtener de nuevo el tercer grado, ya de manera definitiva hasta el cumplimiento de su condena.
El único cambio político acaecido en Lanzarote a lo largo de 2008 tuvo su epicentro en Yaiza. La cabeza de lista del PIL, Gladys Acuña, lograba encabezar una moción de censura junto a CC contra el alcalde del PNL-Nueva Canarias, José Francisco Reyes, que tenía que dejar ese cargo después de casi 14 años. Precisamente, el patrimonio de los ex alcaldes de Yaiza y Teguise, José Francisco Reyes y Juan Pedro Hernández, está siendo examinado de manera exhaustiva por parte de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía. Un caso que llegó a los tribunales tras la denuncia del secretario de Organización del Partido Socialista en Lanzarote, Carlos Espino, a raíz de las licencias urbanísticas irregulares concedidas por Reyes y Hernández que autorizaron cerca de 13.000 plazas alojativas, recurridas por el Cabildo insular.
En Arrecife se certificó, un año después de las elecciones, la anulación de la revisión del Plan General de Arrecife tal y como habían prometido antes de los comicios municipales el PSOE y el PIL. Una decisión que no ha sido bien vista por CC y el PP ni por la patronal de la construcción, quienes entendían que era posible aprovechar parte del trabajo ya hecho para llevar a cabo las modificaciones que creyeran oportuna los socios del grupo de gobierno. A partir de ahora se inicia un nuevo proceso que difícilmente estará concluido antes de terminar el mandato.
Pero la capital conejera ha tenido también sus irregularidades urbanísticas, cuyo caso más relevante ha sido la anulación por parte del Tribunal Supremo de la licencia de obra y apertura del aparcamiento subterráneo situado bajo el parque Islas Canarias. Una sentencia que podría acarrear incluso que este parking abierto desde hace varios años se tuviera que demoler para volver a construir el parque. El Ayuntamiento, responsable de la concesión ilegal de las licencias, está haciendo todo lo posible para evitar que se ejecute un fallo que ya es firme.
La crónica negra
El año también estuvo marcado por la detención del presunto autor del asesinato en noviembre de 2007 de la joven dominica Yulisa Pérez. En abril de este año la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Arrecife decretaba prisión provisional, comunicada y sin fianza, para Antonio Ferreira, padrastro de la joven. Fueron unos meses de intensas investigaciones policiales que concluyeron con la detención de Ferreira como presunto autor del crimen que conmocionó a toda Canarias. Está previsto que el juicio con jurado se celebre a comienzos de enero de 2009 en la Audiencia Provincial de Las Palmas.
También fue trágica la muerte por ahogamiento, a finales de octubre, de un niño de cinco años tras caer al mar en la zona de Puerto Naos cuando viajaba en el coche conducido por su madre, que sí pudo salvar su vida. Un accidente que volvió a evidenciar la inseguridad del puerto pesquero de Arrecife. Días después, la Autoridad Portuaria acotaba el recinto para controlar la entrada a una zona que cada fin de semana se convertía en el lugar neurálgico de los botellones. En este capítulo de desgracias también hay que incluir el asesinato de una toxicómana, Expedita Santana, que apareció muerta en el mar atada de pies y manos y estrangulada.
