Hace ahora cuatro años, Paulino Rivero revelaba desde la tribuna de oradores del Parlamento de Canarias que si recibía la confianza de la Cámara, algo que ocurrió gracias al apoyo de CC y PP, su gobierno tendría como principal objetivo “las personas”. Toda una declaración de intenciones que se corroboró días después en una de sus primeras entrevistas como jefe del Ejecutivo canario, al afirmar que su propósito no era “pasar a la historia como el presidente del REF”.
Paulino Rivero no era consciente en la primavera de 2007, en el momento de realizar su apuesta “por las personas”, del alcance de la crisis económica que iba azotar el mundo y, por ende, Canarias, a pesar de que a lo largo de estos cuatro años ha presumido de ser uno de los primeros que la vio venir. Una coyuntura que, sin duda, ha influido en que la gestión del Gobierno, conformado por CC y PP durante gran parte de la legislatura, no haya sido tan brillante como prometían tanto el jefe del Ejecutivo como su vicepresidente, José Manuel Soria, pero a la que tampoco se le puede echar la culpa del deterioro de los principales indicadores canarios.
Alguien nada sospechoso de juzgar alegremente la labor de los gobiernos nacionalistas como es el actual presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE-Tenerife), José Carlos Francisco, en un libro publicado hace unos meses, La reforma necesaria. Canarias ante la crisis de nuestras vidas, pone de manifiesto el retroceso experimentado por las variables económicas del Archipiélago en los últimos años. El que fuera consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias entre 1995 y 1999 advierte, por ejemplo, de que el valor del Producto Interior Bruto (PIB) canario de 2010 equivalía al de 2007; o de que el PIB per cápita en las Islas ese mismo año 2010 fue igual al de 2003.
Nada de esto, impidió, no obstante, que en el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, celebrado a finales de febrero de 2011, Paulino Rivero efectuara un balance muy optimista de su gestión, a la vez que anunciaba que las Islas saldrían antes que el resto del país de la crisis. Un argumento repetido hasta la saciedad por el jefe del Ejecutivo regional mientras la cifra de canarios que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza no para de crecer. Es verdad que los datos sobre creación de empleo ahora mismo son esperanzadores, pero no hay que olvidar que se parte de una situación muy grave, ya que si en 2007 la tasa de paro en el Archipiélago era del 10,4%, en la actualidad ronda el 28%, casi 18 puntos más.
Y no es que el Gobierno de Paulino Rivero haya estado parado durante este tiempo, pues en estos años se han adoptado medidas destinadas, principalmente, a luchar contra el paro. Pero sin éxito, porque la fórmula elegida no siempre ha sido la apropiada. Los propios empresarios lo han advertido. No se trata de generar empleo, sino de no destruirlo. Y abonar una parte o toda la cuota de la Seguridad Social en el caso de las nuevas contrataciones es una buena idea siempre y cuando se den las condiciones apropiadas para ello, que no es el caso.
Crisis y mala gestión
Si la crisis económica ha influido en el devenir de los canarios en los últimos cuatro años, no es menos cierto que la gestión del Gobierno presidido por Paulino Rivero, con la participación del PP durante buena parte de la travesía, tampoco ha estado a la altura de lo que el exalcalde de El Sauzal presumía en sus inicios. Así lo demuestra que un área estratégica como Educación haya visto recortada de forma notable su presupuesto, mientras que en el discurso oficial del presidente se hacía hincapié en que la fórmula para salir de la crisis había que buscarla en la formación y preparación de los canarios.
Otra de las apuestas del presidente al comienzo de su mandato, la de conformar una mayoría estable que permitiera al Ejecutivo gobernar con tranquilidad y sin sobresaltos –la mejor receta en época de crisis-, fue tirada por la borda por su socio de Gobierno, José Manuel Soria (PP), a finales de 2010. El argumento utilizado de forma oficial por los conservadores fue el apoyo de CC al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la hora de aprobar los presupuestos estatales de 2011, aunque a nadie se le escapa que la cercanía de las elecciones autonómicas y locales jugó un papel destacado cuando se adoptó la decisión de romper el pacto.
El abandono del PP del Gobierno fue aprovechado por Rivero para reducir el número de consejerías e incrementar la presencia en el Ejecutivo de líderes de CC en Gran Canaria, isla en la que la formación nacionalista continúa teniendo dificultades para trasladar su mensaje a los ciudadanos, sobre todo después de la segregación de Nueva Canarias. La apuesta salió bien, eso sí, sólo desde el punto de vista electoral, con Fernando Bañolas, pues su paso por la Consejería de Sanidad estuvo salpicado, sobre todo, por la polémica, al ponerse en duda la legalidad de varias adjudicaciones por parte de su antecesora en el cargo. Su compañera María del Mar Julios, pese a ser nombrada vicepresidenta y consejera de Industria y Empleo, volvió a fracasar en los comicios. De su estancia en el Gobierno poco se puede decir.
La VII Legislatura ha estado también jalonada de conflictos. Por un lado, con cabildos y ayuntamientos debido a las diferencias surgidas a la hora de repartir los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) -ya se sabe que en época de vacas flacas el ingenio se aviva de forma notable- y, por otro, como consecuencia de las políticas aplicadas a diversos colectivos o en distintos sectores. El último, sin ir más lejos, la adjudicación de licencias de Frecuencia Modulada (FM).
Otra clara prueba de que las intenciones expuestas por Paulino Rivero en su discurso de investidura se quedaron con el paso del tiempo precisamente en eso, en intenciones, son los informes que a lo largo de la VII Legislatura ha elaborado el Diputado del Común y que cuestionan la situación de la sanidad, la educación o la aplicación de la ley de dependencia, tarea esta última en la que Canarias continúa a la cola. Mención aparte se merece el fracaso de la reforma del Estatuto de Autonomía o de la cada vez más cuestionada Ley electoral. Cuatro años después continúan aparcadas en alguna gaveta del Gobierno a la espera de que alguien se acuerde de ellas.
