Confianza, clave para recuperar la economía

El exhaustivo control de las cuentas del sector público, deber y obligación de la Audiencia de Cuentas de Canarias, ha sido siempre un elemento recurrente de controversia pero ahora, en la actual situación de crisis, lo es más que nunca. Los gastos efectuados por las administraciones públicas se observan por varias lupas; una de ellas es la que realiza el órgano que presido, mediante el ejercicio de la función de control externo con independencia, objetividad y transparencia.

Los ciudadanos son muy exigentes para confiar en la efectividad, eficiencia y rigor en el gasto. Exigen que se avance en la transparencia, y esa transparencia no se da en el nivel exigible. Esto es, las cuentas que rinden las administraciones públicas deben ser entendibles por la ciudadanía, y aportar datos relevantes para poder evaluar la gestión de los responsables públicos. Mientras no logremos ese nivel de transparencia, el propio ojo público desvirtúa la imagen del sector público y la difumina. Y esa imagen distorsionada ha ido generando tópicos que presentan al sector público como un elemento de gasto y no como un elemento de productividad, cuyo trabajo redunda de forma clara y palpable en el bienestar general.

Cierto es que la ciudadanía demanda (y más en el contexto de la actual crisis económica) mejores servicios a la Administración -sea local, autonómica o del Estado-, que dispone de una capacidad económica siempre limitada. La sociedad actual no sólo exige que el dinero público se utilice respetando la ley y que las cuentas de las administraciones reflejen adecuadamente la actividad económico-financiera llevada a cabo, sino que también reclama que la utilización de los fondos públicos esté basada en criterios de eficacia, eficiencia y economía. Y en estos momento, esta reclamación se convierte, más que nunca en una exigencia que debe cumplirse con rigor y transparencia para lograr algo tan importante como la recuperación de la confianza; confianza en el sector público y confianza en sus dirigentes.

No podemos desligar la actual crisis económica -que empezó, no lo olvidemos, como una crisis en el sector financiero a escala global- de la crisis de confianza que existe en la actividad pública. No es exacto pensar que una cosa da como consecuencia a la otra, pero lo que sí está claro es que tan necesario es atajar la primera como la segunda. Porque para salir de la situación económica que nos encontramos no solo basta con mejorar los parámetros macroeconómicos; hay que devolver al ciudadano la confianza y la certeza de que el sistema funciona y funciona bien. Y la pregunta del millón es ¿cómo se recupera -o se gana, en el peor de los casos- esa confianza?

Para responder a la cuestión, lo primero es conocer dónde está el origen del problema. Los motivos de esa crisis de confianza, por ponerle una etiqueta a este fenómeno, se explican por la falta de transparencia y por la poca claridad a la hora de trasmitir y explicar las consecuencias de una gestión (que se explican en buena parte dando detalle de ingresos y gastos). A ello, hay que sumar el hecho de que existe un único criterio a la hora de presentar el Balance y la Cuenta de Resultados de una administración, importado de la contabilidad de las empresas privadas, cual es el de la interpretación estrictamente economicista de la gestión de las empresas. Ello no permite establecer paralelismos ni, mucho menos, ofrecer esa información a la ciudadanía en lenguaje accesible, que facilite una valoración más completa y acertada de la gestión pública.

Aplicando con rigor, como explicaba anteriormente, tres principios, el de la transparencia, el del rigor y el de la eficiencia, podríamos atajar esa crisis de confianza. Y para hacer efectiva esa transparencia y dar cuenta del rigor y la eficiencia de los actos administrativos es necesario modificar la forma en la que se define el presupuesto y se presentan las cuentas. Ya no basta sólo con presentar a final de año la Cuenta General de una administración; el ciudadano exige mucho más que una suma de informes y estados de naturaleza contable. Esta información, por muy rigurosa que sea, y en Canarias lo es, ya no es suficiente. El ciudadano reclama ahora indicadores de gestión; una información concisa, detallada, entendible por todos que permita, como señalaba anteriormente, comparar administraciones y establecer un medidor de la gestión pública.

En esa línea, y persiguiendo ese triple objetivo, la Audiencia de Cuentas de Canarias lleva ya algunos años inmersa en un proceso interno de mejora y modernización con el objetivo de adecuar su trabajo de fiscalización a los nuevos tiempos. El Proyecto Avance que lidera este órgano de control externo, lleva ya algunos años trabajando en esa línea de lograr implantar nuevos modelos de fiscalización que aporten resultados sobre la gestión realizada por los operadores públicos en diferentes ámbitos o áreas de actuación, con conclusiones más generales. Estamos en la senda correcta, pero la certeza de que vamos por el buen camino no es suficiente. Hay que seguir avanzando para llegar al final del camino y recuperar, cuanto antes, la confianza del ciudadano tanto en sus administraciones como en sus dirigentes.

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