Depresión y dolores de cabeza

Los síntomas indican que Canarias está saliendo de la depresión, lo que no significa que desaparezcan los dolores de cabeza. A comienzos de 2011, el doctor Paulino Rivero diagnosticó la superación de la crisis gracias a la medicina del turismo. Sin embargo, los especialistas alertan de que esta mejoría localizada en el sector de servicios no es la panacea y recomiendan una regeneración del modelo productivo.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, defiende las reformas estructurales, aunque al mismo tiempo confía en el poder curativo de la construcción. En esa tarea de combatir la resaca de la borrachera desarrollista, los sindicatos recetan la diversificación y los empresarios se decantan por la competitividad. Para evitar una recaída, se intenta potenciar las energías limpias y la tecnología. Pero si de algo gusta alardear por ahí es del proyecto para hacer de Canarias una plataforma logística de negocios en África. De lo que no se habla tan alegremente, porque no conviene, es del trampolín hacia el ideal de aumentar los beneficios aminorado los costes.

Por prescripción facultativa del Gobierno de España, las comunidades autónomas -y Canarias no es una excepción- han afilado las cuchillas para cortar por lo sano. De los ajustes se han resentido órganos de la estructura del Estado tan sensibles como los tejidos nerviosos del bienestar: sanidad, educación, protección social… El control del gasto público ha derivado en un déficit de inversiones que ha frenado las actividades privadas.

La anatomía del desencanto desnuda preocupaciones ligadas al mercado laboral. Canarias terminó 2010 con la mayor tasa de paro del país: un 28,96% (314.400 personas en términos absolutos). Echarse las manos a los pelos y rasgarse las vestiduras no son soluciones que resuelvan el problema. Por eso, los boticarios confeccionan remedios como el contrato alemán (kurzarbeit). Es una fórmula que prima el reparto del empleo a cambio de conservar puestos de trabajo. “España optó hace tres años por la cultura del subsidio y Alemania por la de la calidad, protegiendo a su mano de obra y potenciando el reciclaje”, ha dicho Rivero.

Un acuerdo para reducir la jornada a fin de evitar el despido de cien trabajadoras convirtió a Canarias en pionera en la aplicación de este modelo previsto en la última reforma laboral. La experiencia piloto se puso en marcha en la empresa que se ocupa de la limpieza de los institutos y colegios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con una plantilla de 1.200 asalariadas. La medida será efectiva durante un año. En ese tiempo, las empleadas verán reducida su jornada laboral un 5% de manera lineal: una hora semanal. Las trabajadoras apenas perderán poder adquisitivo, habida cuenta de que serán compensadas con una formación remunerada que las prepararán para actividades complementarias.

El convenio firmado con el Servicio Canario de Empleo (SCE) para hacer frente al ajuste presupuestario del Ejecutivo regional -disminución de un 10% de los fondos destinados a la limpieza de centros educativos- se fundamenta en el Pacto Social por la Economía y el Empleo, sellado el 4 de junio de 2009: “Se promoverá por el SCE que las empresas o sectores en crisis establezcan la rotación entre toda la plantilla de las jornadas laborales excedentes, de modo que estas jornadas laborales excedentes se dediquen a la formación retribuida, a cuyo fin se establecerán las líneas de apoyo que correspondan”.

Más allá del voluntarismo protocolario, el precario diálogo social mide la temperatura de la debilidad del sistema productivo canario. Por lo demás, se ha demostrado que los paños calientes no son suficientes. La crisis es la fiebre que llama la atención sobre un mal endémico: la perspectiva distorsionada. Los créditos excesivamente generosos, el despilfarro del ahorro y la confianza desmedida dilapidaron la renta. Muchas familias y pequeñas empresas tuvieron que aprender a sumar letras (bancarias). Entonces, la mayoría se dio cuenta de que las facturas eran un poema. Y las finanzas, un número.

El pacto Social

La revisión del Pacto Social por la Economía y el Empleo significa el reconocimiento del fracaso de lo que un sindicalista definió como “hoja de ruta sin gasolina”. La patronal y los sindicatos CCOO y UGT entregaron un aval al Gobierno en precario de CC (tras la ruptura con el PP) a escasas semanas de las elecciones autonómicas. El “consenso” y la “madurez” de los agentes sociales propiciaron un nuevo acuerdo para la sostenibilidad del empleo público con vocación quirúrgica en las áreas de sanidad, justicia, educación y función pública. El propósito final es configurar “una Administración más eficiente, con máxima transparencia y mayor ahorro, orientada a los ciudadanos, que fomente la cohesión y la igualdad de acceso a los servicios públicos independientemente de su residencia”.

El corregido documento de 2009 incorpora “medias que permitan aprovechar la recuperación que experimenta el sector turístico en las islas para generar empleo y animar la emprendeduría”. Uno de los incentivos es la bonificación de la cuota de la Seguridad Social a los empresarios turísticos que contraten en los hoteles y apartamentos durante la temporada baja. La restauración “conceptual y estructural” de la actividad económica queda para una mejor ocasión. Sin embargo, cuando ni siquiera habían transcurrido dos años desde la rúbrica del pacto originario, Comisiones Obreras ya dudaba de su cumplimiento.

“La primera intención del pacto, la de consensuar las grandes líneas de la política económica no ha sido posible, debido fundamentalmente, a la permanente vocación del Gobierno de no debatir los presupuestos y de poner encima de la mesa sus decisiones como hechos consumados”, explicó el sindicato. Tampoco encontró motivos CCOO para celebrar la mejora de los mecanismos de protección social. “La relación entre recursos y necesidades ha seguido desequilibrándose hasta niveles preocupantes”. En síntesis, “gran parte de las potencialidades de los contenidos del pacto han sido desaprovechadas por el Gobierno y las derivadas en sí mismas de la existencia del acuerdo se han mantenido más por el sentido de la responsabilidad y la voluntad de preservar el acuerdo que por la práctica del Ejecutivo”.

La huelga del 29-S

El clamor contra el tijeretazo social se tradujo en una huelga general, la del 29 de septiembre, de baja intensidad. La movilización no logró paralizar el país; tal vez, porque la población no alcanzaba a comprender por qué las dos centrales mayoritarias habían convocado esa jornada de protesta cuando ya estaba aprobada la denostada reforma laboral. Como siempre, las cifras bailaron al son de los interesados. El “efecto moderado” descrito por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, contrastó con el “éxito de participación y de democracia” proclamado por los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez. Sorprendentemente, el militante ugetista Valeriano Gómez saltó al otro lado de la pancarta para sustituir a Corbacho en la engorrosa tarea de enderezar el rumbo.

Mientras, en las Islas, José Carlos Francisco accedió al liderazgo de la patronal CEOE de Santa Cruz de Tenerife en lugar de José Fernando Rodríguez de Azero. Y lo hizo con vocación “de diálogo permanente”. Su gestión la basa en “la unidad empresarial, la independencia de criterio y la colaboración con los interlocutores habituales. En su toma de posesión, el exconsejero de Sanidad y de Economía del Gobierno canario atribuyó el fiasco laboral a una legislación “abundante, contradictoria y paralizante”. En respuesta a ese alegato, Paulino Rivero sacó la toalla para sudar la gota gorda junto a los empresarios.

Tal como están las cosas, el progreso depende de la destreza del cirujano al emplear el bisturí en el teatro de operaciones.

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