“La corrupción se presenta a las elecciones”. “Canarias, la segunda región con más imputados que concurren a los comicios”. ““Más de un centenar de políticos imputados forman parte de las listas del 22-M”… En las semanas previas a las elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo de 2011, los espacios de los medios de comunicación se llenaron de titulares similares a estos. Al final, muchos de estos candidatos imputados fueron elegidos por los votantes.
Los datos sobre corrupción se ofrecían en los medios de comunicación con un halo que mezclaba escándalo y estupefacción, como si la sociedad a la que iban dirigidos de verdad pensara en general que se trataba de algo insostenible. No es así. Porque, al final, una gran mayoría de esos candidatos a los que la Justicia imputa algún cargo relacionado con la corrupción revalidó e incluso amplío el apoyo de los electores. En Canarias, la veintena de candidatos a los comicios del 22 de mayo con imputaciones o implicaciones a sus espaldas salieron ilesos.
José Alberto González Reverón (CC), acusado de presunta concesión de licencias urbanísticas con informes técnicos en contra, consiguió mayoría absoluta en Arona; el también nacionalista Isaac Valencia, imputado en un caso por concesión irregular de licencia de un centro comercial en suelo de protección agrícola, volverá a ser alcalde de La Orotava; y el socialista Macario Benítez, imputado en varios casos vinculados al urbanismo, volvió a tomar el bastón de mando en El Rosario.
Hay más casos: Juan José Dorta protagonizó una de las pocas sorpresas agradables para los socialistas pese a su imputación y fue el candidato más votado en Icod de los Vinos. Mientras, Jaime González Cejas lo fue en Granadilla, Francisco González en Mogán (Gran Canaria) y Juan de Dios Ramos en Teror (también Gran Canaria)… Y así hasta llegar al líder del Partido Progresista Majorero, Domingo González Arroyo, que tras ser expulsado del PP ha puesto a su nueva formación, como la segunda más votada en La Oliva y la cuarta con más apoyos del Cabildo de Fuerteventura… pese a recaer sobre él varias imputaciones por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.
“Quien siga de cerca la política en Lanzarote hace tiempo que habrá agotado su capacidad de asombro. Es habitual que haya varios alcaldes en un mismo municipio a lo largo de una legislatura. Mociones de censura, transfuguismo, compra de votos… Y no es de extrañar que los sumarios judiciales inunden de imputados algunas sagas familiares”. Este texto está sacado del diario El País en su edición del 19 de febrero de 2011 en un amplio reportaje sobre el caso más paradigmático de unas Islas cuya estructura socio-económica se presenta como un coladero para las trampas y la picaresca.
El título y el subtítulo del trabajo son ya de por sí significativos: “La política tiene precio en Lanzarote” y “los últimos casos de corrupción suman más de 100 imputados, con representantes de todos los partidos. Entre ellos se cuentan 11 alcaldes y ex alcaldes de la isla y familias enteras”. Al final aparecen policías y guardias civiles custodiando la entrada de las sedes de los ayuntamientos y del Cabildo Insular… y no precisamente para proteger a sus responsables. De hecho, hay incluso imputados que son detenidos hasta en la cárcel, lugar desde el que presuntamente siguieron dirigiendo sus entramados irregulares, como es el caso de Dimas Martín. Y se trata de políticos de todos los colores afectados de lleno por las investigaciones.
Sólo en el año 2010, más de 200 personas, entre políticos, empresarios y funcionarios, fueron imputadas por delitos relacionados con la corrupción en Canarias. Vista en las urnas la (escasísima) repercusión de estos casos, el debate ha dado un paso atrás. Aunque siempre quedan las preguntas: ¿Es ético concurrir en unas elecciones con una investigación judicial a tus espaldas? ¿Debería prohibirse la entrada a las corporaciones de estos candidatos? ¿Qué significa realmente estar imputado? La imputación judicial de una persona se produce desde que el momento en que un juez observa indicios de la comisión de un delito y formaliza la naturaleza de esos delitos en una acusación.
Eso sí, en ocasiones esos indicios son sólidos y en otras ocasiones no, de tal forma que las formaciones más afectadas aluden a esto último o a que un imputado goza del derecho a la presunción de inocencia, plenamente garantizado por la Constitución Española. Y por ello, tiene toda la legitimidad de postularse en unas elecciones y sólo sería en todo caso la condición de condenado la que le cerrara las puertas. Ante esa perspectiva, las denuncias de plataformas ciudadanas, colectivos ecologistas y de otra índole y los propios rivales políticos son moneda común en la actividad política.
Y ya es difícil distinguir a los corruptos de los también numerosos casos de dirigentes, incluso algunos de primera fila de los principales partidos, que estuvieron imputados y luego la Justicia los absolvió de todos los cargos. Es lo que ocurre desde la perspectiva estrictamente jurídica de la palabra corrupción, donde no hay vuelta de hoja: o se es corrupto o no; o se comete una ilegalidad, o no. Pero sí hay vuelta de hoja en el sentido etimológico de la palabra corrupción, que según la Real Academia de la Lengua es “la práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.
La financiación de los partidos
En estas prácticas que no tienen necesariamente que ser ilegales hay un asunto vital que es el origen de mucho de estos casos de corrupción: la financiación de los partidos políticos. Es en esa dependencia de las aportaciones económicas privadas, para poder sufragar las costosas campañas electorales, sobre la que se asienta uno de los pilares de la corrupción. La esencia es simple: un favor hecho y la necesidad de devolverlo, un favor además que muy pocos pueden permitirse, una relación que preestablece un hilo directo con el poder al que sólo tienen acceso un puñado de privilegiados.
¿Cómo se financian los partidos? ¿Quién los controla? ¿Que grado de información brindan a la sociedad que les vota y los coloca en el poder? ¿Dan ejemplo los partidos? La contestación del Consejo de Europa, en un severo tirón de orejas dado en el mes de abril, es significativa: “Se observa opacidad, dependencia de los bancos -que dan créditos sin intereses y perdonan deudas-, falta de un sistema sancionador de las eventuales irregularidades, carencia de medios de control…”. El Tribunal de Cuentas, el órgano que fiscaliza los fondos de las formaciones políticas, tarda al menos cuatro años en presentar sus informes y estos, aunque generalmente críticos, no tienen carácter vinculante. Se limitan a dar cifras globales de los dos tipos de aportes que existen: la pública y la privada.
Eso sí, en el informe presentado en el año 2010, referido a la situación de las cuentas de 2006, no hay partido que se salve de la quema. Y eso que los partidos reciben dinero de las administraciones por múltiples vías: subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento (en 2011, de 20,5 millones de euros en total), subvenciones para gastos electorales, subvenciones para gastos de propaganda cada vez que se convoque un referéndum; ayudas autonómicas, locales, por asignación fija, por gastos de los grupos municipales, en función de los escaños, en función de los votos…
Pero los que más dinero reciben siempre son los que tienen representación en las diferentes instituciones. En el caso, por ejemplo, del Parlamento de Canarias, cada asiento en la Cámara aporta a su dueño un total de 20.456,28 euros y cada voto 76 céntimos de euro… siempre que esa formación política obtenga al menos un escaño. Y Canarias es la Comunidad Autónoma que más paga a sus partidos. En concreto, tres mil euros más que hace cuatro años, con lo que ya duplica lo que reciben los propietarios de los escaños en los parlamentos de Castilla-León, Cantabria, Murcia, La Rioja, Narva, Aragón o Castilla-La Mancha.
Los concejales municipales, con precio unificado para toda España, se pagan algo menos (276,86 euros cada concejal y 0,55 por voto), pero cada consejero en un Cabildo Insular le aporta a su formación política 1.625,44 euros (y 0,65 euros por voto). Y en el caso del Congreso de los Diputados, cada escaño supone 58.571 euros. Por si fuera poco, las formaciones políticas están exentas de pagar impuestos por el dinero que reciben de sus afiliados, por las subvenciones públicas, por cualquier beneficio que obtengan por actividades propias, por cualquier concepto patrimonial, así como por los rendimientos que obtengan por la gestión de los bienes y derechos que forman su patrimonio.
Y luego está la ambigüedad que han sabido darle estos mismos partidos al control de las aportaciones privadas, el otro gran afluente de dinero. El ejemplo perfecto está en la última revisión de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, del año 2007. La única modificación fue la que elimina el anonimato de las entregas de dinero, pero a cambio se amplió el límite de donación por persona física o jurídica a cada sigla: 100.000 euros al año. Y también se amplió la aportación que puede darse a las fundaciones asociadas a estos partidos: 150.000 euros. No existe, además, la obligación de comunicar a la ciudadanía los nombres de procedencia de ese dineral, por lo que el anonimato se mantiene de facto.
Los electores acuden a las urnas sin saber exactamente qué poderes económicos hay detrás de cada partido político, cuáles son esas fuerzas a las que hay que recompensar. Tampoco perciben esa falta flagrante de control. Los propios políticos no muestran el menor interés por iluminar esos bajos fondos. Y el resultado es la impunidad, mientras los flashes llueven sólo sobre los imputados.
