Allá en 2005, un estudio de Caixa Cataluña advertía del frenético ritmo de construcción de viviendas en el Archipiélago. Aventuraba el análisis que el descontrol dejaría 190.000 casas vacías en 2011 y subrayaba que el exceso de oferta, paradójicamente, no había supuesto precios más bajos. Basta recordar que la crisis de todas las crisis estalló en octubre de 2007 para hacerse una idea de cuál fue en 2010 la situación del ladrillo, hermano mayor de la pretendida industria turística.
Durante todo el año 2010, los empresarios de la construcción fueron los más pesimistas de las Islas, como confirmaron los sucesivos indicadores de Confianza Empresarial que elaboran las Cámaras de Comercio, un estado que todavía hoy continúa. Y es que los frentes abiertos que tiene el subsector son varios y complejos: hay miles de viviendas edificadas en los años de bonanza aún por colocar; proyectos paralizados a los que amenaza la caducidad de las licencias; una banca que se ha convertido en un competidor más; una Administración que ha suspendido, y en algunos casos suprimido, las grandes obras…. y, sobre todo, un grifo del crédito que apenas gotea.
Si el informe de Caixa Cataluña, elaborado cuando la crisis se gestaba sin que nadie, o casi nadie, lo avisara ponía énfasis en esa especie de paraíso del ladrillo que era Canarias, uno más reciente de R.R. de Acuña&Asociados evidencia que el maná de ese paraíso lo terminaron de agotar las estrecheces. Las cosas han cambiado tanto que los solares que debían acoger miles de casas están hoy vacíos. Tan es así que cerca de 75.000 viviendas no se han construido porque, simplemente, no encontrarían salida en el mercado, lo que ha obligado a guardar los permisos y las licencias de obra a la espera de mejores tiempos; con el consecuente riesgo de que caduquen, además. Uno y otro análisis permiten comprobar el antes y el después de la crisis y, en consecuencia, el porqué los empresarios del subsector no levantan cabeza.
La razón última de este estancamiento generalizado es la debilidad de la demanda, lastrada por el miedo, el paro y el sistema financiero, que no concede préstamos con la alegría -en muchas ocasiones irresponsable- de ejercicios precrisis. De modo que el ritmo de construcción que llevó a pronosticar unas 190.000 viviendas vacías para 2011 no solo se ha ralentizado, sino que lo ha hecho hasta el punto de amenazar déficit de casas en el medio plazo, esto es, que habrá más personas que quieran comprar que viviendas que vender, una situación inimaginable hace solo un puñado de años. A esta posibilidad contribuye la banca también por otra vía, porque el crédito no solo no llega al potencial comprador, sino tampoco a los promotores, que ven su liquidez en mínimos. Los recursos no emanan ni de las ventas ni del préstamo, con lo que no les queda otra que vallar el solar y esperar. Mientras, el grueso de las operaciones que salen adelante deriva de las miles de casas que, construidas poco antes o después de 2007, aún aguardan inquilino. Claro que los beneficios muchas veces van a parar precisamente a los bancos y no al subsector inmobiliario.
No en vano estos, bancos y cajas de ahorro, los mismos que hoy lanzan ofertas día sí y día también para quitarse pisos de encima, vieron en el negocio de la vivienda una oportunidad de beneficios que no dejaron escapar, sólo que los beneficios de entonces son ahora quebraderos de cabeza. En lo que constituye una perversión de su actividad (prestar dinero), la banca acumula promociones y casas embargadas que le han llevado a controlar la mayor parte de la actividad, arañando cuota a constructores y promotores. Así pues, en el intento por aligerar su carga inmobiliaria, el sistema financiero no solo no concede créditos a compradores o empresas, sino que, más allá, representa el principal competidor de aquellas.
Hasta tal extremo se ha convertido la banca en la mayor inmobiliaria del país en general, y de las Islas en particular, que los cálculos hablan de que puede controlar ya en torno al 70% del mercado de casas y pisos. En consecuencia, apenas el 30% de la tarta queda para las empresas del sector, un porcentaje que difícilmente satisfará el capítulo de ingresos de todas ellas. Los cierres entonces han sobrevenido en cascada, como también las voces que claman contra una pretendida competencia desleal del sistema financiero.
El ‘Plan E’ de Zapatero
En lo tocante a la Administración, y en concreto al Gobierno del Estado, dos son las cuestiones a considerar: por un lado, el Plan E; por otro, las grandes obras. No sería exagerado afirmar que lo que vino de una parte dejó de venir de la otra. Es decir, la ayuda que al subsector pudo aportar el publicitado plan de estímulo quedó en agua de borrajas al comprobar que vino acompañada de un drástico recorte en la licitación de obra pública estatal. El Ejecutivo trasladó fondos a los ayuntamientos, que incrementaron la promoción de trabajos en el ámbito municipal, sólo que, a la par, reducía sobremanera la inversión propia. Y es que no había dinero para todo.
Ya en febrero de 2009, el presidente de la Federación de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Antonio Plasencia, advertía de que la medida estrella del Gabinete socialista no resolvería la situación y de que, “en todo caso”, serviría “para frenar, un poco y por poco tiempo, el crecimiento de las cifras de desempleo”. Por entonces aún estaba por ver cómo afectaría el trasvase de fondos a las grandes obras, pero ya por entonces muchos empresarios levantaron la voz para explicar al Gobierno que el empleo que se genera en los grandes trabajos, dependientes del impulso del Ejecutivo, es, por lo general, más duradero y de mejor calidad que el que pudiera generar el Plan E, altamente circunstancial.
Los números de la patronal de grandes constructoras Seopan evidencian la fórmula. Durante los 12 meses de 2008, el Gobierno impulsó obra pública en Canarias por un montante próximo a 595 millones. Al año siguiente, y en el marco del primer Plan E, derivó a los ayuntamientos isleños 358,5 millones de euros, que debían servir para dinamizar las economías locales. Empero, lo que vino de un lado no llegó por el otro: los 595 millones de euros se redujeron hasta poco más de 143 millones en apenas un año, un notable recorte que el Fondo Estatal de Inversión Local solo alcanzó a maquillar.
Y es que una simple suma permite comprobar que el desembolso del Ejecutivo en 2009 -Plan E más licitación propia- se quedó en exactamente 501,9 millones de euros, unos 93 millones menos que en 2008. De modo que la suma de la licitación de obra pública de los ámbitos estatal y local resultó en 2009 en casi 728,5 millones de euros, un 19% menos que en el ejercicio anterior, en el que superó los 900 millones. El Plan E ayudó, sin duda, pero las grandes obras desaparecieron. Y eso solo en lo tocante al Estado, porque, en consonancia con la difícil situación, el Gobierno de Canarias también ha venido recortando la promoción de obra regional. La Administración, en resumen, no ha contribuido tanto como pudiera vender, al margen de que no lo haya hecho por imposibilidad en tal contexto o por una mala estrategia.
Y el resumen lo aportó la Asociación de Empresarios Promotores y Constructores de Las Palmas (AECP) el pasado abril: la construcción en Canarias ha perdido casi 5.500 empresas y 50.000 puestos de trabajo desde que estalló la crisis. El subsector, pues, es hoy menos ladrillo y más polvo que nunca.
