Viera y Clavijo, del que en este año 2013 celebramos el bicentenario de su fallecimiento, hablaba en sus Noticias de la Historia General de las Islas Canarias de la importancia del Archipiélago “aun cuando no se atienda a otros méritos que el de su ventajosa situación”. Porque lo primero que ha marcado la historia, el carácter y el desarrollo de las islas ha sido la geografía.
La situación geográfica de canarias fue la que inspiró su conquista, la que le permitió jugar un papel de aprovisionamiento en las rutas atlánticas y la que definió sus relaciones comerciales con el continente Europeo. Y lo que es más importante, fue la lejanía del Archipiélago de la España continental la que estableció, casi desde los primeros albores de sus actividades económicas, la creación de un sistema fiscal y económico completamente diferente al del resto de los conciudadanos del Estado. Con escasos periodos de excepción -que coinciden con terribles depresiones económicas y pobreza-, Canarias ha sido un territorio en el que han funcionado reglas distintas en el terreno de los gravámenes sobre la economía. Las Islas fueron un lugar donde operaban exenciones fiscales al consumo, a la importación y a la exportación, a la libertad comercial y a las producciones propias. De todo ello quedan sólo quedan hoy los restos que contempla la actual Ley de Régimen Económico y Fiscal, las ruinas de aquel antiguo acervo canario de libertades.
La integración en las Comunidades Europeas supuso para los canarios un cambio de escenario. Mientras que para la España continental integrarse en el mercado de la UE fue ser menos proteccionista, para Canarias fue exactamente lo contrario. La integración supuso la huida de todas las industrias que, como la del tabaco, vivía de las condiciones particulares de libertad a la importación de materias primas que podía ser transformadas en Canarias y colocadas en los mercados europeos. Y supuso, junto al hecho del nacimiento de costosas estructuras de autogobierno, la necesidad de recaudar progresivamente más y más recursos de las actividades económicas, para sufragar las haciendas públicas de la nueva autonomía y crear un cordón aduanero ante países terceros no comunitarios. El hecho es que la creación de las autonomías hizo menos especial a Canarias en el conjunto del Estado. Las disposiciones de la propia Ley del REF, como la que establece que no se puede invertir en Canarias menos que la media de la inversión del Estado, se han incumplido sistemáticamente año tras año en los Presupuestos Generales del Estado. Y los nuevos acuerdos de financiación de las Comunidades Autónomas han logrado el asombroso hito de que sólo cinco comunidades sean contribuyentes netas al fondo común: cuatro ricas, entre ellas Madrid y Cataluña; y una pobre, Canarias.
Dos décadas después del desarme de las especificidades canarias, el panorama de las Islas no puede presentar más signos de quiebra. Nuestra economía funciona pivotando sobre el sector de venta de servicios turísticos, gracias al cual equilibramos nuestra balanza de pagos. Somos un destino turístico de éxito. Pero en el otro lado de la balanza, nuestra agricultura y nuestra industria se han estancado, si no retrocedido, y la población activa, que demanda trabajo, no encuentra acomodo en el tejido productivo del Archipiélago. Más de 360.000 personas están en paro y/o desarrollan actividades de subempleo en el mercado negro. El costo de la vida en Canarias se ha equiparado al del territorio continental, pese a todas las medidas compensatorias adoptadas para evitarlo, acortando el diferencial fiscal que un día reconocía la excepción de vivir en un territorio fragmentado y alejado de sus mercados de referencia.
El crecimiento del PIB en Canarias fue, durante las últimas décadas, asombrosamente alto. Por encima de la media española. Entre el año 2000 y el año 2009, la renta regional bruta de las islas creció 3,5 puntos por encima de la renta bruta española. Pero en ese mismo periodo, la renta directa de las familias en Canarias cayó casi diez puntos, desde el 94,8 al 86,2% en referencia a la renta media española. Es decir, que mientras la riqueza se hacía mayor en las islas, las familias canarias se hacían más pobres, lo que demuestra zonas de sombra en la capitalización de las actividades productivas de las Islas (especialmente del Turismo) y la insuficiencia del sistema de distribución de la riqueza hacia las rentas del trabajo.
Hay inversiones de capital foráneo en Canarias que, lógicamente, extraen rentas de sus actividades, algo perceptible en el sector terciario donde la participación de inversores locales se ha ido incrementando lentamente sólo en los últimos años. Lo mismo ocurrió durante el boom inmobiliario asociado al turismo. Pero eso por sí sólo no justifica la enorme contradicción de una economía que vivió décadas de expansión sin que se reflejase en la misma proporción en la riqueza de sus empresas y ciudadanos. Hoy, la renta disponible bruta de cada canario se encuentra a la cola del Estado. Concretamente sólo por delante de Andalucía, Extremadura y Murcia.
Las administraciones públicas son proveedores de servicios y árbitros en la actividad de la competencia económica. En su primer papel, deben funcionar con excelencia, buscando los menores costos y la mayor calidad en la prestación de servicios que pagan los ciudadanos. En el segundo, deben cumplir una función reguladora y mínimamente intervencionista. Es fácil discernir que en estos dos ámbitos, Canarias ha naufragado estrepitosamente.
Las administraciones públicas en Canarias son engorrosas y caras. Los servicios que prestan se han deteriorado lenta e inexorablemente. Como un cuerpo malformado, tiene partes atrofiadas y otras que han crecido o se han duplicado en una metástasis maligna que tiene mucho que ver con la odiosa rivalidad de poderes entre las dos co-capitales canarias. Como un árbitro aquejado de excesivo protagonismo, no sólo garantiza las reglas del juego, sino que interviene a menudo imponiendo reglas nuevas y exóticas confundiendo su papel con el de los propios jugadores o el entrenador.
En resumen, Canarias se enfrenta hoy a un escenario lleno de escollos. Ha creado una administración pública costosa y, en algunos aspectos, ineficiente, que demanda una profunda reforma que nadie acomete. Ha perdido, gradualmente, aquellas excepciones y diferenciales fiscales que durante siglos la convirtieron en algo distinto al territorio continental y al resto del Estado. Y, por último, es tratada a efectos de financiación del Estado casi como una más de las diecisiete comunidades, sin que se haya creado una política especial de financiación para un territorio alejado, difícil y carente de recursos naturales.
Contraviniendo a Ignacio de Loyola, sería conveniente plantearse profundas mudanzas aún en estos tiempos de crisis y desventuras. Hay canarios que no tienen trabajo y, lo que es peor, no lo volverán a tener en su vida. La gran esperanza del desarrollo del continente africano, donde Canarias podía jugar un papel importante, es todavía y a medio plazo sólo eso; una esperanza.
