La minimización del déficit público a un ritmo inapropiado es incompatible con el crecimiento económico y, por ende, con la reducción de la tasa de paro a través de la generación de actividad económica. Desde la perspectiva de la estabilidad presupuestaria, se ha comprobado, no tanto su inutilidad, sino su inconveniencia, debido a que ha provocado una mayor profundización de la crisis.
La reducción del déficit público ha profundizado la crisis económica. Pero sabiendo que el problema de España y Canarias no procedía del excesivo déficit -sino del elevado nivel de endeudamiento, en primer lugar privado y posteriormente trasladado a la esfera de lo público- y como quienes administran dirigen sus prioridades hacia el equilibrio presupuestario, se han generado correcciones en el déficit a cambio de incrementar la deuda pública, con los condicionantes financieros que ello conlleva a la hora de suministrar bienes y servicios públicos.
Ahora, realmente asistimos a un problema de solvencia financiera, no tanto por lo qué debe, sino por cómo se debe. Porque la estructura tributaria se basa en una demanda basada en la incertidumbre, en donde el esfuerzo fiscal está deficientemente repartido al intentar sufragar el apalancamiento financiero a través de la socialización de las pérdidas. Como el empleo es consecuencia del crecimiento económico y no de la legislación existente, se puede decir que en 2012 la veda se abrió con la reforma laboral. En este sentido, se intentaba que la norma laboral pudiera ocasionar una mejora en las cifras de empleabilidad, pero realmente iba a generar un crecimiento importante en el paro, debido a que el contexto no es de expansión económica, sino de retracción.
La reforma no sólo no ha generado ni más empleo ni más cohesión social, sino que su efecto inmediato ha sido el de la eliminación de la población ocupada con mayor antigüedad. Dicha sustitución ha sido rentable debido a que disminuye en un 80% el coste de la indemnización por despido. Pero esto no ha sido lo peor. La mayor deficiencia procede de la razonabilidad de las actuaciones, por lo que ha provocado que sean los jueces los agentes que le otorguen racionalidad a las decisiones.
En materia de la negociación colectiva, se permite que la empresa modifique las condiciones de trabajo de forma indiscriminada (tanto salariales, funcionales o de cualquier otra naturaleza) sin necesidad de mayores argumentos, eliminando las garantías sobre el cumplimiento de los derechos adquiridos en los convenios sectoriales.
En términos de Producto Interior Bruto (PIB) es el consumo privado la partida que mayor caída ha experimentado debido, principalmente, al incremento de la tasa de paro, los continuos descensos en las rentas salariales, la caída objetiva del ahorro y a la falta objetiva de redistribución de la renta que permitiera disminuir la brecha en la cohesión social. Este empeoramiento es corroborado por la evolución de las ventas minoristas, el índice de confianza de los consumidores o las ventas interiores de bienes de consumo de las grandes empresas. Por el lado de la inversión, ésta ha continuado retrocediendo. Hay sectores que se encuentran en el proceso de finalización de su ajuste. Por otro lado, la falta efectiva de financiación origina retraimiento privado. Por el lado de lo público, la ausencia voluntaria de la política económica en materia presupuestaria se acrecienta, eliminando cualquier atisbo de componente anticíclico, dejando nichos de mercado apetecibles para que sean sustituidos por la iniciativa privada.
En el sector exterior, las exportaciones han presentado una alta expansión intertrimestral. Pero dicha recuperación puede detenerse debido a la ralentización del crecimiento, con las consecuencias que ello conlleva. Por otro lado, las importaciones también han registrado una notable aceleración, lo que explica la atenuación de la contribución del sector exterior al crecimiento del PIB. Este crecimiento obedece, no al consumo final interior, sino al elevado contenido en importaciones de los productos exportados.
Pésimas cifras
En cifras, hace un año en Canarias había 783.600 personas ocupadas, originándose un descenso del 4,76% según el último dato disponible. En 2011, en Canarias, había 328.700 personas desempleadas, generándose en 2012 un incremento del 15,06%. El coste laboral por unidad experimentó un descenso del -1,4% en 2011 y ha sido del -1,9% en 2012. De igual modo, han sido destruidas, de forma neta, casi 50.000 empresas. El ingreso medio anual en los hogares canarios era de 22.397 euros, evolucionando el poder adquisitivo en un -1,50% respecto al año anterior. En la actualidad, el 33,80% de la población residente en Canarias tiene una tasa de riesgo de pobreza, incrementándose en un 8,68% respecto al año anterior. Las listas de espera sanitarias se han incrementado un 17% en este año. La tasa de crecimiento económico del PIB en España fue del 0,4% en 2011, y se esperaba que fuera del -1,5% en 2012 y del -1,8% en 2013. El porcentaje de deuda pública sobre el PIB en 2011 era del 69,30%. En la actualidad se sitúa en el 76%, previendo para 2013 llegar al 90%. Ahora bien, todo esto ha servido para que el déficit público, que en 2011 era del 9,40%, alcance, previsiblemente, el 8,03%.
Haciendo algo de historia, hasta mediados de 2011 disminuía el déficit público (aunque a menores tasas de las exigidas por la Unión Europea) y comenzaba a aparecer un tímido proceso de crecimiento económico, con la consecuencia inmediata de la paralización de la destrucción de puestos de trabajo junto a la estabilización de la tasa de paro. Pero se procedió al aumento de la intensidad en el proceso de disminución del déficit público, castigando a la evolución positiva del PIB, lo que nos ha llevado nuevamente a una recesión en 2012, con el consecuente incremento de la tasa de paro. Es por ello que no se trata de no querer corregir los desequilibrios fiscales de las administraciones públicas, sino de acompasarlos, así como de combinarlos con políticas de crecimiento económico. De lo contrario, la insolvencia privada corre el riesgo de aparecer, si no lo ha hecho ya, porque se ha incrementado la presión fiscal sobre el consumo en un entorno de bajos salarios, mala distribución de la renta y entorno destructor de empleo de forma masiva.
En definitiva, la política económica imperante intenta hacer un país y una región más barata. No importa si es más o menos eficiente; más o menos productiva; más o menos innovadora… Poco importa que en Canarias queden casi cien mil personas sin ningún tipo de renta; o que casi de cuatrocientas mil personas no tengan un empleo queriendo trabajar y que, de media, tardarán en conseguirlo unos veinticuatro meses; o que la economía sumergida se establezca como un modus operandi reconocido socialmente; o que los servicios públicos esenciales se estén colapsando a pasos agigantados.
En 2012 se ha apostado por una subida indiscriminada de impuestos, por la congelación del salario mínimo, por la rebaja de los salarios públicos, por una reforma laboral que propugna el despido libre y empleos de bajo coste, por un proceso de privatizaciones de lo rentable, por el adiós a las inversiones públicas y por el incremento del copago sanitario, formativo y en materia de justicia, entre otras medidas. En respuesta a ello ha sido un año con dos huelgas generales como vías de canalización del descontento social junto a la generación espontánea de manifestaciones reivindicativas ¿Qué sucederá a partir de ahora? El futuro es impredecible, pero puede innegablemente está condicionado por las acciones que hemos llevado a cabo en el pasado.
Otorgando escenarios probabilísticos, se seguirá con el saneamiento del sistema financiero y se procederá al ajuste a valor real de las inversiones. De igual forma se intentarán acometer transformaciones estructurales que ofrecerán un menor coste en lo que a su sostenimiento se refiere. Puede parecer la medida más eficiente, pero tal vez menos equitativa, puesto que los excesos de parte de la sociedad seguirán siendo sufragados por la mayoría. Para la resolución de los problemas de solvencia financiera, la urgencia de los acontecimientos se centra en la predisposición a la conformación de las estrategias e instrumentos perfectamente definidos en un corto plazo de tiempo, mientras que se piensa que la resolución del desempleo puede esperar más. Pero no.
Por ello que es imprescindible la coordinación institucional para impulsar medidas que aprovechen las capacidades y sinergias del conjunto de las administraciones para reorientar nuestra estructura productiva menos vulnerable y menos dependiente. En definitiva, la política económica debe habilitar y dinamizar la actividad productiva estructural, y por el otro sostener a la demanda interna con el fin de potenciar el consumo y así reactivar el ciclo inversión-empleo en el ámbito de lo privado. Así de sencillo. Así de complicado.