Un texto destinado a plasmar la crónica social canaria, aquellos acontecimientos que antes se recogían en revistas y periódicos bajo el paraguas de una sección denominada Ecos de sociedad, puede ser también un buen espacio para plasmar otra crónica social que refleje “el eco de la Sociedad”. Porque es verdad que siempre es bueno contar noticias agradables, pero, en lo social, 2014 ha sido un año para olvidar.
Todo va a peor. En lo social, 2014 ha sido un año más para olvidar. La situación de crisis económica ha producido un aumento de la desigualdad, de la pobreza y de la exclusión social que ha generado un incremento de la demanda de servicios y prestaciones. Y esto, cuando se están poniendo en entredicho las conquistas sociales. Así, las entidades que componen el tercer sector social constatan un importante deterioro y un notable incremento de las situaciones de privación material de las personas ya integradas en sus programas, que las sitúa en el terreno de la exclusión social.
De esta forma, personas y familias que antes se encontraban integradas se ven obligadas a acudir a la ayuda de las ONG (Organizaciones No Gubernamentales) para cubrir sus necesidades básicas. En el mismo año 2014 se ha producido un enorme incremento de las demandas de ayuda recibidas por las entidades de iniciativa social para atender a las necesidades básicas debido a la insuficiencia de las prestaciones públicas. Así, por ejemplo, Cáritas llegó en todo el Archipiélago a unos 60.000 beneficiarios.
El desarrollo de la crisis y las políticas adoptadas han generado graves problemas para un amplio sector de la población trabajadora y pensionista, muy especialmente para quienes se encuentran en paro, sobre todo si no reciben ninguna prestación de desempleo. Los datos del Informe FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) muestran que en Canarias sufre exclusión social el 28,5% de las personas y el 26,3% de los hogares; además, la precariedad laboral contribuye a empeorar esta situación, siendo la red social y familiar el único indicador en el que Canarias está mejor que la media española. Aparte de los daños objetivos de la crisis, como la malnutrición o la pobreza energética, los niños se tienen que enfrentar a unos factores subjetivos como el miedo o la frustración que les genera no tener las comodidades de sus compañeros de escuela o sus vecinos. Debemos recordar a Elí Rodríguez, de ocho años, alumno del Colegio Susana Villavicencio de Tenerife, que desde la tribuna del Parlamento de Canarias —y con motivo del 25º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño que se celebró en 2014— preguntó a los diputados si sabían que en España la pobreza infantil ha crecido un diez por ciento; y añadió que él lo sabía porque lo había leído, porque veía la televisión y porque en su barrio hay familias que lo pasan mal. Toda una lección de realidad social a sus señorías.
Todo va a peor en materia de bienestar social y de calidad de vida. Basta con observar los indicadores sociales clásicos: educación, vivienda, sanidad, empleo, cultura, movilidad, pensiones, etcétera. Cada vez menos canarios viven con normalidad, sin estar afectados por carestías esenciales, la precariedad o la exclusión moderada. A esto añadimos que la crisis no está afectando por igual a todas las personas y se ceba en los que menos tienen.
Y mientras, la atención a la discapacidad se halla en una auténtica situación de emergencia. Al día a día lleno de barreras y dificultades que les impone la sociedad, se suma la crisis económica y unos recortes económicos que amenazan con echar por tierra los logros conquistados durante los últimos 30 años en términos de derechos, inclusión y bienestar. La drástica reducción de las ayudas, el cierre de centros o la ausencia de políticas activas de inclusión laboral conducen a este colectivo a la exclusión, dejando a la familia como su único apoyo, pese a que cada vez éste es más frágil por el elevado nivel de desempleo y la falta de protección social por parte de las instituciones.
Dependencia y futuro
El retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia no ha dejado de ser denunciado por las familias que están a la espera del pago de las ayudas. Además, miles de solicitantes están pendientes de que se elabore el Plan Individual de Atención (PIA), un informe preceptivo para obtener cualquier tipo de prestación. Son personas que están en el limbo de la dependencia, pues el PIA es el documento que expone la prestación a que se tiene derecho y el que, efectivamente, otorga tal derecho.
Y es que el Archipiélago sigue ocupando una de las últimas plazas en número de usuarios y de recursos desde la implantación de la Ley de Dependencia en el año 2007, pero, por primera vez, fue el propio ejecutivo regional el que cifró en 701 días el promedio del tiempo que se tarda en resolver en las Islas las solicitudes de prestaciones o servicios por situación de dependencia.
Cabe preguntarse en este y en otros apartados qué futuro nos espera. Si adoptamos como hecho central que la crisis actual del Estado de Bienestar no es una crisis coyuntural sino estructural, dentro de la que Canarias es un caso singular por muchos motivos y variables, ello supone que estamos en pleno proceso de transición hacia nuevas formas de entender la protección social que deben garantizar las instituciones.
Y esta es una transición que se ha acelerado después de 2008 con la crisis económica y cuya salida no depende sólo de los cambios económicos y sociodemográficos en las Islas, sino también de las opciones políticas e institucionales que se adopten. En ese sentido, y viendo la realidad del Archipiélago, no hay mucho margen para ver el futuro con optimismo. Todo parece ir a peor.
Y es que 2014, en lo que se refiere a los recursos sociales públicos que debe garantizar nuestro Estado de Bienestar, debe ser un año para olvidar. Difícil, duro, injusto… Pero no repartamos culpas por igual. Tenemos la obligación de exigir soluciones. La crisis no es causa, sino consecuencia de unas políticas y de una economía que mucho antes de 2007 generaban enormes bolsas de exclusión social y de pobreza en el Archipiélago. Lo peor de todo es que el círculo vicioso de la pobreza probablemente no acabe cuando la crisis termine.
La violencia machista
Las cifras de denuncias por violencia machista disminuyeron en 2014, pero aumentó el número de mujeres que accedieron a los recursos institucionales. La prioridad es que las mujeres conozcan sus derechos y las alternativas que tienen, de manera que rompan con sus maltratadores. Los agentes implicados cuestionan, en muchas ocasiones, la eficacia de las medidas de protección, que no están dando los resultados pretendidos; y advierten de que se debe analizar cómo la crisis sigue afectando a estas situaciones de violencia y qué ocurre con las denuncias presentadas. Y es que, en demasiadas ocasiones, los mecanismos legales y de protección contra la violencia machista están fallando y hay que analizar las causas y definir las soluciones para erradicarla y para evitar que la sociedad perciba esta violencia como un fenómeno asumido. Uno de los motivos del descenso del número de denuncias puede ser la dependencia económica de las víctimas hacia sus maltratadores y el miedo a quedarse en situación de desamparo tanto ellas como sus hijos. El esfuerzo se centra en que las mujeres puedan acceder en cada una de las islas a los servicios y recursos de atención sin que sea necesaria la presentación previa de una denuncia ante el juzgado.
