Nunca un asunto propició en Canarias más iniciativas parlamentarias que el petróleo. Durante el año 2014, el popularmente conocido como piche impregnó la actividad en la Cámara autonómica entre comunicaciones del Gobierno de Canarias, preguntas de los grupos parlamentarios, comparecencias del Ejecutivo a petición propia o ajena, proposiciones no de ley y propuestas de resolución.
Desde que se supo que Repsol comenzaba a tener vía libre para las prospecciones petrolíferas cerca de Lanzarote y Fuerteventura, y hasta que los sondeos se hicieron efectivos a finales de año, la sede del Parlamento de Canarias acogió numerosos debates que al final quedaron en nada: ni se encontró el crudo que esperaban Repsol y el Ministerio de Industria, ni los ciudadanos canarios pudieron expresarse en consulta popular sobre los riesgos medioambientales de los sondeos, que era el objetivo del Gobierno de Canarias. El piche se disolvió, pero a su paso dejó una estela de recursos judiciales y acusaciones parlamentarias entre el Ejecutivo canario y el principal partido de la oposición, el Partido Popular.
El presidente autonómico, Paulino Rivero, no dudó en acusar al PP y al ministro José Manuel Soria de defender los intereses de Repsol por razones ocultas. Y los populares aseguraron que Paulino Rivero utilizaba el petróleo para tapar su mala gestión y para ganarse adeptos en su formación, Coalición Canaria, ante la pérdida de apoyos. El PP tampoco dudó en acusar al Gobierno canario y a los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote de utilizar “métodos fascistas” para amedrentar a los dirigentes populares que defendían las prospecciones y criticaron duramente a Paulino Rivero por incitar a los ciudadanos a la rebelión popular.
Petróleo: sí o no. Esa fue la gran cuestión parlamentaria del año 2014, y el principal motivo de enfrentamiento entre los gobiernos central y canario. Pero no el único. Los servicios esenciales, como la sanidad, la educación, el fomento del empleo y las políticas sociales fueron objeto de intensos debates en sede parlamentaria. Y en todos los casos los argumentos fueron parecidos. Los grupos de la oposición acusaron al Gobierno de Canarias de ineficacia a la hora de resolver problemas como las listas de espera sanitarias, el colapso de los servicios de urgencias, la aplicación de la Ley de Dependencia, la efectividad de las políticas activas de empleo o el alto índice de fracaso y abandono escolar.
El Partido Popular centraba sus críticas en la mala gestión de personas muy concretas, como las consejeras de Sanidad, Brígida Mendoza, y Políticas Sociales, Inés Rojas, a las que trató de reprobar en el Parlamento. Pero también pedía al Ejecutivo que desmontara su chiringuito de asesores, empresas públicas y fundaciones para reducir gastos y dotar de más recursos a los servicios fundamentales. Desde Nueva Canarias también se criticó la mala gestión del Gobierno, pero a la hora de buscar más recursos económicos le pidió al Ejecutivo que no fuera tan “sumiso” con las directrices de ajuste del Ministerio de Hacienda, y que ampliara su endeudamiento para dotar de más fondos a los servicios esenciales.
Y es precisamente el argumento económico el que utilizó el Gobierno en defensa propia. El Ejecutivo reiteró que Canarias es la comunidad peor financiada por el Gobierno central; el déficit histórico que mantiene el Estado con la sanidad canaria impide una mejor gestión; los recortes en materia de empleo y carreteras no permite un mayor desarrollo en las islas, al igual que ocurre con los ajustes presupuestarios en la Ley de Dependencia. Y en ese debate sobre si son galgos o podencos (mala gestión o falta de financiación) y con las relaciones rotas entre los gobiernos central y canario, el Archipiélago se mantuvo en los puestos de cabeza en número de parados e índices de pobreza, a pesar de que las cifras macroeconómicas comenzaban a mejorar.
Estos problemas sociales, denunciados día sí día también por organizaciones como Cáritas, hicieron casi obligatoria la adopción de medidas extraordinarias como la apertura de comedores escolares en verano para atender a niños de familias con dificultades. Una iniciativa de la Consejería de Educación que, de forma paralela, mantenía otra de las grandes batallas políticas del año 2014, como fue el litigio con el Ministerio de Educación sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE
La ‘no’ reforma del Estatuto
Tampoco hubo consenso parlamentario en relación a la reforma del Estatuto de Autonomía planteada por las fuerzas que apoyaban al Gobierno (CC y PSOE). Ni el PP ni Nueva Canarias participaron en los debates de ponencia, al considerar que no era el momento adecuado para tramitar esta iniciativa, y que no contaba con el consenso político y social necesario. La propuesta de reforma estatutaria se aprobaría al año siguiente con el apoyo de nacionalistas y socialistas, aunque sigue sin tramitarse en las Cortes. La propuesta de nuevo Estatuto incluía una modificación del sistema electoral, con bajada de las barreras y la creación de una circunscripción regional. Un reforma que tampoco convenció a Nueva Canarias, que presentó una iniciativa propia que fue rechazada. Es otra de las grandes asignaturas pendientes de la política canaria que podría abordarse con el nuevo mapa parlamentario que dejó las elecciones de mayo de 2015.
De nuevo, la gran excepción en cuanto al consenso entre Gobierno y oposición se produjo en torno al Régimen Económico y Fiscal. Después de las correspondientes negociaciones entre los Gobiernos central y canario, y previa consulta a los agentes económicos y sociales, a final de año la Cámara dio el visto bueno preceptivo a la reforma de los aspectos fiscales que había sido convalidada por la Unión Europea y aprobada por el Consejo de Ministros para su entrada en vigor el 1 de enero de 2015. De esta forma, quedaban renovadas las condiciones referidas a la Zona Especial Canaria, la Reserva de Inversiones y las deducciones fiscales. Son instrumentos cuyo principal objetivo es la creación de empleo, según consta en la memoria correspondiente. Quedaba pendiente la renovación de los aspectos económicos del REF.
También hubo consenso en la aprobación de la nueva Ley de Transparencia, cuyo objetivo es hacer más accesible a los ciudadanos toda la información relacionada con las administraciones, y, en último extremo, prevenir los casos de corrupción que afectan a la clase política. Una norma que responde a la demanda social ante la proliferación de noticias oscuras respecto al comportamiento de los dirigentes públicos.
El otro gran asunto que acaparó una buena parte del debate parlamentario de 2014 fue el proyecto de reforma de la Ley de Modernización Turística promovido por el Gobierno de Canarias. Un proyecto que recibió el rechazo de las instituciones y empresarios de la isla de Gran Canaria, al que se sumaron los dos grupos parlamentarios en la oposición. El motivo es que los nuevos hoteles de cuatro estrellas debían ser fruto de la rehabilitación de establecimientos obsoletos. El Cabildo de Gran Canaria intentó frenar la reforma de la Ley al entender que la isla debe ser la que decida el modelo turístico que necesita, especialmente porque dicho territorio carece precisamente de oferta de hoteles de cuatro estrellas. La iniciativa grancanaria no prosperó y todo quedó a expensas de una posterior evaluación del impacto de la ley tras un año de vigencia. De forma paralela, el Gobierno central se opuso a la Ley mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional, que no salió adelante.
Sí se admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la nueva Ley canaria de Vivienda, que fue aprobada en el Parlamento en junio, gracias a los votos de CC y PSOE, con el objetivo de evitar los desahucios a familias desfavorecidas. La ley, que permitía expropiaciones temporales de viviendas propiedad de entidades bancarias, había sido rechazada por el grupo Popular por ilegal, mientras que Nueva Canarias –ante el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno central– abogó por acciones alternativas, como un fondo de emergencia social para alquileres.
La producción legislativa del Parlamento canario en 2014 se completó con la nueva Ley Canaria de Educación; la Ley de la Radio y la Televisión Públicas de Canarias; la Ley que promueve la no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales; y la Ley de Armonización y Simplificación Administrativa en materia de Protección del Territorio y los Recursos Naturales.
Como cada año, también salió adelante la Ley de Presupuestos, en este caso para 2015, con un montante de unos 6.200 millones de euros. Unas cuentas que fijaban las bases para el funcionamiento económico de Canarias ante la incipiente recuperación, y a cinco meses de una nueva cita electoral. Antes de esos nuevos comicios, el Parlamento de Canarias culminaba la octava legislatura y dejaba cerradas –también por consenso– otras dos leyes de vital importancia desde el punto de vista institucional: la de cabildos y la de los ayuntamientos canarios.
