El último trimestre de 2014 concentra los tres más comprometedores y polémicos asuntos del año en el Cabildo de Tenerife: la controversia por la compra de vino peninsular en Bodegas Insulares, la detención de uno de los máximos responsables de Sinpromi y la denuncia sobre unos gastos sin justificar en el área insular de Carreteras correspondientes al período 2007-2011. Ruido hubo mucha, pero consecuencias pocas.
La polémica llegó a Tenerife en la recta final del año 2014. Y el Cabildo Insular no fue ajeno a asuntos como la compra de vino peninsular, que acabó cobrándose el relevo en la Consejería de Agricultura de José Joaquín Bethencourt, aunque las razones de nunca fueran oficialmente por este escándalo. Y también le afectó de pleno la detención de Andrés Pedreira, entonces director de Administración y Desarrollo Empresarial de Sinpromi, empresa participada por el Cabildo; o la presentación en la Fiscalía de una denuncia, por parte del propio gobierno insular de CC y PSOE, de la gestión de 17 millones de euros en facturas sin justificar y en gastos no autorizados en el área de Carreteras y Paisajes en el periodo 2007-2011.
El sector vitivinícola montó en cólera tras conocerse que la empresa Bodegas Insulares había comprado alrededor de 100.000 litros de vino en Castilla-La Mancha para mezclarlo y embotellarlo con vino canario de mesa y comercializarlo en los hoteles sin contraetiqueta de denominación, bajo la marca Viña Donia. La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) calificó esta práctica como una grave competencia desleal del Cabildo Insular hacia el sector privado. Tres sanciones leves y una grave fue el balance de la investigación que abrió el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) a esta sociedad mixta por la compra de vino peninsular. En concreto, se sancionó a Bodegas Insulares porque unos 28.000 litros de vino peninsular, a pesar de que constaba su factura, no estaba registrada en el libro pertinente.
El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, manifestó que esta compra de caldos foráneos para mezclar con canario era “una acción legal pero no estética”. Sin embargo, el grupo popular en el Parlamento de Canarias consideró que el vino importado podría haberse comercializado como vino de mesa canario por el Cabildo de Tenerife, originándose así un presunto fraude a los consumidores y una desprotección absoluta al vino local. Los vinos con denominación de origen protegida no pueden ser mezclados con vinos ajenos a la misma calificación ni tampoco ser comercializados como vinos de mesa.
Tras el malestar creado en el sector vitivinícola, el Cabildo intentó recuperar la confianza del sector y lavar su cara con acciones de refuerzo como la compra de excedente de uva (unos 800.000 kilos, por valor de un millón de euros) y el aumento de las acciones promocionales de los vinos tinerfeños, tanto de denominación de origen como de mesa, así como el apoyo a los guachinches. La única dimisión oficial por esta polémica fue la del consejero delegado de Bodegas Insulares, José Luis Savoie. El técnico asumió toda la responsabilidad por la compra de vino de La Mancha, que, según explicó, pretendía mejorar una partida deficiente que luego se comercializó como vino de mesa, aunque acabó siendo una operación “inaceptable e inadecuada”.
El otro asunto que conmovió a la Corporación insular fue la detención –y posterior puesta en libertad con cargos– del director financiero de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi), Andrés Hernández Pedreira, por los delitos de apropiación indebida de fondos públicos y falsificación documental. Conocido por haber llevado en solo unos años al Uruguay a la máxima división nacional de fútbol sala, admitió el desvío del dinero. Sinpromi detectó irregularidades en sus cuentas y las denunció en los tribunales.
Así lo confirmaron entonces la vicepresidenta de Acción Social, Cristina Valido, y la consejera delegada de la empresa, Carmen Rosa García Montenegro. “No podemos fijar una cantidad, ya que la investigación está en marcha, pero las auditorías que han provocado la investigación cifran en 600.000 euros el dinero desviado desde el año 2013”, indicó entonces Valido. García Montenegro matizó que no se habían percatado antes de estos hechos puesto que Pedreira modificó los sistemas de recaudación en 2013, “sin consultar ni comunicar nada” a la empresa. A finales de 2015, la Justicia aún instruía las diligencias previas del caso.
El tercer asunto de calado, que también llegó a los tribunales, fue la denuncia, asimismo a iniciativa del Cabildo, por irregularidades en la adjudicación de obras de carreteras entre 2007 y 2011. Los servicios jurídicos de la Corporación insular detectaron indicios de delito que, presuntamente, estarían vinculados con Miguel Pintor, antiguo jefe del servicio de Carreteras. En el verano de 2015, la Fiscalía Provincial presentaba una denuncia en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz que tiene que ver con estos hechos. Las diligencias abiertas, según trascendió, giran en torno al exjefe del servicio de Carreteras, al que se le abrió un expediente disciplinario.
El primero en advertir públicamente estas presuntas irregularidades fue José Luis Delgado, consejero de Carreteras del Cabildo durante el pasado mandato, quien había desvelado que había encontrado facturas sin justificar por 17 millones de euros. También en el enlace de San Isidro y la conexión con la autopista TF-1 se produjo un sobrecoste de 4,5 millones de euros. El departamento de Intervención del Cabildo, además, advirtió de que se autorizó el pago de 251.327 euros a una empresa de señalizaciones entre 2008 y 2010 por unos servicios que el contratista no ejecutó.
