En el año 2017, por fin, los principales indicadores macroeconómicos dejaron constancia de que al menos en lo que atañe a esos datos, habíamos dejado atrás la recesión y el sistema financiero comenzaba a parecerse al de antes de la crisis de 2008.
Con todo, ninguna administración, ninguna sociedad en realidad, debería sentirse satisfecha mientras haya uno solo de sus miembros en situación de vulnerabilidad o de exclusión social, mientras sea complicado llegar a final de mes, mantener un negocio abierto, acceder a las mismas oportunidades de educación, de sanidad, o incluso de ocio. Por eso, esas grandes cifras no pueden llevarnos ni al triunfalismo, ni a la inacción. Es cierto que hoy nadie puede negar que la situación económica de Canarias es mejor que hace unos pocos años, que hemos avanzado en todos los campos y que hay razones para ser optimistas, pero aún queda mucho por hacer.
2017 fue, en ese sentido, un año en el que trabajamos en dos objetivos, uno inmediato, destinado a dar respuesta a las necesidades de una sociedad exhausta tras años de dificultades. Pero también pusimos, y seguimos poniendo, mucho empeño en la construcción de unas bases sólidas a nuestro desarrollo, de un armazón que nos proporcione, a medio y largo plazo, una sociedad más fuerte, más justa, más preparada.
Dos direcciones para un camino que, entendemos, ha de sostenerse en el diálogo y el consenso, en la responsabilidad compartida y el esfuerzo conjunto. Hacer cosas diferentes para obtener respuestas diferentes y hacerlas con la mayor implicación y participación posible, tanto desde el punto de vista político, como empresarial, sindical o social. Con esa forma de hacer, de entender, las cosas, el pasado año acometimos y alcanzamos logros muy importantes para Canarias, logros que se están traduciendo ya en una mejora de nuestro sistema económico y social, y que nos permitirán afrontar el futuro con mucha mayor confianza.
Cuestiones, por ejemplo, como la recuperación del diálogo con el Estado permitieron desbloquear asuntos de vital importancia para Canarias: recuperar el IGTE, fortalecer los convenios de infraestructuras o activar el Estatuto de Autonomía. Y, sobre todo, que el REF —nuestro fuero— quedara fuera del sistema de financiación. Porque Canarias, llevamos décadas reclamando algo tan básico, es un territorio singular y atender esas singularidades solo supone colocarnos en igualdad de condiciones con respecto al resto de comunidades autónomas; ni mejor, ni peor.
El nuevo modelo energético
Pero además, en 2017 dimos pasos de gigante en nuestra apuesta por un modelo energético menos contaminante, más sostenible y menos dependiente del petróleo. Las renovables, a pesar de que llevaban diez años paradas, son el futuro, y conscientes de las condiciones climáticas privilegiadas de las que gozamos, queremos convertirnos en una referencia internacional en materia de energías limpias. Por eso, el pasado año, el 100% de la potencia renovable instalada en España se hizo en Canarias y por eso, a finales de 2018 estaremos en condiciones de contar con 91 parques eólicos en las Islas.
2017 también fue un año muy importante para el sector turístico, el gran motor de nuestra economía, con cerca de 16 millones de visitantes. Turistas que empiezan a apreciar, como lo hace la población residente del Archipiélago, la calidad del producto local que ya encuentra en los propios hoteles en los que se aloja. Un impulso decidido a nuestro sector primario resultado del “diálogo” iniciado entre los sectores productivos, que favorece a todos y, sobre todo, a la diversificación de nuestra economía.
Diversificación que tiene en la sociedad del conocimiento, en la internacionalización, en la promoción del sector audiovisual, entre otros, pilares fundamentales. El presente nos exige poner en marcha los mecanismos imprescindibles para que Canarias se convierta en un hub de negocios en espacios como África, Europa o Sudamérica. Las Islas son ya un territorio atractivo para las empresas que quieren expandirse en esta zona del Atlántico. Al fin y al cabo, contamos no solo con una ubicación geográfica estratégica, sino con las infraestructuras necesarias, el talento y los recursos humanos, la seguridad jurídica y con herramientas como la fiscalidad más baja de toda Europa, elementos todos ellos que favorecen la inversión y el desarrollo de un modelo innovador y competitivo.
Para cimentar estos pilares, estamos mimando la educación de nuestros jóvenes, con especial atención al multilingüismo y a una real y efectiva formación profesional que los proyecte hacia mejores puestos de trabajo y mejores oportunidades. Precisamente, buscamos conectar el sistema educativo público con el mercado laboral, reforzamos nuestro profesorado o modernizamos las herramientas educativas, con el propósito de robustecer lo único que, en definitiva, nos hace más libres y más iguales, la educación.
Los responsables públicos y los distintos agentes económicos, sociales y culturales trabajamos para que el progreso sea real. Nuestro compromiso con la mejora de la educación, de la sanidad, del empleo, es firme y 2017 nos dejó buenas muestras de ello y del diálogo entablado para conseguirlo. El pasado año firmamos, por ejemplo, un Compromiso con la Sanidad Pública en el que se implicaron más de 30 organizaciones sociales, con una ficha financiera definida y con acciones que ya están poniéndose en marcha y que comienzan a ser visibles a la población. Y llevamos al Parlamento una Ley de Servicios Sociales que nos permitirá llegar aún más lejos en este ámbito.
2017 fue un año de diálogo y de acciones. De medidas a corto y a largo plazo; pero sobre todo, fue un año en el que reforzamos los cimientos de esta casa común en la que vivimos ya más de dos millones de personas. Una casa sólida en donde vivir una sociedad más justa e igualitaria.
