Cambiar para que todo siga igual

Cuando en 1852 se publicó el Real Decreto de los puertos francos de Canarias se produjeron concentraciones y festejos populares, “con iluminación extraordinaria, fuegos artificiales y repique de campanas, en cuyos actos participó entusiásticamente la población de todas las islas”, según cuenta Coriolano Guimerá López en Bravo Murillo, el Ministro de las franquicias canarias. (Apuntes para una biografía).

Se celebraba la recuperación de unas libertades que procedían de los tiempos de la Conquista y que habían sido reclamadas durante décadas por los más eximios personajes de la época. En el texto que defendiera Bravo Murillo se denunciaba el escaso atractivo que tenían las Islas para los barcos (y que no entendía dado que “entre todos los que tienen la dicha de vivir bajo el blando cetro de V.M., difícilmente se hallarán otros, a quienes la Providencia haya colocado más ventajosamente sobre la superficie del Globo, que los que habitan aquellas islas que por los antiguos se llamaron Afortunadas”) que saludaban de lejos al pico del Teide, “como si Dios hubiera levantado aquella maravilla para la estéril admiración de los hombres”.

Nuestro protagonista era capaz de subrayar las razones por la que esto ocurría, “si las naves se alejan de aquellas costas, es porque no encuentran alicientes para la carga ni la descarga; es porque no hay un mercado más extenso que las limitadas exigencias de la población; es porque tienen señalados recargos gravosos; es porque se hallan sujetos a formalidades incómodas; es finalmente, porque en otros puntos extranjeros, aunque incomparablemente menos ventajosos, se les ofrecen mayores facilidades y economías”. No satisfecho, como correspondía a su personalidad, también aporta soluciones: “Declárense puerto franco las Islas Canarias y todos estos inconvenientes desaparecerán. Sueltas las trabas que embarazan ahora la acción mercantil, se formará allí naturalmente un centro de contratación; acudirán los capitales, se crearán establecimientos, se fomentará el trabajo y aquellas islas ahora olvidadas serán el enlace y el punto de comunicación de apartados continentes”.

Tan importante documento para la suerte futura de las Islas contenía tan solo veintidós artículos, lejos de los tiempos actuales, en que cualquier norma aspira a supervisar aspectos tan detallados que requieren de una desarrollo normativo que contribuye a que en este país se publiquen cada año un millón de páginas en boletines oficiales.

Una legislación excesiva

Un documento exhaustivo está lejos de ser la mejor opción disponible, no solo por la imposibilidad de los fines perseguidos, básicamente porque suele ser fruto de la voluntad de las clases dirigentes por satisfacer a los sectores concernidos, aquellos que siguen prestando atención a documentos como el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (el sucesor, es un decir, de nuestros puertos francos), siendo en consecuencia una suerte de Frankenstein en el que se mezclan tantas cosas que difícilmente resulta una norma sencilla, simple, de aplicación universal y, he aquí lo más grave, que satisfaga a los intereses de la mayoría.

Tenemos demasiada experiencia como para hurtar algunas conclusiones que, quizás, no son de digestión sencilla para nuestros dirigentes empresariales, sindicales o políticos. De ahí que, con frecuencia, se diga de forma lacónica que un buen REF es causa necesaria pero no suficiente para mejorar nuestros aspectos vitales, obviando que podría serlo de no haber incurrido en errores sistemáticos desde que, queriendo seguir la estela de la España continental, apostamos por burocracias tan enormes como ineficientes, capaces de ahogar la natural disposición al comercio y a la libertad que acumulábamos desde los tiempos de la incorporación a la Corona de Castilla.

Con el actual nivel de Administración que soportamos no hay REF que sea útil. Con el actual nivel de intromisión en una norma que debería proclamar sin ambages ni complicaciones legales nuestra apertura al mundo, la existencia de impuestos bajos, nula complejidad para la materialización de inversiones y la mejor disposición para la captura de talento exterior, no hay manera de avanzar.

Por eso es conveniente llamar la atención sobre la pretensión de convertir el REF en algo en lo que no debió ser nunca: una herramienta de política económica orientada a proteger sectores ineficientes, permitiendo crecer la Administración –hasta cotas realmente llamativas– con el fin de gestionar ingentes recursos vía subvenciones que anulan por completo la capacidad imaginativa tan cara al pensamiento genuinamente emprendedor.

Hemos sacrificado décadas completas considerando que nuestros dirigentes eran depositarios de un conocimiento específico y de nivel, capaces de aventurar hacia dónde se dirigía el mundo y los sectores en los que sería adecuado promover en base a un teórico interés estratégico. Solo hay que leer con detalle el REF de la década de los noventa, aquellos sectores sobre los que se decide actuar y que en nada contemplaba la irrupción de tecnologías disruptivas que cambiaron el mundo de una forma mucho más pronunciada que en el siglo anterior.

No cometer los mismos errores

Corremos el riesgo de reincidir en los mismos errores, de cerrarnos hasta convertir las Islas en un lugar desapacible para la captación de inversión exterior por empeñarnos en proteger a los mejor conectados con el poder. No es justo pero tampoco inteligente. Solo hay que intentar entender las razones por las que el lugar de Europa con los impuestos más bajos (y legales, como se empeña en subrayar la publicidad institucional) ve cómo cada año se marchan más empresas de las que se instalan para avanzar en soluciones que impidan la sangría.

¿Tiene sentido empresarial pagar un impuesto de sociedades del 20% en el Reino Unido o, incluso, un 12,5% en Irlanda pudiendo tributar tan solo un 4% en nuestra Zona Especial?. No lo parece. Hoy el REF (y puede ser una razón que explique parcialmente lo anterior) se ha convertido en una herramienta más de transferencias de rentas mediante la proclamación de los más variados derechos que permite un crecimiento sin fin de la Administración (para la que trabajan más de 150.000 personas), lejos de principios válidos y universales que garanticen inversiones de aquellas que sí crean riqueza: las empresas. Eso y la excesiva complicación interpretativa de las normas que hemos ido adosando a lo que en realidad no debiera de ser más que un mecanismo tan simple como un semáforo, con tres colores determina los flujos de tráfico sin discriminación posible.

Nada esto se corrige en el nuevo REF: ni descenderá la litigiosidad, ni aumentará la seguridad jurídica ni, desgraciadamente, mejorará el bienestar general de los canarios con unos atractivos incentivos a la inversión que funcionen de forma real.

Desafortunadamente añadiremos literatura legal a nuestro cuerpo de leyes con el mismo éxito de los años anteriores y cuando no funcione, la culpa la tendrá siempre otro; a poder ser, de fuera. Es la pretensión habitual, obviando, por ejemplo, que el Gobierno autonómico decidió subir el IGIC a las telecomunicaciones del 0% al 7%, que era una excepcionalidad contemplada en el REF. Si no es respetada en Canarias, ¿es razonable que sea exigible a terceros?

Hay pocos motivos para la celebración y sí sobrados para mirar con nostalgia el pasado, de cuando eran todos los canarios los que se sentían tan entregados a sus libertades comerciales que eran capaces de salir a las calles a festejar su recuperación. No hay esperanza de apreciables mejoras porque, de entonces a hoy, las cosas cambiaron profundamente porque creció el gobierno para achicar a la sociedad. Un signo de los tiempos.

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