Unos dirán que es cuestión de suerte. Otros pensarán que es fruto del trabajo o de la habilidad negociadora. Y finalmente otros más pensarán que todo ha sido porque hemos tenido un voto en Madrid que vale su peso en oro. Sea por lo que sea, por una razón o por otra, el resultado es que Canarias ha conseguido en los últimos tres años dar un vuelco histórico a sus relaciones con el Estado. No solo hemos mejorado la financiación de estas islas —que durante la crisis fueron castigadas de una manera injusta y arbitraria—, sino que hemos impulsado el reconocimiento de nuestras peculiaridades, elevándolas al rango de leyes como la futura Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias y el estatuto de Autonomía que ahora se tramitan en las Cortes. Nunca tan pocos han conseguido tanto en tan poco tiempo.
Es un hecho conocido que el Archipiélago canario tiene impuestos propios, que se recaudan en las Islas y se quedan en las haciendas locales canarias. Son la muestra de una fiscalidad especial que algunos consideran fueros canarios. Esos dineros es uno de los instrumentos con que el Estado compensa la lejanía y la insularidad de esta tierra. Y ha sido así desde tiempo inmemorial. Pero en medio de la crisis económica, el Gobierno de España empezó a contabilizar esos fondos para mermar nuestra participación en la financiación a través de instrumento de régimen común; como el Fondo de Competitividad en donde nos quitaron, año tras año, cuatrocientos millones de euros.
Uno de los mayores logros del Gobierno canario ha sido la desvinculación definitiva de los ingresos obtenidos por los impuestos del bloque REF del sistema de financiación autonómica. O lo que es lo mismo; una cosa es lo que históricamente tiene Canarias por ser lo que es y otra muy distinta nuestra participación en la financiación de los servicios transferidos por el Estado a las autonomías, donde debemos ser tratadas como una más.
Pero no sólo hemos logrado eso. Conseguimos dejar de pagar el 50% de la recaudación del viejo Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas, que viene a suponer que la Hacienda canaria puede contar con unos 160 millones más cada año. Y hemos renovado —o estamos en ello— planes y convenios suscritos con el Estado que han supuesto una mejora sustancial de las inversiones, de la financiación de los servicios públicos esenciales y de las ayudas que recibe el Archipiélago por su condición de región ultraperiférica. Eso sin contar con los fondos que se integran, a través de distintas líneas de actuación, en el llamado REF económico.
¿Y todo eso se ha conseguido porque sí? Obviamente no. Se ha logrado avanzar en la Agenda Canaria porque nuestra presencia en el Congreso ha sido fundamental. Porque los nacionalistas canarios hemos colaborado con lealtad en la gobernabilidad del Estado, pero también exigimos —y logramos— que se acabara con un trato injusto y discriminatorio con la comunidad autónoma más lejana y complicada —y maravillosa— de España.
La moderación es rentable
Pero todo eso lo hicimos desde la moderación, sin altanerías y sin revanchismos por el maltrato de tiempos no muy lejanos. Desde el respeto y la colaboración y desde la posición de partida de exponer razonadamente las condiciones que pensamos que son de justicia para estas islas. Gracias a ese buen clima de entendimiento, unido a la favorable situación económica por la que atraviesa Canarias, hemos podido plantear unas cuentas públicas expansivas, aumentando el gasto en los servicios públicos esenciales —sanidad, educación y asistencia social—, elevando los salarios del personal público y aumentando la inversión productiva en sectores estratégicos. Y todo eso sin que hayamos dejado de reducir el endeudamiento de nuestras islas.
Nuestra situación de hoy es muy distinta a la de hace sólo unos años. Canarias crea empleo. Y lo crea de tal manera que somos un lugar de inmigración laboral de otros rincones de Europa y del mundo. Los activos canarios —personas en disposición de trabajar— no han dejado de crecer en los últimos años. Y pese a ello, hemos reducido el paro en las Islas a poco más del 20%.
Nuestra economía está funcionando en buena medida por la potencia del sector servicios, pero también despegan la industria y la agricultura, sectores a los que el Gobierno ha impulsado hacia nuestro propio mercado turístico. Hemos reforzado los servicios públicos con mayor nivel de gasto y hemos aumentado las plantillas y las retribuciones del personal al servicio de la Comunidad Autónoma —es decir, al servicio de los ciudadanos de Canarias— porque creemos que uno de los problemas que tiene que resolver este archipiélago es el bajo nivel de los salarios. No sólo hemos indicado el camino predicando con el ejemplo, sino que hemos impulsado actuaciones para que la iniciativa privada se sume a este propósito.
Lo que no se tiene no se puede gastar ni invertir. Para atender a nuestros necesitados, para hacer nuevas carreteras, para sostener el Estado del Bienestar en nuestra tierra, teníamos primero que recomponer nuestras vías de financiación, aumentar la recaudación de nuestros propios impuestos y la lucha contra el fraude fiscal. Todo eso se puede decir hoy que es un deber cumplido. Por un lado reducimos el paro, rebajamos deuda, aumentamos la financiación el Estado y la propia y colaboramos al crecimiento económico. Es un buen camino de futuro.
Esta legislatura, cuando termine, quedará como aquella en la que se produjo el reconocimiento del hecho diferencial canario por parte del Gobierno de España. Y en la que se plasmó al máximo nivel constitucional —en el Estatuto— ese reconocimiento, Y dejará también su huella el hecho de que hayamos sido capaces, entre todos, de aquí y de allá, de recomponer las crispadas relaciones con la Administración central, para entrar en un nuevo escenario de entendimiento. Porque es de justicia que los canarios participen en un sistema de financiación que les garantice los mismos derechos y servicios que cualquier otro ciudadano del Estado.
De ese árbol de entendimiento han crecido importantes frutos. Por ejemplo, la recuperación o el incremento de las partidas presupuestarias correspondientes a los convenios bilaterales. Todos ellos, carreteras, costas, obras hidráulicas, infraestructuras turísticas, infraestructuras educativas, vivienda o Plan Integral de Empleo, habían sufrido importantes recortes o fueron directamente suprimidos por culpa de la crisis, por lo que se había reducido significativamente la inversión pública en el Archipiélago. Pues bien, desde 2017 comenzaron a verse dotados económicamente de nuevo, situando a Canarias por primera vez en la media del Estado en inversión pública, tal como se establece en los artículos 95 y 96 de nuestro REF.
A todo esto hay que sumar algo más. Hemos tendido una autopista invisible que une el Archipiélago. Los residentes canarios podemos viajar hoy entre nuestras diferentes islas con una subvención del 75%. Ha sido un logro del nacionalismo canario —de Coalición y Nueva Canarias— que ahora están luchando por extender esa medida a los viajeros y mercancías que circulen entre Península y Canarias. Será un paso más para acercar este Archipiélago a la Europa de la que forma parte social y política. ¿Y habremos acabado? Ni mucho menos. Nos queda todavía un largo camino. Por eso hay que hacer como en los balances, aunque sean positivos, y decir: suma y sigue.
