Los acontecimientos judiciales en relación a la gran playa de Santa Cruz pusieron en 2017 el colofón a una etapa de crispación política.
Existe un comentario muy extendido entre quienes conocen los asuntos de la capital que se resume en pocas palabras: en Santa Cruz no suceden cosas nuevas, sino que es una ciudad que gira siempre sobre los mismos asuntos. Sin ser extremistas, lo cierto es que la realidad no se aleja mucho de esta afirmación, y en parte secunda un argumento sobre el que se abundará más adelante: la capital “es un muerto”.
El año 2017 pasará a la historia de Santa Cruz, en gran medida, por la playa que le da fama, para lo bueno y para lo malo. Pero, sobre todo, para esto último. Da igual que las intenciones que se tengan para el principal espacio de ocio al aire libre sean buenas o no porque siempre terminan chocando con su pasado. Un pasado oscuro. Muy oscuro.
Sirva como ejemplo el que muchos han definido como “el mayor caso de corrupción de Canarias”. Su nombre, evidentemente, lleva el de la playa chicharrera. En abril se conoció la sentencia (aún no es firme) que condenaba al ex alcalde Miguel Zerolo a siete años de prisión, y a cinco a los conocidos empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia. También a otros técnicos de la Gerencia de Urbanismo.
Por resumir algo el asunto, la Justicia, al menos en esta instancia, entendió probado que el ayuntamiento que presidía Zerolo compró los terrenos del frente de playa casi por tres veces más que el valor que habían establecido los técnicos municipales: 52,2 millones de euros frente a 19.
El fallo de la Audiencia Provincial comenzaba a cerrar un círculo sobre el ex regidor de la capital que había comenzado tres años antes con otra sentencia derivada de su gestión, en este caso por las obras del García Cabrera. En esa ocasión, el Tribunal Supremo condenó a Zerolo a ocho años de inhabilitación al entender que había prevaricado en la adjudicación de esos trabajos.
No obstante, no iba a ser este el único asunto con Las Teresitas como epicentro. Tras agotar los plazos al máximo, con advertencias, incluso, de la juez que instruía el caso, en septiembre comenzó, tres años después de la sentencia que dictó su derribo, la demolición de otra herencia de los gobiernos de Miguel Zerolo: el edificio de aparcamientos de la cabecera de la playa, conocido como Mamotreto.
Su caída era el final de un largo proceso que dejó en el camino a los primeros encarcelados de la era Zerolo, los ex concejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia, ambos aún en prisión, y la técnico de Infraestructuras Loreto Ariz.
De cualquier forma, y antes de que el edificio cayera, aunque esta vez en el terreno político, el Mamotreto hundió también al que por ese entonces ejercía como concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño (PP). Varias discrepancias con la forma en la que se defendió la sentencia del derribo, y su negativa a votar a favor de la licitación de las obras de la demolición pusieron punto y final (fue destituido por el alcalde) a su periplo en el gobierno municipal. En anécdota quedó su salto posterior a Ciudadanos tras renunciar al acta.
Precisamente, de Garcinuño fue otra de las decisiones que marcó un antes y un después de Las Teresitas: el cierre de los quioscos. Con el aval de la justicia, los chiringuitos “de toda la vida” fueron precintados poco a poco (solo quedó uno por un error) al carecer de licencia de apertura o título habilitante alguno que justificara su presencia en la playa.
Para salvaguardar la atención a los usuarios se autorizó, primero, la presencia de autobares, y, paralelamente, se abrió un concurso para poner en servicio ocho quioscos para la zona de arena.
Por cerrar el capítulo de la playa, 2017 sirvió para sentar las bases definitivas del Plan Especial de Ordenación del Frente de Las Teresitas, un documento que aún no se ha aprobado y que la oposición ha puesto en duda, más aún tras el varapalo del Plan General de Ordenación (PGO). Como curiosidad, el documento recoge un aparcamiento en la cabecera de playa similar al que fue destruido.
Sin lugar a dudas, la anulación del PGO fue otro de los grandes reveses que dejó el año 2017, cuestión que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) justificó por la ausencia de procedimiento de evaluación ambiental. Aunque el fallo no es firme y el ayuntamiento lo ha recurrido al Tribunal Supremo (TS), lo cierto es que la decisión judicial generó una incertidumbre con la que el consistorio ha tenido que lidiar cada día.
La economía marcha bien
Claro que, por ser justos, la anulación del planeamiento que se había aprobado en 2013 no ha afectado, al menos hasta el momento, a la evolución positiva, desde el punto de vista económico, que la capital ha experimentado en los últimos tres años. Si expansivo fue el presupuesto de 2016, más lo fue el del año pasado, que creció un 7% con respecto al anterior (246,3 millones). Otra cosa es la ejecución que se haya hecho de él. Pero para eso también hay matices.
A ese crecimiento de la economía, que ha situado a Santa Cruz como punta de lanza en generación de empleo en la Isla (se superaron los 11.000 nuevos contratos y bajó el paro en tres puntos), han contribuido los miles de cruceristas que arribaron a la capital a través de su puerto. Más de 800.000 lo hicieron en 2017, en una tendencia al alza que se ha mantenido en los primeros meses de 2018. A estos se unieron excursionistas y turistas alojados, haciendo de la capital un destino turístico en crecimiento. Que toque techo más pronto o más tarde dependerá de cómo se gestione.
En este despegue económico, y volviendo al principio, ha tenido también un papel importante la intención del ayuntamiento en generar actividad con la organización de celebraciones como el Plenilunio o los Ven a Santa Cruz. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, a la capital le ha costado (y le sigue costando) desprenderse del estigma que arrastra desde hace años: “es un muerto”. El propio edil de Promoción Económica, Alfonso Cabello, reconocía hace pocas fechas que era difícil cambiar las ideas preconcebidas. Bastante, dirían algunos.
Donde sí se produjo un cambio significativo durante 2017 fue en el parque García Sanabria. Tras una década de esfuerzos y varios rechazos, en septiembre, por fin, fue autorizada la activación de las cámaras de videovigilancia. Antes se habían sucedido varios ataques al patrimonio de la instalación que contribuyeron a precipitar la decisión final.
Precisamente, con una polémica sobre el patrimonio acabó el año. El ayuntamiento decidió llevar al Cabildo a los tribunales tras suspender este último la demolición de un inmueble de la calle Puerta Canseco, en el entorno de la calle Miraflores. Los primeros argumentaron “inseguridad jurídica” para tomar la decisión, que los segundos defendieron por los valores patrimoniales que, a su entender, tenía la vivienda.
Finalmente se adoptó una decisión salomónica entre ambas administraciones: no habría oposición al derribo de ese inmueble, ni al de otros dos que ya tenían licencia, pero una comisión mixta deberá analizar cómo actuar en los más de 500 que el Cabildo considera que deben estar catalogados.
Para lo que aún no hay una salida, al menos a corto plazo, es para el Monumento a Franco. Sistemáticas han sido las denuncias públicas que han hecho colectivos y partidos de la oposición por el incumplimiento, por parte del ayuntamiento, de la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, fue un abogado, Eduardo Ranz, el que optó por la vía judicial para forzar al consistorio. Por dejar una pincelada para el futuro, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha dejado entrever que la obra de Juan de Ávalos podría mantenerse en su lugar. Habrá que verlo.
