La ‘agenda canaria’, un paquete de medidas con las que compensar años en los la inversión del Estado llegó a las Islas con cuentagotas.
2017 demostró, una vez más, que la aritmética parlamentaria pesa más que la ideología y los programas electorales. El PP ganó las elecciones generales, pero no logró los diputados suficientes para gobernar en solitario. Eso obligó a Mariano Rajoy a buscar aliados a izquierda y derecha para mantenerse en la Moncloa y sacar adelante sus iniciativas, sobre todo los Presupuestos Generales del Estado.
Y ahí comenzó la búsqueda de apoyos. De un día para otro, Ciudadanos pasó de ser ninguneado en la calle Génova a convertirse en un socio, muchas veces incómodo, pero indispensable. Igual ocurrió con el PNV. A los vascos los convencieron con un cupo millonario que venían reclamando hace décadas.
Entonces, calculadora en mano, los populares hicieron cuentas y recurrieron a los nacionalistas canarios. Ana Oramas (CC) y Pedro Quevedo (NC) multiplicaron así su poder en la Carrera de San Jerónimo y lo hicieron valer en las mesas de negociación de los ministerios.
Llegó el turno de la denominada “agenda canaria”, que tantos titulares ha acaparado. Esa agenda que, a fin de cuentas, es un paquete de medidas con las que compensar años en los que gobernara el PP o el PSOE la inversión del Estado llegó a las Islas con cuentagotas… o no llegó. Esa agenda es un intento de poner punto y aparte a lo que muchos denominan el “maltrato a Canarias”.
Diferente estrategia
Y con ese objetivo la estrategia de las dos formaciones nacionalistas fue y sigue siendo muy diferente. Coalición Canaria eligió apoyar a Rajoy desde el debate de investidura pero recordando a cada paso que su acuerdo no era un “cheque en blanco”. Ana Oramas hizo valer su voto en los ministerios y se erigió en una valiosa aliada para los populares.
En cambio, Nueva Canarias optó por mantener las distancias con el PP. No en vano Pedro Quevedo se había presentado a las elecciones de la mano del PSOE. De ahí las críticas de sus compañeros de viaje socialistas por su respaldo a los presupuestos. Quevedo aguantó la presión y cambió su “no” inicial por un “si” en el último minuto, convirtiéndose en el tan nombrado diputado 176.
Cada una a su manera, las dos formaciones nacionalistas canarias volvían a cobrar mucho protagonismo en la política nacional. Casi tanto como cuando acuñaron el famoso lema “la voz de Canarias en Madrid” o los tiempos en los que Luis Mardones, con un solo voto, hacía y deshacía en la Carrera de San Jerónimo.
Los votos de Oramas y Quevedo se tradujeron en la recuperación de convenios, la reactivación del Estatuto de Autonomía, la desvinculación del REF de la financiación autonómica y el aumento de la subvención del transporte interinsular al 75%, por citar solamente algunas de las reivindicaciones históricas más relevantes.
Pero si Rajoy estaba en minoría en la Cámara Baja, Coalición Canaria estaba en la misma situación en la sede de Teobaldo Power tras la salida del PSOE del Ejecutivo en las navidades de 2016. Los nacionalistas necesitaban apoyos y ahí apareció en escena el PP canario.
Tras un serio amago de entrar en el Gobierno -que contaba con el visto bueno de Génova- los de Asier Antona, después de semanas de idas y venidas, preferían quedarse fuera del Ejecutivo.
Pero las negociaciones no acabaron ahí. Si alguien podía garantizar la estabilidad a los nacionalistas ese era Mariano Rajoy. En julio, durante un encuentro en Moncloa sin luz ni taquígrafos, el presidente del Gobierno español y el presidente del Gobierno canario sellaban un pacto que aseguraba a los nacionalistas la tranquilidad necesaria para afrontar el resto de la legislatura.
A partir de ese momento el papel de los populares canarios quedó claro. Debían respetar las decisiones de Génova pero sin perder su independencia para hacer política en las Islas. Asier Antona hizo valer sus siglas y se presentó como interlocutor directo con los ministerios, reclamando su cuota de responsabilidad y de éxito en esas partidas millonarias que comenzaban a llegar al Archipiélago.
Las carreteras de la polémica
De esas partidas una fue, sin duda, la que más quebraderos de cabeza generó y genera a todas las partes: el convenio de carreteras. Un contrato millonario con el que financiar nuevas infraestructuras viarias en las siete islas y que después de decenas de reuniones está en un cajón del Ministerio de Fomento a la espera de ser firmado sin que nadie explique claramente cuáles son las razones por las aún no se ha hecho.
Mientras tanto, la crisis catalana paralizaba la actividad política. 2017 pasará a la historia como el año en el que la política española se centró en arreglar los problemas de una parte del Estado mientras aparcaba los del resto. Porque el desafío secesionista ha tenido muchas consecuencias pero una de las más graves ha sido centrar la vida política hasta tal punto que no ha habido tiempo ni ganas de abordar otras cuestiones por muy urgentes que fueran.
Atrás quedó abrir el melón de la Constitución, esa reforma que desde Canarias siempre se ha visto como una oportunidad para incluir en la carta magna nuestra condición de región ultraperiférica, algo que ya reconoce la Unión Europea.
Tampoco se abordó la reforma del modelo territorial. Una propuesta cuyo objetivo era desbloquear la situación en Cataluña pero que con el paso de los meses quedó reducida a una comisión en el Congreso que, salvo sorpresas, no tiene visos de dar ningún resultado.
Ni siquiera se ha tratado en serio la reforma del sistema de financiación autonómica, un modelo que durante años ha dejado a las islas con una inversión media por habitante inferior al resto de las regiones.
Las más que buenas relaciones entre el Gobierno central y el Gobierno canario no han podido superar el monopolio catalán. Sólo en los últimos meses de 2017 algunos asuntos han logrado colarse en el apretado calendario parlamentario. Entre ellos la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Su tramitación se había ido retrasando por discrepancias con el Estado sobre la constitucionalidad de algunas competencias, así como por algún que otro problema técnico que planteaba el Ministerio de Hacienda al anclaje del REF.
Pero tras su entrada en las Cortes parece que se han superado todos los obstáculos y la ponencia que debate el texto elaborado por el parlamento canario avanza a buen ritmo. Al menos mientras se deje a un lado la reforma del sistema electoral canario. Ese es el principal escollo para que Canarias cuente con un nuevo Estatuto.
Las diferencias entre los partidos para encontrar un sistema que contente a todos se dirimirán en la comisión constitucional de la cámara baja. Si en ese foro no se alcanza un consenso las promesas de que el Estatuto esté aprobado antes de que finalice 2018 quedarán en eso, en meras promesas. Y Canarias podría dejar pasar una oportunidad de oro de lograr un Estatuto de nueva generación que nos coloque en el lugar que nos corresponde.
