Las tres cicatrices de Venezuela

El ‘Viernes Negro’ de 1983, el ‘Caracazo’ de 1989 y el largo gobierno chavista definen la actual y caótica situación de la Octava Isla.

Hay tres episodios de tipo político que marcan la historia de Venezuela, de manera casi definitiva, en los últimos cincuenta años. Tres fechas, siempre en febrero, que se recuerdan en Canarias casi tanto como en la propia patria de Bolívar que, desde 1948 hasta 1986, absorbió mano de obra isleña, sin apenas cualificación profesional, en número superior a 150.000 personas.

La primera fecha a la que aludimos es la del 18 de febrero de 1983, cuando tuvo lugar el llamado Viernes Negro que acabó de golpe con el milagro económico venezolano y supuso la pérdida de cuantiosas entradas de divisas a las Islas Canarias, que se invertían en la roturación de fincas para la siembra de plataneras en Tenerife, La Gomera y La Palma y la construcción de edificios y apertura de negocios de diversa índole en todo el Archipiélago. Hasta ese día el dólar se cotizaba libremente en el país al valor de 4,30 bolívares, un cambio que había sido establecido en 1961 por el Gobierno de Rómulo Betancourt. Al Viernes Negro de Venezuela le anteceden hechos tales como la caída del 30% de los precios del petróleo en los últimos dos años, el endeudamiento público y la corrupción que produjeron una fuga de capitales de casi 8.000 millones de dólares y el descenso de las reservas internacionales de divisas. A partir de 1983 la Administración de Luis Herrera establece un mecanismo de intervención directa en los tipos de cambio, el RECADI, que de una manera u otra ha guiado a todos los gobiernos de Venezuela hasta la actualidad y que ha supuesto altísimas tasas de interés, alta inflación (actualmente la más alta de todo el mundo), devaluación gigantesca, fuga de capitales y corrupción.

La segunda fecha referencial es la del 27 de febrero de 1989, el denominado Caracazo, que se produce como consecuencia de un grupo de medidas de ajuste, el paquete económico, impuesto por el FMI y ejecutado por el presidente Carlos Andrés Pérez, que suponía la liberación de las tasas de interés y de la tasa de cambio preferencial, la liberación de los precios de casi todos los productos de primera necesidad, el incremento de las tarifas de servicios y transporte público y el aumento del precio de la gasolina. Las protestas populares y disturbios en Caracas y todo el país, con saqueos e incendios de tiendas, produjo la intervención de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, que dieron muerte a más de 4.000 personas.

Para los residentes canarios en Venezuela, emigrados mayoritariamente en los años 50, 60 y 70 del pasado siglo, no hubo sensación de inestabilidad irreversible hasta los acontecimientos de 1989. Hasta ese momento se pensaba que la pérdida de poder del democristiano de Copei, Luis Herrera Campins, y la entrada al Gobierno de los socialdemócratas de Acción Democrática, hegemónicos en la historia de la política de Venezuela a partir de 1945, con Jaime Lusinchi, primero, y Carlos Andrés Pérez, después, iba a suponer el renacimiento de la Venezuela rica, la del bolívar apreciado y la vuelta al paraíso del consumo desorbitado.

Las causas que motivaron el Caracazo, los saqueos y las muertes a manos de militares y policías y las desastrosas políticas económicas que descompusieron aún más el tejido social, crearon un estado anímico de inseguridad total en la sociedad venezolana, que comenzó paulatinamente a entrar en decadencia. Las desigualdades sociales se fueron agigantando y la pobreza alcanzó a casi toda la clase media.

Estas circunstancias empezaron a movilizar a las entidades gubernamentales de Europa, que pusieron en marcha acciones encaminadas a la mejora de la calidad de vida de los residentes europeos en Venezuela, que, con decenios de vida en ese país de acogida, con hijos y propiedades, se resistían a abandonarlo. Los Gobiernos de España, Portugal e Italia, la Xunta de Galicia o el Gobierno de Canarias realizaron ajustes en sus presupuestos y elaboraron leyes de apoyo a residentes con dificultades económicas.

Y en eso llegó Chávez

La tercera fecha determinante para entender la situación de los residentes canarios en Venezuela es la del 4 de febrero de 1992, cuando un teniente coronel, llamado Hugo Chávez, que comandaba una Brigada de Paracaidistas, lideró una rebelión militar en acuartelamientos de Caracas, Maracaibo, Valencia y Maracay. Con gran apoyo popular, propuestas populistas y carisma personal, Hugo Chávez lideró un movimiento revolucionario que comenzó su primer gobierno el 2 de febrero de 1999 y que permanece en el poder.

El resultado de estos 19 años de gobierno chavista, que ha impuesto medidas de absoluto control económico por parte del Estado, generó en los primeros años de mandato ciertas expectativas positivas al implementar algunas medidas de contenido social, las misiones, que acercaron por primera vez a la empobrecida población venezolana a los repartos de los beneficios del petróleo que, en los primeros años de Gobierno de Chávez, llegó a triplicar su valor de mercado.

Duró poco el milagro revolucionario del socialismo del siglo XXI: crisis financiera, escasez de alimentos y medicinas, cierre de empresas, inflación, falta de divisas y de dinero circulante marcan hoy la vida de un pueblo que sufre las consecuencias de una gestión desastrosa. La gente que recuerda el Caracazo de 1989 desearía tener la décima parte de las condiciones de vida de entonces. Un euro de 1980 se cotizaba a 5 bolívares. Hoy se paga a 550.000.000 bolívares de la época en el mercado paralelo. Los pensionistas cobran unos tres euros al mes y no se encuentran productos de la canasta básica sino a precios imposibles. Y, además, hoy en Venezuela siguen perviviendo las mismas desigualdades sociales: los empresarios que han sabido ganarse la simpatías del Gobierno siguen pagando sueldos de miseria en el país que iba a ser modelo panamericanista.

El impacto sobre los isleños

En la década de los noventa, los isleños se resistían a dejar el país que les dio acogida esperando que el problema de seguridad y las dificultades económicas se fueran diluyendo. Hoy han perdido todas las esperanzas, y los que pueden se van de Venezuela. Los primeros que abandonan son los profesionales cualificados: médicos, ingenieros, economistas…, que dejan a un país en quiebra social y económica. De La Palma marcharon a Venezuela unos 35.000 trabajadores desde 1948. Algunos regresaron antes del Viernes Negro, pero la mayoría quedó en aquel país de oportunidades. Hoy, sus hijos y nietos, amparados por la ley que les otorga la nacionalidad española, vienen a nuestro país huyendo de una realidad sin futuro.

España no tiene en toda la geografía venezolana sino un consulado general situado en en Caracas, algo incomprensible que hace sufrir varios días de viaje por un país sin medios seguros de transporte a los españoles del interior que necesitan de este servicio público. Una vez hechos los trámites consulares, muchos tienen la oportunidad de dirigirse a lugares económicamente activos de las Islas Canarias, la Península o Europa.

Pero quedan decenas de miles de isleños, sobre todo descendientes de primera y segunda generación, sin posibilidades económicas, sin reclamos familiares y desasistidos de la suerte, que se aferran a los Hogares Canarios o Hispanos de Venezuela esperando por medicinas y alguna ayuda para alimentos que puedan aminorar sus desgracias.

Aquí, en Canarias, también hay muchos problemas sociales por resolver que, sin embargo no debería hacernos mirar hacia otro lado: la miseria en Venezuela, ahora, es distinta, es de solemnidad y los poderes públicos de Canarias y España no deben abandonar a su suerte a los compatriotas que no pueden salir.

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