Los partidos parecen no entender que alterar los gobiernos locales e insulares es un error que acaban pagando los ciudadanos.
Los pactos en cascada están en horas bajas, y no lo digo yo, pues basta leer muchos de los titulares que nos han dejado nuestros dirigentes políticos en esta última legislatura para confirmar que esta opción, a pesar de estar en la agenda política, es apoyada cada vez menos por los citados responsables públicos. A tenor de los acontecimientos que han tenido lugar en Canarias en los últimos años, vemos que hay un problema grave de desmemoria cuando una y otra vez se repite la idea de pactos regionales que se reproducen en cada isla y en cada municipio. Siempre han existido voces discrepantes, pero parece que ahora, por poner un ejemplo, los socialistas, tras haber reeditado esta opción en varias ocasiones con Coalición Canaria, reniegan de ella. La pregunta es clara: ¿cómo hemos llegado a aborrecer este tipo de alianza? ¿Se extinguirán pasado mayo de 2019?
Empecemos por recapitular y poner la vista en 2015, cuando Coalición Canaria y el Partido Socialista Canario confeccionaron un uniforme que sirviese para el Gobierno regional, Ayuntamientos y Cabildos alcanzando un acuerdo global coloquialmente conocido como “pacto en cascada”.
Nuestros dirigentes mostraban ya un claro egoísmo e incoherencia. En muchos de nuestros pueblos (lo sabe cualquier vecino) no se vota a un partido, se elige a la persona; y las diferencias, si existen, no son ideológicas sino personales, en muchos casos anteriores a la política, lo que provoca que haya pactos que por más que se quieran imponer sean imposibles de clonar.
Sin embargo, aquí al parecer no prima la estabilidad y el disfrute de cuatro años de tranquilidad desarrollando el programa electoral del equipo de gobierno, sino las ganas de nuestros dirigentes de asegurarse un sillón, y la ambición que condena a pueblos enteros a que el fantasma de la moción de censura planee en cada movimiento.
La inestabilidad crónica
La cuestión que parecen no entender es que alterar los gobiernos locales e insulares es un error que acaban pagando sí o sí los ciudadanos. Y el planteamiento más que lógico, si estamos pensando en el electorado, es que si los pactos funcionan y los vecinos están satisfechos no es lógico que desde arriba venga una orden que vaya en contra del interés general. Por todo lo anterior, los años de matrimonio mal avenido se han traducido en mociones de censura, como la que vimos en Granadilla, contra el partido socialista, en septiembre de 2016.
No fue una sorpresa para nadie cuando se rebelaron desde el ámbito local, desoyendo las directrices de sus jefes de fila en una acción que removió cimientos a nivel regional. Muchos, desde ese instante, vieron el final del acuerdo que sustentaba el Ejecutivo regional, aunque como comprobamos posteriormente ni el PSC rompió nada ni CC castigó la indisciplina –como la calificaron– de sus concejales. Dimes y diretes, acusaciones de todo tipo por ambas partes en prensa pero, en resumen, rien de rien.
Otro foco importante del incumplimiento fue el de Puerto de la Cruz, donde no se hizo extensivo el acuerdo en cascada de otras instituciones públicas y desde un primer momento se cerró una alianza entre nacionalistas y populares. En noviembre de 2016, además, Coalición Canaria hizo oídos sordos de las peticiones que llegaban desde las altas esferas rechazando apoyar una moción de censura contra Lope Afonso, del Partido Popular, con el fin de cumplir una de las exigencias socialistas para continuar con el pacto regional que mantenían con los nacionalistas. Viendo esto, es normal plantearse qué autoridad tienen los partidos, si ni los suyos obedecen a las disciplinas que les imponen.
Sin duda, la tensión generada por los acuerdos en cascada en todo lo narrado fue determinante para la ruptura del Gobierno autonómico y en diciembre de 2016 se produjo la salida del ejecutivo de los consejeros socialistas.
Los socialistas intentaron evitar a toda costa que llegase el día de su salida del Ejecutivo, y con Patricia Hernández al frente soportaron todo tipo de deslealtades —dignas de los más estoicos—, porque, en palabras de un histórico socialista como el gomero Julio Cruz: ¿qué es una raya más para un tigre?. No sé sabe bien si no se fueron antes porque quería mantener su puesto y su sueldo, o porque eran férreos defensores de su importante labor como parte del Gobierno de Canarias. Sí es cierto que muchos de los afiliados vieron bien que la vicepresidenta aguantase el tipo y no cediese ante su socio, Fernando Clavijo. Otros pasaron vergüenza de ver el trato que recibían en el Ejecutivo y que no se pusiesen en su sitio frente a Coalición Canaria.
Patricia Hernández, en el epicentro
Sin embargo, en la renovación que está sufriendo la dirección regional del PSC, ante años de inoperancia por parte del anterior secretario general, José Miguel Pérez, la pugna final para liderar el partido no fue para Patricia Hernández. Este hecho hace que su futuro a largo plazo sea incierto; y a pesar de llegar a ocupar la vicepresidencia del Gobierno y la residencia oficial, la dirigente tinerfeña no tiene garantizado estar en los puestos de salida de cara a las próximas elecciones en 2019, aun siendo la favorita a la que sus fieles sitúan como “la mejor candidata de cara a la ciudadanía”.
No obstante, antes de finalizar, si existe un municipio que ha acumulado titulares de prensa desde el inicio de la legislatura, con visos de inestabilidad y de enfrentamiento permanente entre socios de gobierno, es San Cristóbal de La Laguna.
Los repetidos incumplimientos de los socialistas laguneros, principalmente el que fuera su primer teniente de alcalde, el díscolo Javier Abreu, provocaron que el alcalde, José Alberto Díaz, le cesara de sus funciones en el Consejo de Gobierno municipal y crease una escisión en el equipo socialista que el mismo Abreu lideraba, presentándose dos facciones: la oficialista, defendida por Mónica Martín, y la segunda por el propio Abreu.
Javier Abreu siempre ha presumido de no callarse e ir con la verdad por delante, de no doblegarse ante nadie, y todo esto lo ha definido como una persona que incomoda y mucho, no solo en su partido sino también en otros. Es la única forma bajo la que se puede entender que su propio partido, el PSOE, tomase medidas porque los nacionalistas se sentían incómodos con su comportamiento.
El futuro se antoja a todas luces muy incierto para algunos políticos socialistas que, enarbolando la bandera de la lealtad, quisieron hacer suya esa propia bandera, aunque la oficial, que es la de Ferraz, a veces fuera desdeñada.
¿Qué deparará el destino para los políticos díscolos, atravesados o sencillamente que van a su bola? Pues lo más probable es que les pase como les ocurrió a Audax, Ditalcos y Minuros (lugartenientes del líder de la tribu de los lusitanos Viriato) cuando fueron a recoger la recompensa por haber asesinado a su jefe, y es que se encuentren con otro Cepión, que les espete: Roma traditoribus non praemiat. Roma no paga a traidores.
