Canarias afronta un momento crucial. Tras más de un año de pandemia sanitaria, derivada en una crisis social, debemos afrontar estos próximos años como una oportunidad para transformar nuestro sistema de protección social. Partíamos de una situación muy compleja, tal y como refleja el informe El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008–2019, que se presentó en octubre de 2020, en el que se exponía que el 35% de la población canaria estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone en términos absolutos unas 773.053 personas residentes en las Islas. Tras la COVID-19, esas cifras aumentaron.
Por eso, el objetivo de la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias trabaja, desde todos sus ámbitos, en el reparto más equilibrado y equitativo de la riqueza entre la ciudadanía siguiendo unos principios de justicia y solidaridad. Soy consciente de que la justicia comienza desde nuestros espacios más cercanos, desde nuestro pequeño círculo de acción. Desde esta Consejería lo tenemos claro y por eso siempre hemos intentado estar a pie de calle, no perderle el pulso a la gente, estar cerca de lo que se respira.
Estoy segura de que lo que más puede doler a una familia es no poder contar con los recursos necesarios para alimentar a sus hijas e hijos. La situación generada por la pandemia nos mostró la cara más dura de la realidad económica y social de nuestro Archipiélago, una realidad que nos hablaba de economías familiares muchas veces en precario, dependientes de la ayuda pública y vinculada, en muchas ocasiones, al sector servicios, precisamente, uno de los más castigados.
Por eso, y con el fin de paliar en la medida de lo posible la crisis social que trajo consigo el Covid-19, el Gobierno aprobó el Ingreso Canario de Emergencia, una ayuda que llegó a más de 28.000 personas, en dos pagos. Además, se concedió una ayuda extraordinaria de 250 euros que llegó a más de 51.000 personas beneficiarias de las Pensiones no contributivas, las del Fondo de asistencia social y las del Subsidio de garantía de ingresos mínimos, así como las de la Prestación Canaria de Inserción, con el fin ayudar económicamente a las familias en peor situación de vulnerabilidad social a hacer frente a gastos como la compra de mascarillas, geles hidroalcohólicos y guantes. De forma paralela, impulsamos el reparto de mascarillas, más de medio millón, entre la ciudadanía que no podía afrontar su coste.
Con el fin de ofrecer una mayor protección a las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción, se impulsó la modificación de la Ley que la regula lo que permitió agilizar y reducir los trámites administrativos, a la par que avanzamos en el impulso de la Ley de Renta Ciudadana que vendrá a reconocer una prestación de carácter universal para las personas y familias que lo necesiten.
En periodo de crisis social, las ayudas para paliar sus efectos son fundamentales. De ahí que se hayan incrementado en los últimos años de forma paulatina las partidas para financiar los servicios sociales municipales, puerta de entrada a las familias que más lo necesitan, llegando hasta los 35,2 millones de euros en 2021, un 70% más que en 2020.
En este panorama, la protección a nuestros colectivos más vulnerables y dependientes no se hizo esperar. Con este objetivo, se ha impulsado un plan que supone un cambio de modelos de cuidados como la apuesta firme del Gobierno canario dirigido a garantizar un envejecimiento activo en Canarias, además, se ha ampliado los plazos de ejecución del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, ralentizado por la pandemia, y se ha contratado a un centenar de técnicos que agilizarán la resolución de los expedientes de dependencia y ayudarán a reducir las listas de espera.
La erradicación de las violencias machistas y la protección de las víctimas ha sido también una de nuestras prioridades, especialmente, durante el confinamiento cuando cientos de mujeres tuvieron que vivir con sus agresores 24 horas al día. De ahí la puesta en marcha, junto a los Colegios de Farmacéuticos canarios, del protocolo de actuación Mascarilla-19 que se ha establecido como referente en más de una veintena de países. Estas medidas se suman a las puestas en marcha para impulsar la participación de la juventud canaria así como para visibilizar al colectivo LGBTI y configurar una ayuda, por vez primera, para las personas que sufrieron represalias por su pertenencia sexual.
Sin duda, el fenómeno de la migración ha sido uno de los más mediáticos y constantes de los dos últimos años. Como lo hicieron nuestras abuelas y abuelos, las personas migrantes solo buscan una oportunidad de vida mejor. Sin duda, la cara más trágica del fenómeno son las decenas de muertos en el mar que rodea las Islas Canarias, pero también la acuciante necesidad que hace que su población más joven y capaz, los niños y niñas, el futuro de esos países, se juegue la vida a bordo de una patera. Cuando llegan a las Islas, su atención es inmediata y eficaz. Canarias cuenta con una treintena de recursos y hogares para la acogida y atención de los casi de 2.600 menores migrantes no acompañados.
Los retos son muchos; la voluntad y las ideas de trabajo, también lo son. Creo firmemente que la persona que decide dedicar parta de su vida a la política debe mirar siempre para fuera, no perder el pulso de la calle, saber cuáles son las necesidades de nuestra gente. Y el equipo de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud desde su constitución siempre ha procurado caminar junto a los que más lo necesitan. En esa senda continuaremos.
