La gestión política en áreas tan sensibles como las infraestructuras públicas, el transporte o la vivienda ha estado marcada en los dos primeros años de legislatura, 2019-2020, por los tres pilares sobre los que se asienta el Gobierno de progreso del Partido Socialista, con Ángel Víctor Torres al frente: trabajar por una Canarias más justa en lo social, más solidaria en lo económico y más sostenible en su territorio.
Pese a que la crisis del coronavirus ha alterado muchas de las previsiones que nos habíamos marcado inicialmente, hemos sido capaces no solo de continuar con la gestión de los proyectos ya iniciados, sino de impulsar, al mismo tiempo, nuevas acciones, como el desarrollo de un nuevo Plan de Vivienda, con el que damos una respuesta contundente a algunas de las carencias que la Comunidad Autónoma de Canarias ha venido arrastrando en la última década; o la activación de otros proyectos para garantizar la movilidad y el desarrollo de infraestructuras públicas esenciales para el Archipiélago.
Una Canarias mejor conectada
Nuestro objetivo inicial desde el principio fue el de planificar para evitar los errores del pasado, desarrollando un trabajo ordenado, consensuado y coordinado con todas las administraciones, a todos los niveles, para evitar distorsiones.
Fruto de ello, hemos adjudicado, o estamos en proceso de hacerlo, más de 14 obras viarias en casi todas las islas y hay 20 actuaciones ya en marcha en carreteras generales o túneles. Hemos desatascado proyectos vitales que estaban atrapados en una maraña jurídica o burocrática, como la segunda fase de la Carretera de La Aldea o el cierre del anillo insular entre Santiago del Teide y El Tanque.
En materia de vivienda hemos puesto los cimientos para acabar con una deuda histórica causada por una década de gobiernos con muy poca ambición
Al mismo tiempo, hemos conseguido mejorar los niveles de ejecución, pasando de los poco más de 60 millones de euros que se ejecutaron en 2018 y 2019, a los 104 millones de 2020, una cifra récord en inversión pública con la que se contribuye a generar riqueza y empleo en un año marcado por la inestabilidad económica.
Este impulso de la inversión ha sido posible, entre otras cosas, por las negociaciones mantenidas con el Gobierno de España para desatascar el convenio de carreteras con el Estado, liquidando la deuda pendiente y asegurando las inversiones hasta 2027.
Junto al transporte terrestre, también trabajamos para potenciar el marítimo, con una inversión media anual de veinte millones de euros destinados a mejorar, ampliar y modernizar la red de puertos de titularidad autonómica.
En los últimos dos años también hemos activado proyectos para garantizar la movilidad de los canarios, un compromiso irrenunciable que supone invertir y concluir los ejes transinsulares de infraestructuras de transportes, que comprenden instalaciones portuarias, aeroportuarias y de carreteras, integrándolas en nodos intermodales que interconecten con los sistemas de transportes continentales, procurando la integración del Archipiélago en el mercado único europeo.
Desde el departamento de Transportes nos hemos empleado desde el primer minuto en trabajar por una mayor cohesión socioeconómica de Canarias, para compensar las consecuencias de la lejanía y la doble insularidad del Archipiélago. En este contexto y durante la pandemia por la COVID-19, apoyamos económicamente a todas las empresas de transporte que operan en las islas, con el fin de garantizar la conectividad básica de los residentes. Un apoyo que continuaremos prestando a los colectivos y empresas de transporte mientras se reactiva su actividad.
Al mismo tiempo, hemos establecido nuevas alianzas con el resto de territorios extrapeninsulares para consolidar uno de nuestros derechos recogidos en el nuevo Estatuto de Autonomía y en el REF, como es el de garantizar la conectividad de todos los canarios y canarias, a través de la subvención del 75% de descuento en el precio de los billetes de avión y barco.
Asimismo, en materia de vivienda hemos puesto los cimientos para acabar con una deuda histórica causada por una década de gobiernos con muy poca ambición en este sentido.
Ante esta coyuntura, organizamos la participación de todos los actores implicados y de todos los grupos políticos para rubricar un pacto autonómico por el derecho a la vivienda digna en Canarias, conformando la hoja de ruta del nuevo Plan Integral de Vivienda (2020-2025).
El objetivo de este plan es defender la función social de la vivienda y englobar y consensuar aquellas medidas que garanticen el derecho efectivo a una vivienda digna. El plan contempla una inversión de 664 millones de euros en seis años, en los cuales se llevarán a cabo más de 88.000 actuaciones relacionadas con la vivienda, ya sea de construcción de nuevas viviendas o de subvenciones a personas con pocos recursos.
No cabe duda de que el último bienio ha sido atípico, por todas las adversidades a las que hemos tenido que hacer frente; sin embargo, hemos sido capaces de convertir la crisis en oportunidad, impulsando acciones, basadas en el diálogo y en el consenso, que nos están permitiendo avanzar hacia una Canarias más próspera y con más y mejores oportunidades.
