Las evaluaciones del ITCanarias se refieren al estado y a la calidad de los portales de transparencia. En 2020 el número de expedientes creció de manera considerable
El equipo del Comisionado de Transparencia duplicó su actividad en 2020 con 1071 expedientes administrativos de defensa de la transparencia, un 100,5% más que en 2019, cuando se habían afrontado 534; a pesar de las dificultades del confinamiento debido al COVID-19. Tal crecimiento durante el año 2020 fue posible por el alto grado de gestión digital de sus procedimientos y por la intensa colaboración de los más de 800 funcionarios de todas las instituciones canarias y trabajadores de empresas subvencionadas. Ello posibilitó la evaluación en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de 661 entidades a través de la aplicación telemática T-Canaria. Y en el presente año 2021, cuando analizamos el ejercicio de 2020, el número de evaluaciones de transparencia va a ser superior a las 950 de entidades públicas y privadas: es decir, en dos años se triplican gracias a la cada año más ajustada digitalización de todo el proceso y a la colaboración externa de los declarantes.
La puntuación media en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de los 336 portales de transparencia públicos pasó de 3,14 puntos en 2016 a los 6,46 de la última evaluación el año 2019, impulsada por la persistente autoevaluación anual de las instituciones.
Asimismo, en 2020 se recibieron 386 reclamaciones de ciudadanos a los que alguna de las 336 instituciones o entidades públicas canarias les denegó una o varias peticiones de información. En los seis primeros ejercicios, el Comisionado de Transparencia ha aprobado 1095 resoluciones de derecho de acceso, de las que 9 han sido recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias; sin que hasta ahora ninguna de las sentencias haya resultado desfavorable o haya implicado la revisión o anulación de las resoluciones del órgano garante.
Por los indicios en la primera mitad de 2021 se van a incrementar en más de un 50% el número de expedientes abordados por la mayor demanda informativa; ya que los derechos de las nuevas normas de transparencia van siendo progresivamente más conocidos. En este sentido, el Comisionado realizó en 2020 la primera campaña institucional sobre derecho de acceso a la información realizada en Canarias en estos años, centrada sobre todo en más de mil cuñas de radio, bajo el lema “Canario conoce tu derecho a saber y a preguntar”.
La puntuación media en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de los 336 portales de transparencia públicos pasó de 3,14 puntos en 2016 a los 6,46 de la última evaluación el año 2019, impulsada por la persistente autoevaluación anual de las instituciones
En la tabla 1 se muestra un resumen de la actividad del órgano garante desde su creación en el último cuatrimestre del año 2015 hasta final de 2020.
La tabla refleja el conjunto de los 2588 expedientes administrativos abordados en el periodo 2015-2020, a los que se suman en esta ocasión 2002 actividades centradas sobre todo en consultas y formación; hasta un total de 4590 asuntos tratados, principalmente a través de la sede electrónica https://sede.transparenciacanarias.org/
Las evaluaciones del ITCanarias realizadas cada año se refieren al estado y a la calidad de los portales de transparencia en el ejercicio anterior. En 2020 el número de expedientes de evaluación de portales creció de manera considerable, al incluir por primera vez a los sujetos obligados privados con mayores ayudas o subvenciones públicas.
Reclamaciones presentadas
En 2020 se registraron en el Comisionado 386 reclamaciones [ se resolvieron 364] frente a las 244 presentadas en 2019 contra la supuesta falta de información recibida ante las preguntas de la ciudadanía a las administraciones canarias. Más del 84% de las personas con reclamaciones admitidas obtuvieron una resolución favorable a sus demandas.
En el conjunto de los seis primeros años de recorrido del Comisionado como órgano garante de la transparencia en Canarias – desde 2015 hasta 2020–, se han recibido 1251 reclamaciones. El primer año se computaron tan solo 18 y han ido progresivamente aumentando: 91 en 2016; 154 en 2017; 355 en 2018; 244 en 2019, y 386 en 2020.
En conjunto, los ayuntamientos fueron las entidades a las que la ciudadanía presentó más reclamaciones por derecho de acceso a la información ante el Comisionado en al año 2020: en total, 195 reclamaciones contra 48 ayuntamientos –frente a las 117 reclamaciones y 41 ayuntamientos del año 2019–. Se ha producido, por tanto, un aumento del 66,67% con respecto a las reclamaciones registradas en el año 2019, y de un 17,07% en el número de ayuntamientos afectados.
La Administración pública de la Comunidad Autónoma y sus entes dependientes suscitaron en 2020 un total de 151 reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia, frente a las 66 de 2019: se trata de un incremento notable del 128%. Encabezan la tabla la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con 37 reclamaciones y la Consejería de Sanidad con 20. Les siguen a distancia, pero también con un número alto de reclamaciones, la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan) y la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
En referencia a los cabildos y sus entidades dependientes o vinculadas se anotaron en 2020 37 reclamaciones frente a las 49 del año anterior, es decir, una disminución del 32,43%. El Cabildo Insular de Gran Canaria, con 12, y los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, con 9, fueron las entidades insulares respecto de las cuales se recibieron más reclamaciones.
Finalmente, se registraron 6 reclamaciones relativas a las universidades y otras corporaciones, frente a las 11 del ejercicio precedente.
En Canarias se registró en el año 2016 una ratio de 4,3 reclamaciones por cada 100.000 habitantes. La ratio se redujo en Canarias en el año 2019 a 11,3 para volver a subir con fuerza en 2020 a 17,9
En las reclamaciones sobre ayuntamientos, en 2020 se presentaron 103 reclamaciones que conciernían a municipios de Gran Canaria y que representan el 52,82% del total en Canarias, mientras que las 36 reclamaciones frente a ayuntamientos tinerfeños solo suponen el 18,46% del total. Siguen Lanzarote, con 22 reclamaciones; Fuerteventura, con 18, y La Gomera con 15. La Palma solo cuenta con una reclamación y El Hierro no registra ninguna.
En particular, en la última tabla del capítulo 5 de cada informe anual se observa el progresivo crecimiento de las ratios de reclamaciones de derecho de acceso por cada 100.000 habitantes en todo el país en todas las comunidades autónomas (no computadas las de la Administración General del Estado), a medida que la ciudadanía conoce mejor los nuevos derechos y posibilidades que le otorgan las normas reguladoras de la transparencia y el derecho de acceso.
En Canarias se registró en el año 2016 una ratio de 4,3 reclamaciones por cada 100.000 habitantes (3,1 como media de las autonomías), que se elevó a 7,3 reclamaciones en 2017 (frente a 5,4 como media de las autonomías). La ratio se redujo en Canarias en el año 2019 a 11,3 para volver a subir con fuerza en 2020 a 17,9.
Evaluación: Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias)
En el análisis del año pasado sobre el ejercicio de 2019 se incorporaron a la evaluación a las 66 corporaciones de derecho público de Canarias, es decir, a los colegios profesionales y a las cámaras de comercio. De esta forma, por primera vez en la Comunidad Autónoma de Canarias se emplazó a autoevaluarse y rendir cuentas sobre su propia transparencia a las entidades públicas incluidas en la Ley 12/2014 de Transparencia de Canarias. De las 66 corporaciones, 46 contestaron los requerimientos del Comisionado; es decir, el 69,70%.
Igualmente, en este último informe también se solicitó la participación de las 487 entidades privadas que recibieron ayudas y subvenciones por importes acumulados superiores a 60.000 euros del Gobierno de Canarias. De esta manera, se comenzó a evaluar también por primera vez en la Comunidad Autónoma a parte de los sujetos obligados incluidos en el artículo 3 de la Ley 12/2014; hecho que no ha ocurrido aún en ninguna otra comunidad o ciudad autónoma de España. De las 487 entidades, las cuales percibieron un total de 174 565 338,99 euros, presentaron la declaración de transparencia 293, esto es, el 60,16% de los sujetos privados obligados.
En el siguiente gráfico se puede ver la evolución del número de entidades emplazadas a presentar su declaración de transparencia frente al número de entidades finalmente evaluadas en el Indice de Transparencia de Canarias (ITCanarias)
Si analizamos únicamente a las entidades del sector público, es decir, a las 98 instituciones principales (Comunidad Autónoma, cabildos, ayuntamientos y universidades) y a sus entidades dependientes, se puede comprobar que el esfuerzo realizado sí se vio reflejado en el último informe en las puntuaciones del ITCanarias, al contrario de lo que ocurría en el anterior, en el que se observaba un aumento de portales de transparencia, pero no un avance significativo de las notas. En 2016, la nota media de las 96 instituciones principales fue 3,14 puntos. Al año siguiente alcanzaron el 5,47, siendo por tanto el primer año en que superaban el aprobado. En el informe de 2018 la nota media disminuyó ligeramente hasta los 5,36 puntos, principalmente porque los ayuntamientos realizaron un mayor esfuerzo por implicar a sus entidades dependientes en la evaluación. Finalmente, en el informe de 2019 el conjunto de las 96 administraciones públicas canarias alcanzó una nota media del ITCanarias de 6,76 puntos. Ello confirma los positivos efectos de la evaluación anual en el avance de la publicidad activa en las islas.
Si se analizan las puntuaciones teniendo en cuenta también la población correspondiente a cada Administración, el conjunto de las 96 instituciones alcanzó una media ponderada casi de sobresaliente: 8,87 puntos, más de tres puntos por encima del valor obtenido en 2016. Por lo tanto, la población canaria en general puede disfrutar de un muy buen nivel de transparencia activa.
En la siguiente tabla se pueden encontrar las medias aritmética y ponderada según el peso poblacional de los tres tipos de Administración que existen en la Comunidad Autónoma, así como las medias totales.
Una nueva aplicación de asesoramiento: Medidor de Transparencia evalúa-T
Las leyes de transparencia aprobadas en España sentaron las bases para que se pudiera realizar el cambio institucional y cultural hacia una mayor apertura informativa. No basta con que se produzca un cambio institucional, sino que también es necesario un cambio cultural y social. El desconocimiento de la población de las leyes de transparencia, así como de su derecho a la información pública, continúa siendo elevado siete años después de la aprobación de la Ley 19/2013, lo que se ve reflejado en la escasa participación ciudadana en esta materia.
Por ello, el Comisionado de Transparencia ha desarrollado una plataforma de autoevaluación abierta, denominada evalúa-T. Se trata de un entorno colaborativo basado en la aplicación T-Canaria que el órgano garante utiliza para evaluar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las leyes de transparencia canarias. Se diseñó en código abierto con el objetivo de ponerlo a disposición de cualquier otro órgano garante de la transparencia de España, ya que permite la fácil adaptación de su algoritmo a los mapas de obligaciones informativas de cada ámbito territorial.
Por su carácter abierto, esta plataforma permite a cualquier entidad censada autoevaluarse y comprobar su nivel de transparencia en un entorno privado, empleando tanto la Ley estatal como cualquier otra Ley registrada en la aplicación. El objetivo es que las organizaciones públicas y privadas puedan usarlas para su permanente autoevaluación y establecer hojas de ruta que les posibiliten mejorar sus niveles de transparencia progresivamente.
