Invisibilizar al sector de la construcción, en todas sus acepciones, del discurso público, no hará desaparecer la realidad: la pandemia derriba su demonización
2020 será, sin duda, un año para recordar. La crisis sanitaria ha asestado un duro golpe a la humanidad. Nos ha golpeado en lo más profundo; no sólo en nuestra salud y nuestra economía. También en nuestro modo de vida, en nuestras convicciones, poniendo a prueba nuestra calidad como personas a la hora de asumir responsabilidades y afrontar la situación y enseñándonos cuán vulnerables somos.
Hay quienes, haciendo uso de la tan socorrida demagogia, ha pretendido poner en falsa tesitura a nuestro país, a nuestra comunidad autónoma, al mundo empresarial, de tener que elegir entre salud y economía, cayendo en el tópico que con tanta frecuencia utilizan los enemigos del sentido común para ideologizarlo. Nada más lejos de la realidad, el progreso bien entendido es aquel que es capaz de poner la economía al servicio del bien común, del bienestar social. Y es por esto que pensar y salvar la economía es pensar en la salud pública, en los derechos fundamentales, en el bienestar social. Actuar al unísono entre ambos conceptos se ha antojado como una tarea heroica, a veces intuitiva, pero indefectiblemente abocada al imprescindible acierto. Un acierto que, al principio, se asumió solidariamente como lógica improbable pero que, a la larga, está pesando enormemente en los resultados, tanto en el ámbito sanitario como económico.
Desde los inicios, donde la incertidumbre, la zozobra, el estupor, la improvisación y el desconcierto entraron en nuestras vidas, el sector asumió su responsabilidad junto a cuantos ejercieron una actividad productiva en esos difíciles momentos, y acató fielmente cuantas medidas urgentes y extraordinarias se dictaron por el gobierno de la nación.
El sector cooperó desinteresada, silenciosamente y con mucha intensidad con las administraciones públicas, sobre todo, las entidades locales, con medios materiales y humanos que se pusieron a disposición de las mismas para acometer tareas de higienización, remozo, prevención, etcétera, que fueran necesarias en la contención de la pandemia.
Ninguna de las normas emitidas entonces y hasta el presente consideraron a nuestra actividad como actividad no permitida; de hecho, las obras de construcción se encuadrarían en el apartado de puestos de trabajo que no implican riesgo de exposición profesional al SARS-Cov-2 y si se pone en relación la guía de los servicios de prevención del Ministerio de Sanidad: “La actividad de construcción podría considerarse dentro de la actividad de baja probabilidad de contagio”.
Por ello, el sector, siguiendo escrupulosamente los procedimientos de actuación dictados, intentó mantener su actividad sorteando la ingente casuística que nos asolaba a diario: el material no llegaba a las obras, se cerraban las ferreterías, se paralizaban cargas en camiones durante su tránsito a las obras, la industria se ralentizaba, se emitieron más de 240 actuaciones de instrucción y/o normativa en menos de tres meses, y a una velocidad de vértigo. Aun así, este sector mantenía en alza su deseo de seguir emprendiendo, intentando aportar equilibrio al descalabro económico que se avecinaba con la paralización de la actividad. Luego llegó el cierre de toda actividad durante quince días (domingo 29 de marzo de 2020) —decretado con nocturnidad—, por el que se nos conminó a tener cerradas todas las obras el lunes. Suerte de la cooperación ofrecida por la Delegación de Gobierno para facilitar esta labor el mismo domingo. Más tarde, y con el mismo modus operandi, se paralizaron las obras de rehabilitación. Imposible no incurrir en retrocesos productivos y económicos.
Pero, lamentablemente, no hemos podido desplegar nuestras capacidades, más allá de los esfuerzos e inversiones que desarrolla la iniciativa privada, ávida de dar el do de pecho y ralentizada por la implacable burocracia, de la que, ni en tiempos de pandemia, se desprende el sistema paralizado más allá de lo cotidiano para convertirse en un muro de contención. En todos los ámbitos, en el europeo y el español también, se señala a nuestro sector como el vector productivo por excelencia, pero hasta ahora no se ha cogido el toro por los cuernos; esta realidad no termina de romper las conveniencias ideológicas, ni parecen tener el peso suficiente en las conciencias de quienes deben velar por el interés general.
Es hora de romper el mito. Este sector es un sector en permanente evolución, que se moderniza y avanza en innovación, herramienta indispensable para cumplir con los ODSs (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030). La eficiencia energética, la accesibilidad, la digitalización, el tratamiento, uso y consumo del agua, la constante búsqueda de materiales y procesos alternativos y el nuevo modelo habitacional, son -entre otros- también nuestros objetivos, no en vano este sector es capaz de generar en economía inducida 1,92 euros por cada euro que se invierte en él, 15/18 empleos por millón de euros en obra civil y tres empleos por Vivienda/cama turística o rehabilitación y un retorno fiscal de más del 50%.
Detener la sangría económica y la pérdida masiva de empleo pasa por decretar un plan de estímulo específico, declarando al sector de la construcción como actividad esencial, en una estrategia integral en materia de Edificación y Obra Civil:
— Rehabilitación en todas sus vertientes.
— Plan de choque en materia de edificación: estrategia de choque de construcción de viviendas protegidas públicas y privadas utilizando a Visocan como herramienta más ágil de ejecución y al Icavi despojado de burocracia para la gestión administrativa de las calificaciones y ayudas con la participación directa de la iniciativa privada.
— Establecimiento de procedimientos administrativos exprés en materia de licencias y permisos, licitación y adjudicación.
— La organización del trasvase de mano de obra de otros sectores hacia el nuestro en condiciones de habilitación adecuadas.
Pero para eso, quienes tienen en estos momentos la llave en sus manos, deben trascender a la burbuja en la que están inmersos y afrontar que de ellos depende evitar un estallido social asumiendo y encarando sus responsabilidades.
