Quisiera aprovechar las líneas que la APT me ofrece en este Anuario, para hacer una breve reflexión política, ahora que se acerca el final de la presente legislatura.
A mediados de 2019, en mi primera comparecencia en el Parlamento, para exponer los planes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad –un departamento muy amplio, que abarca desde el Cuerpo General de la Policía Canaria y Protección Civil hasta las relaciones con la Cámara autonómica, la Función Pública y las Telecomunicaciones–, utilicé cuatro palabras como guía de lo que iba a ser el proyecto político que pretendíamos llevar a cabo en estos cuatro años.
Hemos conseguido avanzar en la normalización y estabilización del empleo público, ejecutando procesos de selección y de provisión de puestos de trabajo que hacía muchos años, algunos nunca, que no se llevaban a cabo
La primera fue la palabra o las palabras estabilidad y estabilización, para evitar que la Administración Pública estuviera sometida a las sacudidas y sobresaltos que había padecido en los últimos años, y también librar de ellos al personal de los servicios públicos.
En segundo lugar, mencioné la digitalización, la necesidad de que las administraciones incorporasen a sus métodos habituales de trabajo las herramientas que hoy son usuales en la sociedad. Un objetivo nada fácil, pues la actualización de los conocimientos en otras materias tiene un ritmo que los seres humanos hemos podido seguir con normalidad hasta ahora, pero que ahora no es así para las nuevas tecnologías, como comprobamos cada día con el teléfono, la tableta o el ordenador que nos avisan, casi a diario, de nuevas actualizaciones. Extender la digitalización, por tanto, era un desafío importante.
En tercer lugar, hablé de transparencia, porque la Administración Pública tiene que ser visible, tiene que ser inteligible, para que los ciudadanos sepan qué pasa en su interior y, a partir de ese instrumento, puedan participar de las actividades que esta desarrolla.
Y, en cuarto lugar, mencioné la evaluación basada en datos. Suelo decir, y no son mías ni la frase ni la idea, que es difícil saber si existe aquello que no se mide. Sin embargo, lo que se mide es seguro que existe.
Ahora, próximo el final de este ciclo político, aprovecho la oportunidad que me ofrece este artículo para abrir las manos y tratar de hacer balance del trabajo realizado desde entonces, para decir que creo tener motivos para sentirme satisfecho, pues las manos no están vacías y muestran resultados, aunque hayan quedado objetivos y propósitos que no ha sido posible no hemos sido capaces de alcanzar.
Durante este tiempo, hemos conseguido avanzar en la normalización y estabilización del empleo público, ejecutando procesos de selección y de provisión de puestos de trabajo que hacía muchos años –algunos nunca– que no se llevaban a cabo; hemos podido habilitar instrumentos para dotar de mayor trasparencia a todos los procedimientos y extender el conocimiento de la propia Administración; también hemos podido incrementar notablemente los niveles de participación ciudadana en el desarrollo de nuevas normas; y facilitar el acceso a los servicios, prestaciones e información pública a través de herramientas digitales.
Soy consciente de que todo se puede mejorar y, también, de que todavía queda mucho por hacer, porque la satisfacción, aunque justificada, no oculta que seguimos teniendo muchas ambiciones y que hay proyectos que no se culminarán.
Serán otras las personas encargadas de continuar lo ya iniciado y de obtener la cosecha de la semilla plantada en estos cuatro años.
Dicho esto, quiero hacer una consideración final muy ligada a lo anterior. En estos momentos, estamos viviendo, en todo el mundo, una situación de peligro para la democracia representativa, para lo que entendemos como democracia –una de las grandes conquistas de la humanidad–: el poder, “el que manda”, es elegido por el pueblo, titular de la soberanía de la nación.
Esta idea de democracia parece haber sido aceptada, pero no ha sido, probablemente, cuidada como se debe. Así, vemos que, en algunos lugares, incluso a través de mecanismos aparentemente democráticos, se producen resultados que no son democráticos o que son antidemocráticos, y que ponen a las sociedades ante el peligro de retroceder o regresar a tiempos que se creían superados.
La democracia tiene, entre sus virtudes, una que también es una debilidad, su fragilidad. Ningún poder es absoluto ni incontrolado y así debe ser. De ahí la necesidad de que sea cuidada o reforzada. Los regímenes no democráticos –ahora estamos viendo lo que hacen algunos de ellos– son probablemente más duros, más potentes, más capaces de hacer lo que los poderes democráticos no harían no solo porque no pueden sino porque no quieren.
Fortalecer la democracia precisa esfuerzos y uno de ellos es que las sociedades sean no solo democracias representativas, como es la nuestra, la española, la canaria, sino que también sean democracias participativas. No basta con votar, hay que incorporarse al proceso de formación y ejecución de las decisiones públicas.
Los gobiernos, los diputados, los consejeros, los ministros, los presidentes, los alcaldes y los concejales son elegidos y controlados por los ciudadanos, pero es importante que los ciudadanos estén permanentemente alerta, informados y activos ante la labor que realizan aquellos y las administraciones públicas.
Eso es lo que queremos y lo que hemos tratado de fomentar durante estos casi cuatro años desde la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Las cifras de participación, el aumento de la participación en el proceso de consulta de disposiciones legales, y de apertura de datos para el conocimiento de la Administración Pública reflejan, entre otros hechos, que se han producido avances significativos.
Para ejercer el gobierno de una manera más cercana a los ciudadanos no es suficiente con que intentemos acercarnos a ellos, o que cumplamos las formalidades y exigencias legales y reglamentarias. Es necesario que los ciudadanos conozcan la actividad que desarrolla la Administración y que participen en ella y la puedan vivir como lo que es y lo que hemos comprobado que ha sido en estos tiempos difíciles: la garantía y la seguridad de sus derechos, la satisfacción de sus necesidades, el respeto de sus derechos y la protección frente a sus vulnerabilidades.
Nadie está solo frente a la adversidad si los poderes públicos están pendientes de todos, especialmente de los más necesitados. Pero para eso hemos de participar, de conocer y de sentir y vivir como algo propio el funcionamiento de los gobiernos y las administraciones.
