Para la Ciudad de El Paso, para el Valle de Aridane y para la Isla de La Palma, 2022 significó cambiar el temor y la angustia de una catástrofe, que duró todo el otoño, por la preocupación y la lucha en favor de las personas que lo perdieron todo y a las que recordamos sinceramente que nuestro público compromiso sigue en pie.
Entre el 19 de septiembre y el 25 de diciembre de 2021, el Volcán de Tajogaite sepultó barrios enteros, miles de viviendas y construcciones agrícolas, industrias, talleres, carreteras, caminos calles, conducciones eléctricas e hidráulicas y, lo que es peor, arruinó proyectos de vida e ilusiones de vecinos de tres municipios.
Conociendo nuestra naturaleza, debemos prepararnos legal, técnica y económicamente, para asumir problemas extraordinarios y comunes, conocidos y graves como los volcanes en unas islas que nacieron gracias a ellos
Todos los balances de daños, tanto los realizados por las instituciones como los avanzados por los medios informativos, coinciden en la dimensión del suceso que no tiene precedentes en la historia contemporánea de España. Las últimas estimaciones redondean en mil millones de euros las pérdidas y reconocen las dificultades materiales y técnicas a superar en la dura empresa de la reconstrucción.
La excepcionalidad del suceso –no lo hay peor ni más grave en el catálogo de las calamidades de la naturaleza– exige también acciones y ayudas a su medida; y sensibilidad y diligencia para cumplirlas en tiempo y forma. Pensamos en los damnificados que, consternados por lo ocurrido, no llegaron a tiempo de notificar los daños sufridos en el plazo de siete días al Consorcio de Seguros; y entendemos que un estado social y de derecho como el español, puede y debe remediar el comprensible olvido y actuar con la generosidad que le honre frente a la frialdad de la norma.
Dijimos en la hora cero, ante la destrucción de El Paraíso, que en el centro del problema están las personas, que ellas son nuestra razón y nuestra obligación. Lo repetimos ahora, cuando las noticias de todo tipo pueden tapar o distraer de un drama inolvidable para sus protagonistas y para quienes lo compartimos en la inmediata cercanía; para todos nosotros.
La dignidad mostrada por los afectados y la solidaridad de sus convecinos fueron un ejemplo para todos; la disposición de los equipos científicos y de protección civil, la entrega de los profesionales y voluntarios fue ponderada como una línea de conducta a seguir en todas las situaciones de emergencia, volcánicas o de cualquier otro tipo.
Cuando se trabaja en el restablecimiento, en algunos casos provisional, de las comunicaciones terrestres y la vida diaria muestra los primeros signos de normalidad, es oportuno recordar algunas reflexiones formuladas en ámbitos públicos y privados sobre las consecuencias de la crisis volcánica y las acciones para paliar sus consecuencias.
Dentro de la actuación generosa de los notarios voluntarios que, mediante actas de notoriedad, acreditaron las propiedades de numerosos damnificados, se incluyeron conferencias y coloquios de especialistas, se plantearon formas de actuación que estimamos del máximo interés.
Una de ellas, avanzada por Alfonso Cavallé, decano del Colegio de Canarias, fue la expropiación de los terrenos afectados por las coladas, al justiprecio del día anterior a la erupción, para que los afectados tuvieran libertad de acción sobre su futuro. Esta fórmula contó, desde el principio, con las simpatías de numerosos afectados.
La segunda propuesta, la formalización de un seguro estatal para cubrir los riesgos volcánicos, al modo de los que ya existen en Islandia y en el estado de Hawái, significaría una garantía para los residentes en unas islas oceánicas, en su totalidad de origen volcánico.
Lo que, en cualquier caso, resulta imprescindible es que, junto a los servicios y actividades del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) existieran normas legales que se activaran en las situaciones de riesgo y que, dentro de los problemas e incertidumbres que acarrean las contingencias volcánicas, dieran tranquilidad a la ciudadanía y las corporaciones locales, desbordadas por la dimensión y consecuencias de estos sucesos.
Pero a esa previsión de futuro, que debe avanzar con más velocidad que las coladas destructoras, tenemos que anteponer, ahora mismo, la atención directa y proporcionada a la gente que no ha perdido su condición de víctimas de un cataclismo que ocurrió hace más de un año. Esas personas tienen derecho, al fin, a dormir tranquilas sin temor al futuro; y nosotros también, cuando sepamos que estamos haciendo por ellos cuanto está en nuestras manos y reclamando, a quien, y quienes corresponda, que hagan lo mismo.
Conociendo nuestra naturaleza, debemos prepararnos legal, técnica y económicamente, para asumir problemas extraordinarios y comunes, conocidos y graves como los volcanes en unas islas que nacieron gracias a ellos. Y, por supuesto, mantener y premiar los valores de resiliencia y solidaridad del pueblo palmero, razón legítima del orgullo de este alcalde.
