El Parlamento se acerca al final de la legislatura de la izquierda adormecido mientras la región se empobrece y ve reducirse su economía
Cerca ya de acabarse este año, el Parlamento de Canarias se aproxima al final de una legislatura agotada en la que la izquierda posible en el archipiélago –los socialistas y Podemos, con la compañía imprescindible de dos fuerzas no necesariamente de izquierdas, como el nacionalismo autodenominado canarista de Román Rodríguez, su último invento para seguir en el poder, y el tinglado insularista de Curbelo– han logrado escapar a un periodo que perfectamente podría responder a la saga literaria Una serie de catastróficas desdichas, creada por Daniel Handler (Lemony Snicket es su seudónimo) y que se convirtió también en un exitoso producto televisivo.
En efecto, Canarias ha soportado la peor etapa de su historia reciente, con una cadena inagotable de desgracias: incendios, quiebra de Thomas Cook, confinamiento y pandemia, volcán… en el imaginario popular sólo han faltado el tsunami, el meteorito y la invasión extraterrestre, pero mejor cruzar los dedos y encomendarse a la esperanza de que el presidente Ángel Víctor Torres no sea tan gafe como le atribuye la maledicencia.
Lo cierto es que gafe puede que lo sea, pero de tonto, desde luego que no tiene un pelo. El primer socialista que consigue hacerse con la presidencia del Gobierno tras la censura a Saavedra ha sabido rentabilizar todas esas desdichas y catástrofes, poner cara de hombre maltratado por la suerte y hacerse apreciar desde la compasión por su infortunio, a pesar de presentar una de las gestiones de Gobierno más poco brillante, confusa y contradictoria, que se recuerden en la historia de la Autonomía.
Pero no todo es por culpa de este Gobierno: la relación de dependencia política de Torres y su Administración con el Gobierno nacional ha provocado que el hombre haya tenido que soportar varias situaciones de desprecio y maltrato, relativas a incumplimientos claros del REF y el Estatuto, interpretaciones restrictivas de los fueros canarios o un tratamiento desigual de la ciudadanía isleña y la del resto de España, como en el caso de la gratuidad del transporte público. Sólo la necesidad de los dos votos de Coalición Canaria para aprobar los Presupuestos de 2023 ha logrado imponer, con retraso y por tiempo limitado, un trato para las islas similar al que rige en todo el Estado. Es obvio, incluso para los propios socialistas de aquí, el escaso interés demostrado por Sánchez y sus ministros para resolver asuntos en los que en Canarias somos especialmente sensibles –inmigración, convenio de carreteras, transporte, desempleo, aplicación de exenciones fiscales– o el retraso e incumplimiento de la mayoría de las promesas realizadas por el Gobierno de Sánchez a los palmeros en los primeros meses de la crisis volcánica, cuando la erupción ocupaba todos los telediarios.
La escasa reacción de los partidos que sostienen el Pacto de las flores a esa falta de sensibilidad del sanchismo con las islas ha provocado un cierto desgaste del Gobierno, agravado por el desastre que ha sido la gestión de la Consejería de Derechos Sociales, empantanada en la gestión de casi todas sus competencias –residencias, menores emigrantes, dependencia, renta de ciudadanía–, obsesionada con la presentación mediática de resultados artificialmente inflados y sacudida por conflictos en todos sus departamentos.
Tampoco la gestión inicial de dos de las consejerías sociales claves –Educación y Sanidad– cuyas responsables fueron cesadas en plena pandemia, o la incapacidad de Vivienda para entregar ni una casa nueva fuera de La Palma, o la de Educación, que tuvo que retirar la desaparición curricular de la Historia de Canarias ante la masiva avalancha de protestas, o la parálisis de la Administración General de la Comunidad Autónoma, heredada de la pandemia y los vicios laborales adquiridos durante la etapa de trabajo viral, han contribuido mucho a mejorar la percepción social de la actuación del Gobierno.
Los escándalos
Y, además, Torres ha tenido que lidiar con una sucesión de pequeños y grandes escándalos. Algunos de carácter sistémico, como el aumento alocado del gasto en la Televisión Canaria para sostener el apaciguamiento mediático, cuando no el uso de los recursos del ente con fines clientelares, o la continuidad del administrador único ejerciendo sus funciones durante el triple del tiempo establecido por la ley.
Otros escándalos han sido más coyunturales, como el silencio del Gobierno sobre la gestión de las compras sanitarias, por las que ya pagó con su puesto el que fuera director del Servicio Canario de Salud, investigado en el caso mascarillas, o las maniobras de miembros del Gobierno para desprestigiar a otros miembros del Gobierno.
Las administraciones con más recursos de toda la historia regional no son capaces de invertir el dinero que tienen en crear empleo y oportunidades
Y también la creciente percepción de que las administraciones con más recursos de toda la historia regional no son capaces de invertir el dinero que tienen en crear empleo y oportunidades para reducir la pobreza, pero siguen empeñadas en sangrar a los ciudadanos con tasas e impuestos, para malgastar luego los recursos en fiestas y saraos de nuevos ricos. El cabreo por la juerga de 500.000 euros de Maspalomas, a la que asistió algún diputado, aún colea.
La legislatura se agota, pues, con una sensación general de oportunidad perdida, y con un Parlamento aletargado al que ni el Gobierno ni la oposición parecen dar demasiado crédito. Si Torres y quienes apoyan el Pacto de las flores han tenido un comportamiento escasamente favorecedor del debate público –el transparente Torres llegó a impedir la creación de una comisión de investigación sobre las compras de material sanitario– ni Coalición ni el PP han estado tampoco a la altura como oposición, probablemente por la ausencia de líderes consolidados en la representación parlamentaria de ambos partidos.
En Coalición ocurre así porque Fernando Clavijo eligió emigrar al Senado para protegerse de las maniobras del caso grúas, y en el PP, porque las vicisitudes del partido conservador han impedido la continuidad del liderazgo regional del partido, que ha pasado –con cierta sensación de venganza– de Australia Navarro a Manuel Domínguez.
En un ambiente de general desinterés por la actividad parlamentaria, con las leyes claves de la legislatura retrasadas por el Ejecutivo y dejadas para ser aprobadas en la recta final, los debates entre Gobierno y oposición se han producido con sordina, con nula o escasísima presencia de periodistas en la Cámara.
El Parlamento de Canarias de esta décima legislatura sólo ha deparado dos novedades: una, la contundente oposición de la diputada sin partido Vidina Espino, con un protagonismo mucho mayor tras su decisión de no seguir en Ciudadanos, una demostración de que las ataduras partidarias limitan el libre ejercicio de la representación. Y la otra, la decisión de la Mesa del Parlamento de premiar los viejos y decrépitos traseros de sus señorías, sustituyendo los sillones de toda la vida por unos carísimos asientos de diseño, en los que seguro que la mayoría culiparlante de la Cámara –unos 60 de los 70 diputados no abren nunca el pico– será perfectamente capaz de dormitar aún con más placidez.
Y probablemente eso –un Parlamento adormecido– es lo que tendremos de aquí al final de esta legislatura doliente, mientras fuera, la región se empobrece, ve reducirse su economía, y arde de rabia e insatisfacción.
