Además de para aprender pasos de baile en TikTok, internet sirve para ver en tiempo real el impacto climático en Europa por regiones, según la intensidad de carbono de la electricidad consumida (gCO2eq/kWh). La web electricitymaps.com es la que ofrece este interesante servicio donde, por ejemplo, Francia aparece siempre en verde gracias a que tiene 56 reactores nucleares (una energía sin emisiones de CO2 que le da una ventaja competitiva industrial notable, por otro lado). En la escala de verdes intensos también aparece Suecia, porque se apoya en energía hidroeléctrica (41,93%) y nuclear (30,84%), mayormente. Del otro lado de la escala, en la de los marrones —o canelos— intensos, se retrata a la generación con carbón, como es el caso de Polonia, o con otras fuentes contaminantes. Pues, ahora nos preguntamos ¿Dónde aparece Canarias? Efectivamente, en la escala de los marrones prácticamente siempre. Eso significa que genera electricidad con fuertes emisiones de gases de efecto invernadero.
Lo que sucede es que el mix energético de Canarias sigue dominado por fuentes de energía de origen altamente contaminante, que representaron aproximadamente el 81% de la generación eléctrica en 2023. Y todo pese a que la penetración de las energías renovables ha aumentado de forma considerable en los últimos años. La energía eólica, en ese mismo período, ha aportado el 15,1% de la electricidad generada, mientras que la energía solar fotovoltaica contribuyó con el 3,9%. Pero son números modestos si se los compara con las metas anunciadas a bombo y platillo, ya que, a pesar de esta evolución, las Islas aun están lejos de la media nacional en cuanto a la penetración de renovables, lo que refleja las limitaciones del sistema eléctrico insular.
El gas natural, que podría haber servido como una tecnología de transición hacia un sistema energético más limpio, no ha logrado consolidarse en el Archipiélago. De haberse desarrollado un sistema convencional sólido basado en gas natural, sería poco probable que Canarias se viera hoy en una emergencia energética, como la que fue declarada en octubre de 2023. Aunque el gas natural genera menos CO2 que el fuel-oil, los proyectos de gasificación quedaron, en su mayoría, en el tintero debido a un cambio de paradigma hacia las energías renovables, que ha desviado la atención de esta tecnología de transición.
A pesar de que en 2002 el Plan Energético de Canarias (PECAN) ya contemplaba el desarrollo de infraestructuras de gas natural, más de veinte años después solo existe una red de distribución de aire propanado en Adeje (sur de Tenerife). La razón principal radica en la falta de demanda garantizada desde el sector eléctrico, lo que hacía económicamente inviable los proyectos de transporte y distribución de gas. A ello se suman los problemas de escalabilidad, los altos costes de infraestructura y la escasa viabilidad económica. Pero sobre todo, esta situación responde a la falta de decisión política.
El no sistemático
Muestra de esto último es la oposición frontal a proyectos como el del Puerto de Las Palmas, promovido por Totisa Holdings, cuya autorización administrativa se encuentra en información pública. El Cabildo de Gran Canaria, presidido por un Antonio Morales que ha sido el más férreo opositor a la introducción del gas en las Islas, ha mostrado su visión contraria a la instalación de esta planta de gas natural licuado para suministro a buques, regasificación, y generación eléctrica de más de 70 megavatios a partir del gas e hidrógeno, con una inversión que ronda los 39 millones de euros. Sería un proyecto innovador que permitiría rentabilizar el suministro de gas a buques, similar al que se ha promovido posteriormente en el Puerto de Tenerife con una inversión comparable.
Pero los proyectos de gasificación en Canarias, concebidos inicialmente para reducir el uso de combustibles fósiles altamente contaminantes, han quedado rezagados con el tiempo. Las plantas de Enagás en Granadilla (Tenerife) y Arinaga (Gran Canaria) no llegaron nunca a construirse, tras enfrentar batallas judiciales y políticas que frenaron los proyectos. Y la red de distribución en Adeje, gestionada por Gare (Gas Adeje Renovables), es un claro ejemplo de las dificultades enfrentadas. A pesar de haber puesto en servicio su red en 2008, Gare no recibió los apoyos económicos comprometidos por las administraciones ni las aportaciones del gobierno canario. Como resultado, la expansión de la red de distribución y la entrada de otros distribuidores de gas natural en las Islas no se ha materializado.
Un obstáculo importante para el desarrollo del gas natural en Canarias ha sido la falta de infraestructura de transporte adecuada, sin la cual el suministro de gas es inviable, lo que limita su acceso y encarece la distribución. La ausencia de instalaciones de almacenamiento adecuadas en el territorio insular añade otro desafío logístico, complicando aún más la viabilidad técnica y económica de estos proyectos.
A esta situación se suma la oposición de ciertos grupos políticos y organizaciones ecologistas, que consideran que invertir en infraestructuras de gas natural, como el Gas Natural Licuado (GNL), podría retrasar el despliegue de energías renovables, prioridad en la transición energética. Sin embargo, el gas natural se plantea a menudo como complemento ideal para las renovables, al contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico. Esta gestión es complicada solo con fuentes renovables, debido a su intermitencia: ni el viento ni el sol son constantes a lo largo del día. No son gestionables dada su entropía.
La mano de la política
Además, la introducción del gas natural en Canarias ha sido afectada por un cambio en los paradigmas energéticos, tanto regionales como globales, impulsado por decisiones políticas. En Canarias, la Ley 6/2022 de Cambio Climático y Transición Energética –reformada posteriormente por decreto– establece un compromiso con la reducción progresiva de combustibles fósiles, aunque sin una fecha límite concreta. El Archipiélago se ha fijado el objetivo de alcanzar las cero emisiones en 2040, lo que bloquea el futuro uso del gas natural en la región. Por lo tanto, todo indica que el más contaminante fuel-oil seguirá siendo el primer recurso hasta entonces y más allá.
Ya en 2024, el escenario es claro: ninguna de las infraestructuras necesarias para el gas natural se ha construido, con efectos negativos tanto en la economía como en el medio ambiente. En términos ambientales, se había proyectado que el uso de gas natural podría reducir las emisiones de CO₂ en las islas en 2,5 toneladas anuales, al reemplazar el fuel-oil que actualmente alimenta las cuatro centrales en funcionamiento. El gas natural, además de emitir aproximadamente un 30% menos de CO₂, genera menos óxidos de nitrógeno (2,5 veces menos) y reduce las emisiones de dióxido de azufre en un 2.500%. A esto se añade la ventaja de que el gas natural no contiene impurezas ni residuos sólidos, eliminando emisiones de partículas, hollín y humo, presentes en la generación actual con fuel-oil. Se llegó a estimar que el recorte de emisiones equivaldría al 40% de las emisiones anuales de todos los vehículos de la isla de Tenerife.
En términos de sostenibilidad económica del sistema eléctrico, la introducción del gas en Canarias, de haberse realizado en los plazos previstos, habría supuesto un ahorro considerable, estimado en 50 millones de euros anuales por isla, según un estudio de la Universidad de La Laguna. Así, los 300 millones de euros necesarios para las regasificadoras se habrían amortizado ya en 2017, seis años después de su entrada en funcionamiento. Además, esto habría permitido la llegada del gas natural a consumidores finales, como hoteles, industrias y hogares, generando ahorros significativos y una mejora en la seguridad al sustituir el actual sistema de bombonas.
La situación en Canarias refleja los efectos de decisiones políticas prolongadas y una falta de planificación eficiente en el desarrollo energético insular. La apuesta por el gas natural como recurso de transición parecía una vía lógica para reducir las emisiones y optimizar la eficiencia económica del sistema, pero la falta de infraestructura y el freno en su implantación han condenado al Archipiélago a depender de combustibles fósiles aun más contaminantes.
La transición energética es en realidad una simple quimera, aunque continúe adornando el discurso político y dando nombre a ministerios y consejerías regionales. El realismo ha perdido siempre la batalla ante un discurso lleno de eslóganes y buenas intenciones, pero vacío de contenido y, lo que es peor, de sensatez a la hora de pensar en la mejor manera de resolver un problema de tres patas: seguridad del suministro, asequibilidad y sostenibilidad medioambiental. Intentar sustituir las fuentes de energía actuales por nuevas tecnologías y otras fuentes de energía antes de que estas sean competitivas económicamente y de que cuenten con la infraestructura necesaria, ha ocasionado los problemas en la seguridad del suministro. Que nadie se sorprenda, entonces, si solemnemente nos declaramos en emergencia energética.
