En mayo de 2023, los ciudadanos votaron para que se produjera un cambio político en el archipiélago, con la esperanza de ver reformas en las áreas más significativas que afectan a toda Canarias. Este primer año ha sido crucial para sentar las bases de este proyecto. Sin duda, asumir la gestión de esta consejería ha sido un gran desafío, pues es uno de los departamentos que lidera la inversión en este Ejecutivo, para dar respuesta a los grandes retos que tiene el archipiélago, como son el acceso a la vivienda o la mejora de las infraestructuras viarias y la movilidad; teniendo en cuenta que esta inversión no solamente es presupuesto, sino que conlleva una mejora de la economía, el empleo y nuestro desarrollo como sociedad.
En tan solo seis meses, pusimos en marcha, contando con el apoyo institucional y el respaldo de colectivos y administraciones de todas las islas, el Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, una iniciativa revolucionaria que aglutina una veintena de medidas destinadas a agilizar los procesos administrativos en materia de vivienda y dar respuesta a la principal necesidad que demandan los canarios y canarias, el acceso a una vivienda digna y de calidad.
Impulso a la vivienda
Una norma sin parangón, fundamental para impulsar la construcción de viviendas públicas y privadas en las islas. Además, hemos incentivado la colaboración público-privada, un reto estratégico ante la oportunidad que ofrece de fomentar la construcción de un elevado número de inmuebles e intentar dar respuesta a los canarios y canarias que quieren desarrollar su propio proyecto de vida.
La colaboración de la empresa pública VISOCAN y la puesta en marcha de numerosos proyectos a través del Instituto Canario de la Vivienda nos están permitiendo impulsar actualmente más de 2.000 inmuebles, que se encuentran en distintas fases de proyecto, un dato histórico que no se ve desde hace más de una década. En este sentido, también hemos firmado un convenio con la Asociación de Gestoras de Viviendas para promover la construcción de inmuebles en régimen de cooperativa en Canarias, y seguir aumentando los instrumentos y medidas que nos ayuden en nuestra apuesta por alternativas que nos permitan resultados más rápidos y ágiles.
Otro de los retos que afrontamos al inicio de esta legislatura en las áreas de Obras Públicas y Movilidad fue el de planificar acciones para actualizar el eje transinsular de transportes de Canarias, diseñado por el expresidente Adán Martín, para que este se convierta en una verdadera autopista de comunicación entre las islas, que permita el avance real hacia las mismas oportunidades y derechos de todos los canarios y canarias, independientemente de la isla en la que residan.
Para ello, hemos emprendido un diálogo constante con los cabildos y ayuntamientos, administraciones cercanas a la ciudadanía, que nos permitiera escuchar, de primera mano, las necesidades de todos y cada uno.
Aunque las infraestructuras viarias son fundamentales, no resuelven los problemas de tráfico y congestión, por eso no solo apostamos por su construcción, sino por planificar políticas más eficientes y que permitan rentabilizar al máximo nuestras vías, con infraestructuras que sean multipropósito; teniendo en cuenta que la movilidad no solo se resuelve construyendo más carreteras, sino usándolas de manera más responsable y consciente con nuestro entorno.
Para ello, hemos diseñado, por un lado, la Estrategia Verde en las infraestructuras viarias de Canarias, para impulsar su descarbonización, con la incorporación de medidas de eficiencia energética y energías renovables a los proyectos que se realizan en esta materia.
Al mismo tiempo, desarrollando una estrategia transversal entre todas las áreas de este departamento, desde la Dirección General de Transportes se trabaja junto a la de Infraestructura Viaria, por primera vez, para establecer mecanismos o herramientas que, de alguna manera, amortigüen las consecuencias que ya tiene, de por sí, una obra de carreteras. Para ello, la dirección general de Transportes, a través de Mobility Lab, analizando datos y patrones de conducta en diferentes áreas urbanas e interurbanas, desarrollará iniciativas que permitan actuar sobre la movilidad y ofrecer soluciones a la ciudadanía para mejorar y optimizar los desplazamientos.
A la labor que se desarrolla desde el laboratorio de movilidad, también se suman las políticas que contendrá la futura Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, que tiene como principal objetivo incentivar, promover y potenciar medios y modos de movilidad más sostenibles y saludables en los entornos urbanos e interurbanos de las ocho islas; al mismo tiempo que se ordena un espacio en el que conviven diferentes modos de transporte, y en el que hay que tener en cuenta a muchos profesionales, que también deberán abordar determinadas cuestiones.
Es indudable que no será fácil ni sencillo afrontar tantos retos, pero si algo teníamos claro mi equipo y yo al inicio de la legislatura es que no queríamos hacer más de lo mismo.
Nuestro objetivo es aportar todo el trabajo y la experiencia profesional que permita que Canarias, por fin, tenga un plan y una estrategia real y factible para avanzar hacia una sociedad con más y mejores oportunidades.
