Dejó dicho Marx el bueno (Groucho) que “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Si hay un asunto donde esta máxima se cumple radicalmente es en todo lo relacionado con la vivienda. No se puede negar la existencia de un problema mayúsculo porque es cierto que muchas personas desean encontrar casa y no pueden, tal y como se empeñan en recordarnos cada día los medios de comunicación, justo cuando no están advirtiéndonos que hace mucho calor en verano o frío en invierno. Así, asistimos a múltiples declaraciones de afectados que no pueden desarrollar sus proyectos vitales, incluso cuando algunos trabajadores observan desanimados que sus salarios no alcanzan para pagar los desorbitados precios que se exigen, tanto para alquilar como para comprar. En muchas de esas piezas informativas se proponen medidas, algunas esgrimidas por personas desbordadas por una situación que no han provocado pero que les afecta de manera descarnada; otras por políticos que, con voz afectada, lanzan grandes ideas sobre el particular que no harían más que empeorar todavía más las condiciones de acceso a la vivienda. Lo que advirtiera Ortega y Gasset, “el retorno a la causa del trastorno”. Porque no hay un solo aspecto de lo que ocurre que no esté relacionado con la acción –u omisión– de la política.
Tanto que ya se habla de una emergencia habitacional, que se suma a las otras varias emergencias que se han ido decretando en los últimos años: climática, hídrica, migratoria… repárese en un hecho sorprendente. Al proceder de este modo, se puede legalmente hurtar los procesos administrativos que ellos mismos han puesto en marcha y que conllevan una parálisis absoluta; se vadea la ley y se simplifican los plazos. No sería, por tanto, mejor decretar una única emergencia de la cual dependen todas las demás. Porque, eso no se dice, tenemos una emergencia burocrática y no se puede silbar mirando hacia el otro lado.
¿Por qué es importante? Los elevados precios nos dan una señal incuestionable. Hay más personas demandantes de vivienda que oferta disponible. ¿Qué se hace en estos casos? Aumentar la oferta. Ocurre, empero, que una licencia de obras para un edificio puede llegar a tardar hasta cinco años en municipios de Canarias. El sector está hiperregulado hasta límites absurdos. Es una vieja herencia del dictador Franco, que ya desde la Ley del Suelo de 1956 quiso dejar claro que el urbanismo era cosa suya y de los intervencionistas de toda laya. Tantas veces enterramos a Franco que hemos olvidado su herencia, a la que deberíamos aplicar un tratamiento eficaz que va desde el urbanismo a las relaciones laborales. Ese empeño normativo por fijar usos y habitabilidades da un poder prácticamente ilimitado a los concejales de urbanismo, como sabe cualquiera que tenga o haya tenido la desdicha de lidiar con ellos o sus técnicos, que son tal para cual. Una arrogancia fatal que les lleva a intuir o, peor, decidir lo que se puede o no hacer en un futuro como si fueran depositarios de un conocimiento específico. De ahí que, por ejemplo, en un local de una capital canaria con tamaño suficiente se pueda abrir al público una autoescuela pero no una universidad online dado que el equipamiento municipal no lo contempla, que ya es hilar fino.
El conflicto olvidado
En los frecuentes análisis que sobre estos temas se hacen, se tiende a ignorar otros aspectos igualmente relevantes. Canarias, sus ciudadanos, no dejan de perder renta y los incrementos salariales están muy debajo del aumento de los precios de la vivienda. En una década, el alquiler subió un 85%, catorce veces más que el salario promedio de las islas. Si asumimos que no se debe destinar al pago del alquiler más del 35% del sueldo, en Canarias no podríamos aspirar a viviendas de más de 550 euros al mes, esto es, una vivienda de 43m2. La mitad de la población, de hecho, no puede. No se habla tanto de ese bajo salario como causa para acceder a las viviendas disponibles y esto, que viene ocurriendo desde que casi alcanzaremos la convergencia con el resto de España a principios de milenio, es un grave problema. Hay un conflicto con la vivienda porque tenemos salarios muy bajos. Y tenemos salarios muy bajos porque nuestra productividad desciende cada año.
Un intervencionismo atroz que nos empobrece pero no suele ser el sospechoso favorito de quienes peroran sobre estos asuntos. Y eso pese a la evidente falta de acción de los sucesivos gobiernos, que han dejado el asunto de la promoción de vivienda pública en un segundo plano.
La población ha venido incrementándose en las últimas décadas muy por encima de las viviendas que se iban construyendo y sin existir nada que mereciera la consideración de una política de vivienda. La administración, sencillamente, se ha desentendido. Eso sí, no nos han ahorrado espectáculos tan pornográficos como el de ver a dirigentes municipales convocando a ilusionados demandantes de vivienda y procediendo a un reparto vía sorteo en teatros, a mayor gloria del político de marras. ¡Ni El Precio Justo con Joaquín Prat! Pocas viviendas y distribuidas por la gracia municipal, un plan sin fisuras. Y en propiedad, no en alquiler. ¿Tiene alguna lógica que una familia pueda recibir una vivienda que necesita y la siga manteniendo si, por lazos favorables del destino, las cosas mejoran y puede acceder a una en el mercado libre mientras otras familias se encuentran necesitadas de ella?
Hábilmente, la pelota se coloca en otro campo. Los políticos son malos pero no tontos y han dejado que se extendiera la especie de que todo es culpa de que somos muchos, o hay muchos turistas o que la vivienda vacacional se nos ha ido de las manos, tanto que un director general dizque del PP (funge como si fuese de Podemos) llegó a afirmar que “nunca se debió permitir el libre mercado en el alquiler turístico”. Como si la gente que es propietaria de vivienda no respondiese a los incentivos y hubiese decidido migrar sus inmuebles del alquiler de largo plazo al vacacional en respuesta a una Ley de la Vivienda que los desampara, limitando su capacidad para contratar y desequilibrado la relación en favor del inquilino. De un lado, una norma política que se cargó ideológicamente como si todos los propietarios de este país fuesen fondos buitres; del otro, un mercado sin demasiada regulación donde los clientes entran y salen en cortos periodos de tiempo, muchas veces pagando cantidades superiores a las que percibiría con el primer tipo de contrato. ¿Usted qué haría?
Javier Milei, presidente de la Argentina, es un personaje estrafalario que consigue que nos centremos más en lo que dice y cómo lo dice que en lo que hace. Pero si se presta atención a algunos de sus primeros resultados, resulta que ha conseguido lo que parecía imposible. Tenían el mismo tipo de problema que en España, un sector hiperintervenido donde era muy complicado acceder a una vivienda. En el Decreto de Necesidad y Urgencia se incorporó una nueva relación entre propietario e inquilino, dotándolos de libertad para contratar tanto en plazos como en precios. Si no hay nada especificado, el contrato será de dos años y el precio puede adecuarse pactando cualquier referencia, tanto pública como privada. Los jueces pueden impedir cláusulas abusivas y es posible rescindir el contrato con indemnizaciones pactadas de antemano. ¿El resultado? Solo en Buenos Aires la oferta se ha disparado un 195,23% desde que entrara en vigor la norma. Y en los precios también ha habido mejora por más que la inflación, al ser elevada todavía, desarticula las posibilidades de evaluar correctamente cómo se comportan. No obstante, hay quienes sostienen que se ha producido un descenso real del 20%. Una noticia que no debería sorprender a nadie.
Hay, nos dicen también con frecuencia, demasiadas viviendas sin ocupar –con C, no con K– y esto debería ser un indicador formidable de lo mal que se han hecho las cosas. Es cierto que muchas se encuentran donde nadie quiere vivir pero también parece claro que otras muchas son de propietarios que, de mejorar las condiciones, las pondrían encantados en el mercado. Nada es menos razonable que un propietario renunciando a obtener alguna renta de su bien y si ocurre, hay una distorsión que debería ser evaluada y corregida. Pero para obrar de manera correcta, primero hay que establecer el análisis adecuado por más que nadie quiere reconocer que no ha estado a la altura de las circunstancias. Y admitir que, quizás, la libertad sí que funciona.
