El inicio de una nueva etapa es siempre un reto. Se hace balance de lo pasado y se ponen las bases de lo que está por venir. El curso político que acaba de arrancar es de una importancia vital para la ciudadanía. La resaca de las elecciones y las múltiples citas con las urnas marcaron la agenda del pasado ejercicio, y es ahora cuando se hace imperativo consolidar las medidas y las políticas que van dirigidas a mejorar las vidas de la mayoría social.
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene una hoja de ruta clara, basada en seis prioridades, que son: la competitividad, que no es otra cosa que seguir impulsando el cambio de modelo productivo; pero también la dignidad laboral, el fortalecimiento del Estado de Bienestar, la implementación de políticas valientes de vivienda; la búsqueda de la paz y la defensa de la igualdad.
Acción. Esa es la palabra que define a este Ejecutivo. Acción para proteger a los más vulnerables. Acción para encontrar mecanismos de distribución más equitativa de los recursos. Acción para seguir mejorando la economía, una economía que crece cuatro veces por encima de la media europea y que está a punto de alcanzar los 22 millones de personas empleadas en nuestro país. Acción para acabar con la violencia machista y para blindar los derechos de las personas LGTBIQ+. Acción para procurar una educación pública de calidad a nuestros niños y jóvenes; y para garantizar una vejez digna a nuestros mayores. Acción para que nuestra Sanidad siga siendo un ejemplo a nivel internacional. Acción, en definitiva, para fortalecer nuestra democracia.
Todas estas aspiraciones tienen enfrente a una oposición frustrada por no haber logrado la mayoría necesaria para gobernar. Una oposición que se sirve de argucias cada vez más peregrinas para tumbar el Gobierno elegido democráticamente por la ciudadanía en las urnas. Esa frustración está en el origen del clima irrespirable en el que se ha convertido el debate político, que debiera ser sosegado y constructivo, y se asemeja más a una ofensiva chusquera y malintencionada.
Pero la voluntad de este Gobierno es no dejarse llevar por el ruido. No va a permitir que los bulos y los ataques injustificados le hagan desfallecer. Optimismo, ilusión y trabajo, mucho trabajo. Ante una fake news, una medida social; ante un insulto, un argumento serio; ante la ruptura, una mano tendida.
En el caso del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que tengo el honor de dirigir, tres son los objetivos principales que nos hemos marcado.
Por un lado, resolver la situación de los territorios frontera, como Canarias, y la de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que llegan a nuestras costas en busca de un futuro mejor para los suyos.
El Gobierno de España ha puesto toda la carne en el asador. Han sido más de 30 iniciativas, contactos, reuniones y pasos los emprendidos para encontrar un punto en común con el Gobierno de Canarias y con los grupos políticos en el Congreso para dar respuesta a esta crisis humanitaria.
Consensuar un texto para la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería costó ocho meses de trabajo entre ambos gobiernos, que se vio truncado el pasado 23 de julio cuando el PP, Junts y Vox votaron no a, siquiera, iniciar el trámite parlamentario.
Luego se han producido reacciones políticas que, a nuestro juicio, no han ayudado a acercar posturas. El objetivo principal debe ser dar una acogida digna a esos menores. Se trata de lograr una solución duradera en el tiempo y, sobre todo, de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que llegan solos a las islas y que son el eslabón débil de la cadena. Una vez más, ofrezco a todos los actores nuestra voluntad de negociar, de alcanzar acuerdos y de actuar sin más demoras, modificando la Ley.
El segundo objetivo de este Ministerio es el de continuar reforzando el autogobierno de las comunidades autónomas. Entiendo mejor que nadie las singularidades de los territorios, porque provengo de esta hermosa tierra, cuya supervivencia depende del reconocimiento de sus singularidades, tanto geográficas como económicas. El programa de traspaso de competencias emprendido por este Gobierno pretende hacer cumplir los fueros de las regiones que conforman España, pero también se enmarca en el convencimiento de que más autogobierno no es menos Estado, sino todo lo contrario. La suma de las diferencias es lo que hace grande a este país.
El tercer eje que marcará nuestra senda en el presente ejercicio es la conmemoración de los 50 años de libertad, recuperada tras la muerte del dictador. Es vital que nuestros jóvenes sepan lo que pasó, sepan que hubo un régimen democrático como la II República, que fue violentado por unos sublevados, que gobernaron 40 años en total ausencia de derechos para la ciudadanía. Y tienen que saber la verdad porque han vuelto los postulados de la ultraderecha. Aunque vengan disfrazados y con lenguajes edulcorados, siguen siendo aquellos que consideran que no todos y todas somos iguales. Es momento de defender nuestros derechos, de defender la base de nuestra convivencia. Es decir, de defender nuestra democracia.
