Desde hace más de un año, tengo la responsabilidad de dirigir una Consejería de gestión transversal que da soporte a un Gobierno fuertemente comprometido con esta tierra y la suerte de trabajar, cada día, con un equipo de mujeres y hombres entregados en cuerpo y alma a mejorar los servicios públicos.
Nuestra apuesta es amplia y abarca objetivos complejos y diversos, que van desde aportar recursos a la Administración de Justicia para hacerla más accesible y más humana, pasando por aprobar, por fin, un Plan de Igualdad de la Administración y modernizar unos servicios públicos, cada vez más transparentes, dotando de herramientas a la Función Pública para tener una administración pública ágil y eficaz que de verdad sirva a la ciudadanía, hasta unificar la respuesta del Gobierno en la ardua tarea de impulsar la Policía Autonómica para verla crecer y que esté presente en todas las islas, mientras impulsamos la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma tras la erupción de un volcán.
El camino de este primer año no ha estado exento de dificultades, pero el esfuerzo nos ha permitido progresar en igualdad de oportunidades, ampliando al 10% del cupo a personas con discapacidad en la OPE 2024 para facilitar el acceso real al empleo público de las personas con discapacidad y proteger sus derechos en la Administración. Además, en la oferta de empleo público que se aprobó para el ejercicio 2023 se ha contemplado, por primera vez en la Administración General, la tasa de discapacidad intelectual de un 2% del total de plazas reservadas.
Se ha iniciado la elaboración del Plan de Igualdad de la Administración Pública que nos encontramos en la casilla de salida, tras cuatro años de inacción por parte del anterior Ejecutivo, sectorizado en Sanidad, Justicia, Educación y Administración General.
Se ha puesto en marcha de un plan de choque con la contratación de personal de refuerzo en Función Pública para hacer frente a los 232 procesos selectivos que se están ejecutando y los 112 más que están previstos hasta 2026 para dotar un total de 6.139 plazas de empleados públicos. Además, desde Función Pública se están gestionando 187 procesos de estabilización del personal interino.
En coordinación con las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias, estamos trabajando en la simplificación de cincuenta procedimientos de la Administración Pública para facilitar los trámites y tener una Administración al servicio del ciudadano.
En el área de Justicia hemos podido desbloquear los futuros palacios de justicia de Santa Cruz de La Palma y Puerto del Rosario. Hemos llegado a acuerdos con el Ayuntamiento de la capital palmera y con el Cabildo de Fuerteventura, respectivamente, para la cesión de terrenos que permitirán abordar, por fin, la construcción de estas dos infraestructuras judiciales. Cuando finalice el presente año, habremos puesto en marcha nueve nuevos juzgados en menos de año y medio, uno más que en los cuatro años de la legislatura pasada y nuestra voluntad es seguir creciendo en número de juzgados y fomentando la mediación para hacer frente a la alta litigiosidad de Canarias, la más alta de todo el país.
Un camino que se refuerza con la apuesta por una Justicia que se humaniza y se vuelve más accesible poniendo en marcha, por ejemplo, la figura del facilitador judicial para que las personas con discapacidad intelectual y las personas mayores puedan entender y hacerse entender en un proceso judicial.
Y llegamos a la Policía Autonómica, donde me quiero detener. En julio de 2023 el Cuerpo General de la Policía Canaria contaba con 192 efectivos y estos momentos, tras la incorporación de la última promoción, son ya 281. Ya está en marcha la siguiente convocatoria que permitirá incorporar 141 efectivos más. En el primer trimestre de 2025 superaremos los 400 efectivos y están previstas dos convocatorias más, de 150 y 250 plazas, respectivamente.
Además, hemos regulado, por primera vez, la organización territorial y operativa del Cuerpo y lo hemos dotado de una estructura estable, con unidades, grupos y subgrupos. Y contamos ya con un plan director para el despliegue en las islas no capitalinas con la apertura de comisarías insulares.
Respecto a las policías locales, hemos simplificado los procesos selectivos para agilizarlos y hemos ampliado notablemente el número de convenios con los ayuntamientos para que el Gobierno de Canarias asuma la ejecución de esos procesos y facilitar que muchos consistorios de las islas puedan cubrir plazas vacantes o incrementar la plantilla de policías. Más policía, más seguridad.
Y avanzar en la recuperación de La Palma. El 18 de diciembre aprobamos el decreto en materia territorial y urbanística. En tan solo cinco meses lo redactamos, lo aprobamos y entró en vigor la norma fundamental para la reconstrucción urbana por la que los afectados llevaban dos años esperando. El 11 de marzo, aprobamos el decreto de medidas en materia agraria para recuperar la máxima superficie de cultivo y que el mayor número de agricultores retomen la actividad, así como su protección económica hasta que vuelvan a disponer de sus fincas. Ese mismo 11 de marzo se aprobó también el decreto en materia de vivienda pública y protegida, que facilitará y agilizará la construcción de este tipo de viviendas tanto en los tres municipios afectados por el volcán, para dar solución habitacional a quienes no pueden acogerse a las opciones de reconstrucción de su casa, como en el resto de la isla para las personas demandantes de vivienda protegida. Hoy todos esos decretos son ya leyes aprobadas por el Parlamento, lo que, sin duda, da mayor seguridad jurídica a la reconstrucción.
El balance del primer año de Gobierno refleja la hoja de ruta de un proyecto político, en este caso trazada con ambición, voluntad y resiliencia. Doce meses que nos han permitido poner los cimientos de nuestro compromiso político. Un año de avances que nos permiten mirar el futuro con optimismo y trabajar, aún con más ganas si cabe, para alcanzar los objetivos trazados.
