El volcán de Tajogaite erupcionó el 19 de septiembre de 2021 y durante 85 se llevó por delante 1218 hectáreas de terreno en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte y sepultó bajo la lava viviendas, infraestructuras públicas, fincas, granjas, industrias, comercios…
Por ser exactos, hablamos de 1.345 edificaciones residenciales (primeras y segundas viviendas), 180 edificaciones agrícolas, 75 industriales y 44 de ocio y hostelería. Y hablamos también de 370 hectáreas de cultivo que albergaban unas 1360 fincas, principalmente de plátanos.
Los daños fueron cuantificados en 2022 por el Gobierno de Canarias en 982 millones de euros con datos del propio Gobierno, del Cabildo y de los ayuntamientos afectados. De esa cuantía, 600 millones eran de patrimonio privado.
Tras la erupción, las administraciones (Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo y ayuntamientos) iniciaron la reconstrucción de las infraestructuras públicas. Pero no se tomaron medidas para la recuperación del patrimonio de las personas, esos 600 millones de euros desaparecidos en una isla que, en 2021, tenía un PIB de 1.600 millones. Se debe reconocer que el Gobierno de España incrementó hasta los 60.000 euros la cuantía de las ayudas para catástrofes, pero solo para las personas que perdieron su vivienda habitual y muy lejos del valor real de las propiedades que se perdieron bajo la lava.
Por tanto, cuando en julio de 2023 se produjo el cambio de Gobierno, estábamos aún muy lejos de los objetivos de la reconstrucción y no se habían tomado las medidas estructurales que la recuperación de una catástrofe de esta magnitud requería.
Este cambio de Gobierno de Canarias también supuso un cambio en las políticas para La Palma. Todo lo que hemos hecho desde ese momento hasta ahora —y todo lo que se hará hasta el final de la legislatura— tiene un sentido y un porqué y responde a la estrategia para la recuperación de la isla que ya teníamos trazada mucho antes de llegar al Gobierno.
El primer paso fue crear la Viceconsejería de Recuperación Económica y Social de La Palma y el primer trabajo que afrontamos desde esta viconsejería que está bajo mi responsabilidad fue la redacción del soporte normativo que necesitaba la reconstrucción. Porque, a nuestra llegada al Gobierno, habían pasado casi dos años de la erupción y no teníamos normas que regularan la reconstrucción urbanística de las zonas afectadas de los tres municipios, ni la reconstrucción agrícola, ni ninguna norma para agilizar burocráticamente la construcción de viviendas públicas, algo que era absolutamente esencial en una isla que perdió de un plumazo 800 viviendas habituales.
Y este fue el primer trabajo que acometimos de la mano de un equipo jurídico liderado por el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar. Así, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 quedaron aprobados los tres decretos de la reconstrucción —en materia urbanística, agraria y de vivienda— que, una vez convalidados por el Parlamento de Canarias, se tramitaron y aprobaron como leyes para dar mayor seguridad jurídica.
Lo que conseguimos con estas tres normas, además de regular la reconstrucción, fue avalar el derecho de las personas afectadas a recibir una compensación por el valor de la propiedad que perdieron.
Y con esta base, pudimos dar el siguiente paso, que fue poner en marcha en abril de 2024, en Los Llanos de Aridane, la Oficina de Información y Atención a las personas afectadas por el volcán con un equipo multidisciplinar compuesto por arquitectos, juristas, geógrafos, psicólogos y trabajadores sociales que han atendido ya más de 7.000 consultas.
Necesitábamos financiación para poder llevar a cabo el Plan de Recuperación de La Palma, es decir, para devolverle a las personas el valor de lo perdido y en los primeros presupuestos autonómicos de esta legislatura (los de 2024) se creó, por primera vez tras el volcán, una partida específica de 50 millones de euros para la recuperación de ese patrimonio que perdió la isla. A esta partida se sumó la primera anualidad de 100 millones de las cuatro pactadas con el Gobierno de España.
Con esos 150 millones pudimos empezar a ejecutar el primer Plan de Pagos para compensar a las personas afectadas el valor del patrimonio que se llevó el volcán. El cálculo que hicimos es sencillo: para devolver a las personas esos 600 millones perdidos, el Gobierno de Canarias aportará cuatro anualidades de 50 millones y se acordó con el Gobierno de España que aportaría otras cuatro anualidades de 100 millones.
La realidad, a día de hoy, es que el Gobierno de España aportó la primera anualidad, correspondiente a 2023, pero no ha transferido las anualidades de 2024 y 2025. El Gobierno de Canarias, en esto, se ha quedado solo.
Viviendas prioritarias
El Plan de Pagos lo pusimos en marcha en julio de 2024, empezando por las viviendas habituales que se perdieron, porque era lo prioritario. Detrás hubo meses de complejo trabajo jurídico y administrativo porque tuvimos que crear un procedimiento nuevo, sin precedentes en Canarias ni en todo el país, y revisar y valorar, uno a uno, todos los expedientes de propiedades afectadas. Hoy ya podemos decir que hemos abonado el valor de las 800 viviendas habituales que se llevó por delante el volcán con más de 1.400 personas beneficiarias.
Paralelamente, tuvimos que hacer frente a otros de los problemas que enfrenta La Palma, agravado tras el volcán, que es la falta de vivienda. Para ello, hemos puesto en marcha un plan específico de vivienda para la isla. Nuestro objetivo es dar una solución digna y estable a las personas que aún siguen viviendo en las casas contenedor y casas de madera que se instalaron tras la erupción y dar también respuesta a las personas que llevan años registradas como demandantes de vivienda protegida en la isla.
El Plan Especial de Vivienda para La Palma está dotado de 56,5 millones de euros de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias ya transferidos al Cabildo insular (24 millones), al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane (28,7), al Ayuntamiento de El Paso (8) y al Ayuntamiento de Villa de Mazo (3). Incorpora también 22 millones de euros que aporta el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi). Son, en total, 78,5 millones de euros que aporta el Gobierno de Canarias a proyectos concretos de construcción o adquisición de vivienda protegida en La Palma.
Hasta el momento, se han adquirido dos edificios en construcción en Los Llanos y en El Paso que suman 69 viviendas y que estarán finalizados en un plazo aproximado de 12 meses. También se está trabajando en adecuar el antiguo edificio de Correos de El Paso donde se están construyendo otras 11 viviendas más.
El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, por su parte, está preparando la licitación conjunta del proyecto y la obra de 120 viviendas, también financiadas por la Consejería de Presidencia. El Icavi, por su parte, ya ha adjudicado la construcción de 34 viviendas en Tazacorte y prepara la licitación de otro proyecto de 100 viviendas en el mismo municipio.
Y quedan varios proyectos más que se irán dando a conocer en los próximos meses. Construir viviendas no es rápido ni sencillo. Lo sabemos. Pero todo lo que estamos haciendo ahora dará su fruto y, con los esfuerzos que está haciendo el Gobierno de Canarias y también el Cabildo de La Palma, la isla tendrá más de 400 viviendas protegidas que aliviarán la grave crisis habitacional que sufre en estos momentos.
Ahora, haciendo balance del camino andado hasta el momento, podemos decir que 2024 fue el año en el que las personas afectadas por el volcán empezaron a cerrar carpetas y a planificar un nuevo futuro.
