Cuando asumí esta responsabilidad, lo hice con una convicción clara: Canarias necesitaba una transformación profunda en su modelo energético, ambiental y climático. Han pasado ya dos años, y puedo decir con firmeza que hoy somos una comunidad que ha dado pasos importantes y valientes para afrontar esa transformación. Porque si algo define estos dos años, es que hemos pasado de las palabras a los hechos, y mirando los problemas directamente.
El mayor ejemplo de ello ha sido la modificación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, una norma clave para el futuro de las islas. Desde el inicio de la legislatura entendimos que esta ley debía ser útil, aplicable, coherente con la legislación estatal y europea, y eficaz para acelerar la transición. Esa modificación fue prioritaria y nos ha permitido avanzar cuestiones como la ordenación de las renovables en el territorio, con nuevos instrumentos como las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), esenciales para lograr una mayor penetración de renovables, o implicar a la ciudadanía en nuevos proyectos con su participación con accionariado.
Pero avanzar hacia un nuevo modelo energético no es posible si no somos capaces de actuar ante las deficiencias del sistema actual. Por eso declaramos la emergencia energética en octubre de 2023. Esa declaración no fue retórica, sino el resultado de una realidad evidente: el sistema eléctrico de las Islas está al límite.
Lo hemos comprobado recientemente en La Gomera, donde sufrimos un cero energético de tres días en el 2023, y ahora también en La Palma, donde el pasado 10 de junio sufrimos otro cero que afectó a toda la isla. Respondimos con rapidez, para restablecer el suministro, pero no nos detuvimos ahí. Abrimos expedientes, realizamos inspecciones, exigimos cambios operativos y planteamos propuestas estructurales. Hemos puesto en marcha un plan técnico para reforzar la red de media tensión, prevenir fallos y garantizar el suministro, especialmente en los principales núcleos turísticos.
En este contexto, uno de los avances más importantes ha sido la modificación de la Ley Canaria del Sector Eléctrico, con la que hemos corregido una anomalía que impedía sancionar de forma eficaz. Ahora contamos con un marco legal alineado con la normativa estatal, que nos permite actuar con mayor agilidad y rigor ante negligencias o incumplimientos graves. Ya no habrá vacíos legales que amparen la inacción para poder sancionar en casos como el de La Gomera o el caso de La Palma, si fuese necesario.
Pero además, y no solo pensando solo en las sanciones, hemos pedido, y el Ministerio ha aceptado a trabajar para reforzar también la inversión en la red de transporte y distribución en las islas verdes, dotándolas de la resiliencia que merecen.
En estos dos años también hemos hecho una apuesta clara por la economía circular. Aprobamos el Plan de Acción de Economía Circular 2024–2026, con más de 20 medidas que ya se están ejecutando para cambiar el modelo de producción y consumo, y reducir residuos.
La acción climática ha estado presente también en el territorio, con proyectos de adaptación como el de Las Galletas, en Arona. Siendo el primero de los llamados Proyectos de Acción Climática en Canarias, centrados en renaturalizar, proteger nuestras costas y preparar los municipios para los impactos del cambio climático. Y no podemos dejar de mencionar los avances en el ámbito forestal, con una nueva Ley de Montes en marcha, el desarrollo del Plan Forestal de Canarias y un nuevo Decreto de Prevención de Incendios Forestales.
Todo esto lo hemos hecho con planificación y con recursos. Canarias ha recibido más de 500 millones de euros de fondos europeos para proyectos en esta consejería, en los que hemos estado inmersos en un importante trabajo de reestructuración, para conceder proyectos y expedientes. De aquí, hemos concedido más de 300 millones y hemos activado programas para autoconsumo, comunidades energéticas, almacenamiento y descarbonización. Pero también hemos pedido al Estado una ampliación de los plazos de ejecución, porque nuestras islas, por su insularidad y orografía, enfrentan barreras logísticas y administrativas que deben ser tenidas en cuenta.
La energía es una prioridad, sí, pero la educación ambiental también lo es. Lo demuestra el Proyecto Idafe, que lleva la acción climática a las aulas, o la participación del Gobierno en iniciativas de voluntariado como 1m² contra la basuraleza, en la que somos la primera comunidad que organiza directamente puntos de recogida con sus propios trabajadores públicos.
En definitiva, han sido dos años de avances reales, de reformas y de acción directa. Hemos sido transparentes, hemos escuchado a la ciudadanía, y sobre todo, hemos cumplido. Sabemos que queda mucho por hacer. Pero también sabemos que Canarias tiene una oportunidad única: ser vanguardia en sostenibilidad, innovación y justicia climática.
Y esa oportunidad sólo se aprovechará si seguimos actuando con hechos, no con eslóganes. Ese ha sido, y seguirá siendo, nuestro compromiso.
