Otra vez escribir sobre las colas en nuestras decrépitas carreteras puede parecer una matraca sin sentido, pero en cambio, es una actualidad sufriente que precisa seguir mentándose, sin cansancio alguno, porque nos incide de tal manera en nuestra vivencia cotidiana, que estamos afectados plenamente, causándonos daños personales, económicos y sociales.
Ante la falta de respuestas concretas, factibles y temporalmente ejecutivas por parte de los gestores públicos, que hablan mucho, pero hacen poco, para que dé una vez por todas curen esta enfermedad endémica que podríamos llamarla arterioesclerosis viaria, recordando que en medicina esta afección es una enfermedad donde se acumulan placas de grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias, lo que las endurece y estrecha, pudiendo dificultar o impedir el flujo de sangre a las partes del cuerpo que las arterias abastecen, lo que nos puede servir perfectamente de símil, por la peligrosidad que tiene este padecimiento en la persona que lo sufre y el daño tremebundo que está haciendo en nuestra sociedad los atascos permanentes.
Tenemos la obligación de mantener en vilo este asunto, por un lado, para que no se olvide y por otro, para que los políticos incapaces, sientan el apremio sobre las responsabilidades que asumieron libremente. No podemos seguir igual y que no pase nada. Si no saben o son mediocres para solucionar este problema, pues que se vayan, ya está bien de esperar estoicamente con una paciencia infinita, la indolencia de los que tienen la obligación de ser rápidos gestores de la gobernanza de la cosa pública. Es hora, muy pasada, por cierto, de tomar medidas drásticas que propicien contar con las infraestructuras viarias que la isla requiere imperiosamente. Que se olviden de los supersónicos planes de movilidad que nos presentan cada cierto tiempo, cada cual, con una ocurrencia más estrambótica, porque sólo son espejismos, puede ser que bien intencionados, pero que son imposibles de ponerlos en práctica, ahí radica su torpeza, porque falta lo más básico y estructural, que son las carreteras sobre las que hay que implementar dichos propósitos viarios.
Tenerife lleva un retraso de más de tres décadas en la ejecución de obra pública viaria, mientras en las demás islas del Archipiélago se han cumplido, a rajatabla, las previsiones establecidas en los distintos Convenios de Carreteras firmados entre el Gobierno central con el canario, en tiempo y forma con la normalidad que debe existir, mientras aquí todo se ha quedado en vergonzosas ruedas de prensa, presentaciones de hermosas infografías, publicidad, más la correspondiente propaganda engañosa por doquier, puestas de alguna que otra primera piedra donde no se continuaba después con nada, egocentrismos buscando pasar a la historia y demás zarandajas, que han dejado una caótica situación circulatoria.
Aunque pueda parecer una exageración, que no lo es, porque ya se produce con mucha frecuencia, pero especialmente en algún día donde se produzca alguna incidencia en nuestras autovías, es fácilmente factible pasar más tiempo dentro del coche, parado sobre el asfalto, que lo que puedas vivir en tu casa en dicha jornada. La TF-1 en el Sur y la TF-5 en el Norte están agotadas, suficientemente amortizadas después de más de tres décadas sin ampliación alguna, sólo con algún lavado de cara en el pavimento, por la peligrosidad del deterioro acumulado con los años.
Tenerife a oscuras
Hace unas semanas los canarios vivimos, en la distancia, el cero energético que afectó a la España peninsular y a Portugal. Digo en la distancia, ya que no tuvo incidencia en Canarias, excepto en las comunicaciones. No obstante, sí tuvo el efecto de despertarnos de un letargo inducido por la espera de soluciones, contundentes y eficientes, para un sistema eléctrico canario seguro que se dilatan en el tiempo, sin saber muy bien cual es el motivo de esta dejadez, que puede posibilitar en cualquier momento un nuevo apagón general no sólo en nuestra isla, sino en cualquiera del Archipiélago.
Me asaltaron distintas preguntas, entre ellas ¿las causas del cero peninsular se pueden dar en nuestra Comunidad Autónoma? La complejidad de los fenómenos que pueden darse en un sistema eléctrico, las múltiples causas que pueden producirlos y la imposibilidad de preverlos todos, nos lleva a la conclusión de que efectivamente los isleños estamos expuestos a que eso ocurra. Son riesgos que existen y que la ciencia y la técnica deben minimizar, sobre todo, porque en los sistemas aislados como el nuestro el auxilio exterior para una pronta reposición no existe.
No obstante, dicho lo anterior, la preocupación en Canarias se centra en un riesgo perfectamente identificado por el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), que se refiere al envejecimiento y obsolescencia, mejor explicitado denominándolo vetusto, parque de generación eléctrica. En este sentido, vemos que es un riesgo sostenible en el tiempo, ya que tanto el denominado concurso exprés convocado por el Gobierno de Canarias como un concurso competitivo del Gobierno del Estado tendrán sus efectos reales dentro de años. Al mismo tiempo, que en Tenerife la posibilidad de disponer de almacenamiento como el de Chira-Soria no se termina de definir.
No se trata de crear alarma, pero es necesario que la sociedad tinerfeña y canaria conozca sus riesgos y debilidades y que ese letargo que produce la ausencia de soluciones inmediatas nos haga desconocer nuestra realidad, frágil al máximo, es más, peligrosa para el sistema productivo en cuanto se refiere a la economía y también a la ciudadanía en relación con el bienestar y calidad de vida del conjunto de nuestra Sociedad. Una realidad a la que deben hacer frente los que tienen responsabilidades en la materia, que deberían asumir con más rigor la puesta en marcha, de forma urgente, cuantas medidas sean precisas para hacer frente con competencia y confianza lo que todos tememos que puede suceder, otra vez, en cualquier momento, un cero energético, que ya conocemos con sus añadidas incidencias graves.
Tenerife carece actualmente de manera absoluta de la garantía y estabilidad que proporciona contar con un almacenamiento energético, suficiente, eficiente y productivo, consistente en capturar la energía producida en un momento dado para su uso posterior, lo que permitiría reducir los desequilibrios entre la demanda y la producción energética. Es esencial. Siendo la salvaguardia que, en un territorio aislado como el nuestro, donde las ayudas inmediatas ante un imprevisto no pueden llegar con rapidez o incluso nunca aparecer, permitan inmediatamente seguir contando con la energía que se precisa en ese momento. Acumular energía en momentos de alta producción para liberarla cuando la demanda es alta o la generación es baja garantiza un suministro de energía constante y segura.
Canarias ha registrado siete ceros energéticos desde 2009, Tenerife ha sido la isla más afectada, debido a que tenemos un sistema eléctrico demasiado vulnerable, endeble. Los gestores públicos, siempre salen por la tangente, anunciando medidas cada cual más ilusionante, que después se quedan en la más triste decepción, porque los retrasos en su aplicación son inasumibles.
Viviendas bonitas
La prioridad de contar con una vivienda como protección, hogar, confort, bienestar, calidad de vida, para una plena vivencia personal o familiar es un derecho primario y constitucional. Actualmente no se dan las circunstancias que propicien la ejecución práctica de este principio básico y trascendental. Por lo tanto, su consecución tiene que ser puesta en las primeras metas a lograr por cualquier política a perseguir de modo preferente sin dilación alguna, porque en este asunto, por responsabilidad y servicio público, no valen las trifulcas entre partidos políticos o ideologías. Aquí no cabe el frentismo o como se ha puesto de moda ahora la polarización entre gestores públicos gobernantes y oposición.
Todos deberían hacer un esfuerzo, cosa bastante improbable por sus comportamientos habituales para, conjuntamente, quitar todos los obstáculos que impiden establecer en el mercado el número suficiente de edificaciones, tanto en alquiler como en compraventa, que la demanda, en algunos casos extrema, solicita angustiosamente.
Es de todo modo urgente aumentar la construcción de cualquiera de las tipologías de vivienda, tanto libres, como asequibles y por supuesto sociales, ya que hay que equilibrar la oferta y la demanda, respondiendo con hechos a la creciente necesidad y así acabar con el tremendo déficit que sufrimos en estos momentos, que impide unos precios razonables, estables y proporcionados. Contar con suelo suficiente y finalista es otra de las claves que solucionarían el problema. Para eso es perentorio una gestión del mismo de forma ágil, que a su vez lleve implícita todas las garantías oportunas y la seguridad jurídica adecuada.
Aquí llegamos al cogollo que todo lo para, obstaculiza, frena, estorba y detiene, nos referimos a la inútil burocracia, incapaz de gestionar en tiempo y forma los expedientes, las licencias de obras mayores o cualquier tipo de informe sectorial. Primero hay que contar con un marco regulador y estable de una Función Pública moderna y comprometida, que no lo hay, donde se exijan a raja tabla, cumplimientos de resolución sin demoras con una productividad operativa cuantificable y ganas de aportar soluciones y no de imponer escollos con interpretaciones personales de la normativa vigente que llevan después, necesariamente en defensa de los derechos adquiridos o sobrevenidos, a los tribunales cualquier gestión burocrática por parte del ciudadano o empresario, donde todo se retrasa aún más sine die. Hay que quitar las arbitrariedades imponiendo criterios seguros y unificados sin una tramitación compleja. En este momento es bueno recordar que la Administración Pública tiene el deber, más la obligación, de contar con los medios materiales y recursos humanos suficientes y eficientes, maximizándolos cuando sea preciso, para cumplir como mínimo, con la legalidad vigente y no para incorporar allegados, amigos, burócratas del partido que sea o alguna que otra deuda personal que tenga el líder que corresponda.
La fiscalidad sobre la vivienda es escandalosa, por no mentar su afán recaudatorio, de todo punto excesivo, aguantando una carga fiscal que después tiene que ser repercutida en el comprador final suponiendo un 25% del precio a pagar, es decir, cuando se compra una edificación, una cuarta parte va para la administración pública, que tiene un afán de imponer y cobrar impuestos más grandes que la boca de un mero. Los incentivos fiscales para la promoción de la vivienda asequible tienen que ser cuasi obligatorios, aumentando las posibilidades de financiación, tanto pública como privada, a través de canales o convenios de colaboración, entre los gobiernos central y autonómicos, con las entidades bancarias privadas.
La eficiencia energética, sostenibilidad, industrialización, así como una arquitectura bonita, provocadora de una simbiosis con el territorio es la apuesta del sector, siendo creíble conseguirlo.
