El sistema eléctrico español, y especialmente el de Canarias, está en el límite. Esta afirmación, que podría parecer alarmista, no es sino la constatación técnica de una situación crítica que se ha venido gestando durante años y que, tras los recientes apagones, ha quedado expuesta con toda su crudeza. La integración acelerada de renovables sin respaldo, la ausencia de planificación, la falta de inversión y el desinterés institucional nos han llevado a un escenario de extrema vulnerabilidad, tanto a nivel estructural como operativo.
Una red nacional sobrecargada y sin control. El reciente colapso en la Península, que por fortuna afectó solo parcialmente a Canarias, no fue un accidente aislado ni un ataque externo. Fue la consecuencia directa de una política energética que ha forzado a Red Eléctrica de España a operar al límite, integrando renovables sin el respaldo de sistemas convencionales ni almacenamiento suficiente. La red, que llegó a contar con un 70% de generación renovable en el momento del fallo, carecía de la inercia y estabilidad necesarias para evitar el colapso. Y lo sabían. No ha sido una sorpresa, sino un desenlace anunciado fruto de un comportamiento negligente.
En Canarias, la situación es aún más grave. Próximos ceros energéticos, como el de La Gomera o Tenerife, podrían avocarnos a estar días sin suministro eléctrico o sometidos a cortes rotativos. Las islas no cuentan con respaldo suficiente, y los informes que evidencian esta realidad han sido sistemáticamente ocultados por el propio Gobierno autonómico. La opacidad institucional, en este sentido, no solo es preocupante, sino también irresponsable. No se trata de una excepción: los apagones ya forman parte del paisaje eléctrico insular, y lo más grave es que se han normalizado.
Planificación errónea y operación deficiente. La planificación y operación del sistema eléctrico requieren de una base técnica sólida, alejada de enfoques ideológicos o decisiones coyunturales. Las energías renovables deben integrarse de forma racional, acompañadas de infraestructura de almacenamiento, respaldo flexible y una red adaptada a su perfil de generación intermitente.
No es aceptable seguir gestionando la red con ideología en lugar de con técnica y economía. El sistema se ha diseñado mal y se opera peor. Los informes para aclarar lo ocurrido están cargados de tecnicismos para ocultar, o encriptar, la ineptitud en la toma de decisiones. Se desplazan responsabilidades hacia pequeños productores o empresas privadas, cuando el problema está en la planificación y operación. Las respuestas institucionales tras los apagones han sido comunicativamente patéticas y técnicamente vacías. Se ha preferido construir un relato digerible antes que asumir responsabilidades.
Las renovables son necesarias, pero deben integrarse con sentido común: almacenamiento, respaldo y una red adaptada a su intermitencia. De lo contrario, se convierte en una ruleta rusa energética. No hay milagros, solo ingeniería y anticipación.
Una emergencia mal gestionada. En Canarias, se activó un concurso exprés para instalar 268 MW de respaldo tras el apagón de La Gomera. A día de hoy, solo se ha tramitado administrativamente el 45% de esa potencia. Ni una sola obra ha comenzado. Gran Canaria, la isla más expuesta, tiene un 90% de su déficit sin cubrir. Y el Gobierno de Canarias sigue anunciando avances que no son tales: lo único ejecutado son actos administrativos, no instalaciones reales.
Todo esto mientras se desconoce cuál es el modelo de financiación de estas infraestructuras. Las empresas adjudicatarias no tienen garantías de retribución clara y, por tanto, algunas adjudicaciones han quedado desiertas. Seguimos con promesas, sin resultados. El discurso público no se corresponde con la realidad física del sistema, y eso genera desconfianza e incertidumbre.
Falta de almacenamiento y obsolescencia del parque convencional. Canarias no dispone de una infraestructura adecuada para almacenar la energía renovable que genera. Como consecuencia, parte de esta energía queda sin aprovechamiento. A su vez, las centrales convencionales, obsoletas y alimentadas por combustibles como el fuel-oil, siguen soportando la base del sistema. Esta situación es técnicamente y ambientalmente insostenible en el medio plazo.
La planificación debe contemplar soluciones de respaldo técnicamente viables y rápidamente desplegables, como las tecnologías basadas en gas natural o gasoil, que garantizan una respuesta dinámica rápida ante fallos. Esta realidad debe ser comunicada con claridad, sin eufemismos ni discursos simplistas.
Un sistema insular operando al límite por incentivos. Existe la preocupación fundada de que la operación de los sistemas insulares se esté realizando sin aplicar plenamente el criterio N-1, es decir, sin mantener la reserva suficiente para cubrir fallos de grupos individuales. Esta decisión podría estar influida por incentivos regulatorios que priorizan la eficiencia económica sobre la seguridad operativa.
En sistemas eléctricos aislados, como los de Canarias, el principio de seguridad debe ser prioritario. Resulta imprescindible una auditoría técnica independiente que revise los protocolos aplicados por REE, la interpretación de la normativa y la coherencia entre los objetivos de eficiencia y los de fiabilidad.
No podemos seguir actuando sin garantías. La ciudadanía tiene derecho a saber si el sistema que paga con sus impuestos está siendo gestionado con responsabilidad o con afán de rentabilidad inmediata.
Decisiones políticas que empujan al colapso. El sistema eléctrico ha sido progresivamente tensionado por decisiones políticas que han promovido la implantación de energías renovables sin una evaluación técnica detallada de su impacto sobre la estabilidad de la red. La falta de mecanismos de control y previsión ha situado al sistema en condiciones de riesgo estructural.
Los informes oficiales, centrados en la descripción cronológica de los incidentes, no abordan las causas de fondo ni establecen responsabilidades. Esta omisión compromete la posibilidad de adoptar medidas correctoras eficaces.
Ahora, se endurecerán los requisitos para nuevas instalaciones de renovables, lo que encarecerá proyectos y frenará inversiones. No porque la tecnología lo exija, sino porque se ha actuado sin planificación ni control. Se impone una burocracia reactiva, cuando lo que necesitamos es una planificación proactiva, técnicamente solvente y con visión de largo plazo.
Conclusión: sostenibilidad con rigor técnico. La transición energética es necesaria e ineludible, pero debe abordarse con criterios técnicos rigurosos, evaluación de riesgos, y planificación integral. La improvisación normativa, la falta de inversión sostenida y la exclusión del conocimiento experto han derivado en un sistema vulnerable, cuyas consecuencias ya son tangibles.
Resulta indispensable reforzar la gobernanza técnica del sistema eléctrico, garantizar la transparencia en la información, establecer mecanismos claros de seguimiento y rendición de cuentas, y dotar a las administraciones de capacidades reales para coordinar la acción pública y privada en materia energética.
La sostenibilidad requiere planificación, inversión, capacidad de gestión y liderazgo técnico. La ausencia de cualquiera de estos elementos no solo pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos, sino también la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Actuar con anticipación, coherencia y conocimiento es hoy una obligación inaplazable.
