Si nos dejamos llevar por la narrativa oficial, Canarias avanza con paso firme hacia un futuro energético limpio, sostenible y descarbonizado. Y justo, o todos los adjetivos que se quiera agregar. Grandes titulares, anuncios institucionales y ambiciosos planes legislativos, como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que prevé una descarbonización total para 2040, alimentan esta visión. Sin embargo, un análisis de los datos, libre de la distorsión del pensamiento político ilusorio, nos dice algo muy diferente, y es que se recorre un camino plagado de incumplimientos, instrumentos fallidos y una alarmante desconexión entre la retórica y la ejecución. Lejos de liderar una transición modélica, el archipiélago vive un espejismo verde, donde los objetivos se incumplen sistemáticamente, los anuncios sobre la misma cosa se suceden de manera acrítica y la realidad va por otro lado, inmune ante las agendas políticas.
Mientras se proclaman récords históricos de generación renovable, en realidad, las Islas muestran una dependencia de un 80% de combustibles fósiles. Nada nuevo descubrimos, podrá pensar el amable lector; sabemos que hoy se prioriza el marketing sobre los resultados, los titulares sobre la eficiencia y las promesas sobre las realizaciones. Por eso cabe preguntarse si de veras estamos ante una auténtica transición energética, si de verdad esta es necesaria y llegará alguna vez, y si esta construcción de ficciones orientadoras oculta el fracaso estructural de décadas de planificación energética.
La declaración de emergencia energética en Canarias (octubre de 2023) ha acertado en diagnosticar la fragilidad de un sistema que, tras décadas de planes y proclamas, sigue recurriendo al diésel para garantizar el suministro eléctrico. La instalación de equipos de generación con fueloil y gasoil para suplir las carencias del sistema energético canario representa la confesión más elocuente del fracaso de la planificación. Después de años de metas ambiciosas y anuncios grandilocuentes, las Islas vuelven a depender de la tecnología más contaminante y costosa disponible. Esto debería hacernos reflexionar acerca de la distancia entre el discurso político y la dura realidad, así como sobre la mala costumbre de confundir sistemáticamente las intenciones con los resultados.
Los sucesivos planes energéticos de Canarias han servido solo para engordar el BOC. El EECan (2015) establecía objetivos claros para 2025 que, según los últimos datos disponibles, distan mucho de ser una realidad. La generación eólica alcanzó un mediocre 44% de su previsión, mientras que la fotovoltaica llegó al 60%. La Ley de Cambio Climático actual duplica la apuesta con una meta aún más audaz: la descarbonización completa para 2040, diez años antes que el resto de España y la Unión Europea. Pero esta ambición choca de frente con el punto de partida. En la actualidad, el sistema energético canario sigue siendo profundamente dependiente de los combustibles fósiles.
El problema de sancionar una ley con objetivos demasiado ambiciosos es que la realidad suele ser la primera en refutarla. Pero también puede ocurrir que a esa tozuda realidad le aparezcan aliados, incluso entre quienes era difícilmente imaginable que vinieran a señalar que el rey está desnudo. Un trabajo de investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) manifiesta de manera muy crítica la escasa cercanía de estas planificaciones con la realidad energética de las Islas y cómo fallan los planes establecidos de arriba abajo. “Históricamente, la planificación energética en Canarias no ha logrado con creces sus objetivos” y la raíz de este fracaso radica en “la planificación de instrumentos desarrollados jerárquicamente, sin incluir la visión de los diferentes actores involucrados en el proceso”, según el documento, publicado a comienzos de 2023 en la revista Energies.
El análisis crítico de los objetivos climáticos no viene de la mano de lo que algunos podrían llamar “negacionistas”, sino de un grupo de investigadores que no cuestionan compromisos como el Acuerdo de París. Lo que afirman, simplemente, es que las metas son inalcanzables. Por citar un ejemplo, hoy las Islas gestionan la mayor parte de su producción eléctrica con centrales térmicas alimentadas con fueloil y gasoil, que tienen un alto nivel de emisiones para la generación de electricidad, en comparación con el resto de España y la UE.
La conveniencia del gas natural
La descarbonización de la economía debería llegar de una producción de electricidad con menores emisiones de GEI, mediante la sustitución de plantas térmicas alimentadas con fuel oil “por otras con gas natural”, en primer término. El gas, como es sabido, ha representado un problema político en Canarias, tanto en sus intentos de introducción para generación eléctrica a través de regasificadoras, frustrados, como en los también frustrados proyectos para hacer llegar el gas natural a los hogares y empresas.
Los fríos datos nos dicen que las energías renovables en Canarias alcanzaron un máximo histórico en 2024, superando los 1.727.987 MWh anuales en diciembre, cifra que supera el anterior récord, de 2022 (1.722.969 MWh). Pero el peso de las renovables, del 20,81% en 2024 y un 8,6% superior al de 2023, no llega a lo prometido. Desglosado por tecnologías: la energía eólica representa el 15,85% de la producción eléctrica en Canarias, la fotovoltaica un 4,56%, la hidroeólica un 0,26%, el biogás un 0,10%, y la hidráulica un 0,04%. En cuanto a potencia instalada, se incrementó un 7,1% gracias a 64 nuevos MW renovables (5 MW eólicos y 59 MW fotovoltaicos), representando ya el 28,7% de la potencia instalada canaria.
De visita por una universidad canaria, la de las Hespérides, John Constable, divulgador de temas relacionados con la política energética y el cambio climático y con una sólida trayectoria en la Universidad de Cambridge, consideró la declaración de emergencia energética en Canarias como “una respuesta responsable” a las dificultades acumuladas en los últimos años. Como síntomas de estas dificultades enumeró la falta de capacidad de generación gestionable, añadida a las limitaciones de las tecnologías de energía eólica y solar debido a su imprevisibilidad, lo que resulta insuficiente para garantizar un suministro energético constante.
Ante la previsión de que en el corto plazo se recurra a la generación de emergencia con diésel para abordar la crisis, Constable recomendó que a largo plazo se busque una solución más eficiente, como las turbinas de gas de ciclo combinado que utilizan gas natural como combustible. Incluso cree que no debe descartarse la posibilidad de implementar reactores nucleares de pequeña escala y alta temperatura como una ruta viable y eficaz para garantizar un suministro de energía “confiable y sostenible” tanto en Canarias como en otros territorios que enfrentan desafíos similares.
Es todo lo contrario a lo que vemos en documentos programáticos como el Ptecan (Plan de Transición Energética de Canarias, 2021) que incluye el despliegue de un total de 31 MW con producción de energía fotovoltaica marina para 2030, “una tecnología lejos de su madurez”, según el estudio de la ULL. Para dar una dimensión de esto, basta citar el caso de la estimación del gobierno de los Países Bajos para 2030, que calcula que en el Mar del Norte tendrá 100 MW con energía fotovoltaica en alta mar. Sin embargo, los Países Bajos tienen más de 17 millones de habitantes, rodeados de economías como Alemania, Bélgica, Reino Unido y Polonia, en comparación con los apenas 2,2 millones de habitantes de las Islas. Otro de los apoyos para las metas de 2040 que aparecen en el Ptecan es alcanzar una potencia de 30 MW con geotermia de alta entalpía, algo que depende de actividades de perforación exploratoria aún en fase inicial y solo estarán acabados recién en 2028.
¿Y la cogeneración?
Otro dato revelador del fracaso de la política energética canaria es la inexistencia absoluta de cogeneración. Los registros oficiales de la CNMC y Red Eléctrica son concluyentes: no existe actividad de cogeneración en las Islas Canarias desde el año 2006 hasta la actualidad. Aunque recoge instalaciones de cogeneración con una potencia total de 2,22 MW, no operan desde 2009. El mismo fracaso se advierte en cuanto al Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), un instrumento que permite a empresas y particulares monetizar los ahorros derivados de actuaciones de eficiencia energética. En el caso de Canarias, las solicitudes siguen siendo reducidas en comparación con otras regiones. Es más, se encuentran a la cola del país, ya que desde 2023 se han registrado 25 solicitudes de CAE, lo que supone un incremento de 14 con respecto a las 11 registradas en el informe de enero de 2025. En total, estos certificados representan un ahorro solicitado de 12,9 GWh. La cifra contrasta con los volúmenes de comunidades como Madrid (1.964,3 GWh), Cataluña (646,4 GWh), Galicia (493,4 GWh) o Castilla-La Mancha (412,8 GWh), que lideran el ranking nacional.
El caso canario no es una excepción, sino una muestra de cómo la política energética española ha derivado en un sofisticado ejercicio de greenwashing institucional, donde se maquillan cifras, se silencian fracasos y el papel del consumidor se limita a pagar una cada vez más cara factura. Lo deseable sería que se abandonase el voluntarismo político y se hiciese una política anclada en la viabilidad técnica y económica, que evalúe tecnologías por resultados y no por titulares ni prejuicios. Hasta ahora, solo hemos conocido un laboratorio de buenas intenciones y malos resultados, donde la factura de la luz seguirá recordando a los ciudadanos que la retórica no ilumina hogares ni garantiza un futuro energético estable.
