Las casualidades de la vida han hecho coincidir la oportunidad que un año más me brinda el Anuario de reflexionar sobre la economía de las Islas Canarias con la lectura del último libro de Amartya Sen, La idea de la justicia. Se suele presentar al autor como premio Nobel de Economía en 1998, pero creo más justo decir, puesto que de justicia va la colaboración que se me pide, que es un maestro en el más amplio sentido del término.
Amartya Sen es un especialista en el campo de la teoría de la elección social, catedrático de Filosofía y Economía en la Universidad de Harvard y autor de una bibliografía extensa, con títulos tan influyentes en el pensamiento de la economía como Desarrollo y libertad, Identidad y violencia, Sobre la desigualdad económica, Elección colectiva y bienestar social, Nuevo examen de la desigualdad o La argumentación india, entre otros. Si se me permite, tomaré algunas referencias de su último libro, La idea de la justicia, para acometer el comentario que me propongo sobre los efectos de la crisis económica en la justicia o injusticia en la sociedad de las Islas Canarias.
Por supuesto, tal reflexión sólo puede ser una breve conjetura que, sin embargo, aspira a remover un debate poco habitual en los últimos quince años, años en los que una vez más tuvimos la sensación de haber descubierto por fin el camino de la prosperidad eterna a la que tarde o temprano se sumarían todos los ciudadanos. Efectivamente, una vez que la sociedad de las islas superó el gravísimo periodo de estancamiento económico de principios de los noventa del siglo pasado, el crecimiento económico generó un estado de percepción de la abundancia favorecido por la caída de los tipos de interés, el aumento de las disponibilidades de crédito, el incremento de la demanda de servicios turísticos, el crecimiento del empleo, la caída de la tasa de paro y, en resumen, el crecimiento de la renta per cápita y del ingreso familiar disponible.
Un análisis más detallado revelaría otros matices de este proceso, como el despegue de cantidades apreciables de nuevos empresarios y trabajadores autónomos, el incremento de la tasa de actividad de las mujeres, el apoyo de los fondos estructurales y la inversión pública general o la consolidación de un Régimen Económico y Fiscal (REF) con incentivos a la inversión muy potentes. Se pensó entonces que la conjunción de todos estos elementos podía sostener un proceso de incremento de la renta que fuera desbordando las clases altas y medias y llegara a los ciudadanos pobres, provocando la movilidad social de acuerdo a criterios de mérito. Además, la extensión de los bienes preferentes a las clases pobres se venía acentuando desde el cambio democrático y sus efectos empezaron a notarse.
El ciclo expansivo fue tan relevante que ni siquiera el importante descenso de las tasas de crecimiento del PIB a partir de 1999, derivado de un cambio de fase del ciclo de la economía internacional y de la reducción del crecimiento potencial de las islas, llegó a trascender socialmente, quizás porque el empleo siguió creciendo. Además de estos hechos, aparecían nuevos elementos de reflexión de enorme importancia: la distribución espacial de la renta en Canarias cambiaba radicalmente. Islas y comarcas de las islas que habían sido tradicionalmente pobres pasaban a liderar los resultados de las encuestas que miden el ingreso familiar disponible, por ejemplo, Fuerteventura, Lanzarote, el sur de Gran Canaria y el sur de Tenerife.
Sin embargo, algunas cuestiones se planteaban tímidamente, entre otras, las siguientes: ¿por qué la tasa de paro sigue siendo comparativamente alta en Canarias, tras quince años de crecimiento económico?¿Por qué los salarios medios en las islas son más bajos que los de España en general?¿Por qué la población bajo los umbrales de pobreza es tan elevada en las Islas Canarias, también comparativamente con el resto de España?¿Por qué no se reduce la población bajo el umbral de pobreza en las islas a pesar del crecimiento económico? Estas preguntas, junto a los costes medioambientales, revelaban el talón de Aquiles del proceso de crecimiento. De forma que cuando bruscamente, a mitad de 2007, la crisis económica afectó a la economía internacional, aparecieron con toda su intensidad. Si bien han empezado a funcionar, al menos relativamente, mecanismos institucionales y privados de cohesión económica y social.
Con todo, la percepción de injusticia puede haber crecido al observar los ciudadanos el diferente impacto de la crisis sobre los segmentos de la población. No es raro oír comentarios que identifican segmentos de la población para los que la crisis no tiene efectos, por ejemplo, los funcionarios, con empleo seguro y retribuciones reales en alza, en contraste con otros que sufren el impacto de la crisis al ser despedidos o no contratados de nuevo en un plazo razonable. Tampoco es extraño oír reproches a sectores determinados de la actividad económica, principalmente, claro está, contra el sector financiero y la construcción, aunque por razones distintas.
El paro, la duración de la crisis, la pérdida de la protección al desempleo como consecuencia, la reducción de la velocidad de rotación entre un empleo y otro, las mayores dificultades de inserción de la población inactiva en el mercado de trabajo, habrán hecho mella en la población pobre de las islas, especialmente sobre el casi 16% de población que se encontraba justo por encima del 19% por debajo del umbral de pobreza en el año 2007 (Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios, Istac). Desgraciadamente, no tenemos a día de hoy evidencia estadística (aún no se han publicado las encuestas sobre 2009) del efecto sobre la pobreza en las Islas Canarias de la crisis económica, pero, con semejante impacto sobre el empleo y la tasa de paro, no parece aventurado presagiar una intensificación significativa de la población por debajo del nivel de pobreza.
La encuesta del Instituto Nacional de Estadística de 2008 (Encuesta de Condiciones de Vida) revela que la población por debajo del umbral de pobreza en Canarias es el 24,8% del total; y la media española, del 19,6%. Sin embargo, los efectos de la crisis aún no aparecen en esta información. Pero una simple pregunta a los servicios sociales de los ayuntamientos resuelve cualquier duda. Debe tenerse en cuenta además las altas tasas de paro entre los jóvenes y los inmigrantes. También, claro está, las dificultades de los egresados jóvenes titulados superiores para obtener el primer empleo o de los que han cursado el Bachillerato, y la menor movilidad social entre las personas que esporádicamente salen de la situación de pobreza en condiciones económicas normales.
La mayor parte de la población percibe que la crisis económica afecta a sus intereses. Raro es que en una familia no exista alguna persona que haya sido despedida o tema por su empleo. Los que tienen empleo seguro o no temen perderlo se preocupan por el porvenir de sus parientes. Los empresarios y autónomos observan cómo se reduce la cartera de pedidos y cómo los clientes tardan en cancelar sus deudas; a su vez, ellos pasan apuros para hacer frente a los compromisos con los proveedores. Los políticos ven cómo los ingresos caen y los gastos deben disciplinarse. Y todos miramos alrededor y nos comparamos.
Resulta inevitable que nos comparemos, porque es cierto que en el reparto de los costes de la crisis no hay equidad. Recuerdo un chiste gráfico aparecido en un periódico inglés cuando se produjo la crisis de 1973. La viñeta representaba una escalera de madera apoyada en la pared de una habitación inundada de agua. En la parte superior de la escalera, está un caballero con bombín; unos escalones por debajo, un señor con chaqueta y corbata; dos o tres escalones más abajo, otro con bata blanca, a éste el agua ya le moja los pies; luego, uno con mono de trabajo, el agua le llega a la cintura; más abajo, otro con gorra, tiene todo el cuerpo sumergido hasta el cuello; en los últimos escalones está un mendigo al que el agua le llega hasta la boca. El que viste bombín dice mirando a los de abajo: “La crisis nos ha hecho a todos más pobres. Debemos bajar tres escalones cada uno”.
Una distribución de la renta y de las oportunidades así hace que nos preguntemos si esta es una situación de injusticia manifiesta. El profesor Sen dice al inicio de su libro: “Lo que nos mueve, con razón suficiente, no es la percepción de que el mundo no es justo del todo, lo cual pocos esperamos, sino que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos suprimir.” La frase tiene gran alcance porque no se trata de identificar, según Sen, cuáles son los esquemas institucionales justos para la sociedad, lo que se corresponde con el que denomina “institucionalismo trascendental”, sino en establecer comparaciones entre sociedades que existen o podrían existir. En este segundo sentido se trata de establecer comparaciones basadas en realizaciones que se orientan al avance o retroceso de la justicia.
Un análisis preciso de la justicia desde la perspectiva de la razón práctica supera por supuesto el ámbito de esta colaboración y de la capacidad de quien lo firma. Pero no creo que esté de más recordar entonces que el debate exige un punto de rigor en el planteamiento distante de los habitualmente existentes en las islas. Lo exige porque la cuestión de la justicia, de su avance o retroceso, sea en etapas de expansión o de crisis, está inmediatamente relacionada con la calidad de la democracia y con la vida de miles de personas. Probablemente estemos en un punto anterior al comienzo, pero planteárselo ya es algo, menos es nada. El punto de partida es pues proponerse incorporar a la agenda del debate político y social la pregunta: ¿cómo debería promoverse la justicia? Esperemos que este año 2010 nos permita avanzar, aunque sea lentamente, en la contestación a esta pregunta. A nadie se le oculta la enorme dificultad de tal empresa, pero tampoco su necesidad.
Al respecto conviene recordar, en palabras de Sen, que: “Comprender el mundo no es una simple cuestión de registrar nuestras percepciones inmediatas. Comprender entraña inevitablemente razonar. Tenemos que leer lo que sentimos y lo que parece que vemos, y preguntar qué indican esas percepciones y cómo podemos tenerlas en cuenta sin sentirnos abrumados por ellas. Una cuestión que se refiere a la confiabilidad de nuestros sentimientos e impresiones. Un sentimiento de injusticia podría servir como señal para movernos, pero una señal exige examen crítico, y tiene que haber cierto escrutinio de la solidez de una conclusión basada en señales”.
