Sólo la Ley de Medidas Urgentes salva la actividad legislativa del Ejecutivo en el Parlamento de Canarias. Hasta ahora, el Gobierno ha estado más centrado en solventar la crisis económica. La reforma del Estatuto de Autonomía es un claro ejemplo del errático balance parlamentario del gabinete que preside Paulino Rivero, que se resume en proyectos con poco pedigrí, más promesas que realidades y sólo una ley, la de Medidas Urgentes, como medida estrella a la que agarrarse.
La actividad legislativa del Gobierno de Canarias en el Parlamento regional durante 2009 y los primeros meses de 2010 no podría calificarse de sobresaliente. Ni siquiera de notable. El balance ha sido más bien escaso y de poco peso. Así se podría definir la actividad legislativa del Ejecutivo que preside Paulino Rivero en la Cámara canaria. Ha habido muchos retos, eso sí, pero con poca efectividad. Sólo la Ley de Medidas Urgentes salva la cara de un Gobierno que –si bien es cierto que ha centrado más sus esfuerzos en sacar adelante iniciativas para solventar la actual crisis económica– en el plano parlamentario no ha sido nada brillante. En los últimos días del mes de agosto de 2009, el presidente canario estrenaba el nuevo curso político con un duro órdago: la intención de presentar en el Parlamento de Canarias un total de 15 nuevos Proyectos de Ley durante el último cuatrimestre del año. Sin embargo, cuatro meses después, el reto de Rivero no se ha cumplido ni de lejos.
El presidente se quedó sin su ansiado pleno al quince, ya que del total de proyectos, sólo llegaron a la Cámara regional cinco de las leyes prometidas. Una fue el Presupuesto para este año. Las otras cuatro se traducen en la de Calidad Alimentaria (en fase de publicación de las enmiendas al articulado), el de Extinción de las Cámara Agrarias (nombramiento de la Ponencia); y las Leyes de Licencia Comercial, donde miembros del PP no estaban muy conformes con su contenido; o la de modificación de la Ordenación del Turismo, que el PSOE vetó en un pleno. Estas dos últimas leyes, además, tuvieron una tramitación exprés ya que su aprobación estaba condicionada por la entrada en vigor en enero de la Directiva Bolkestein el 1 de enero de 2010. El resto de promesas hechas por Rivero en aquel momento se quedaron por el camino. Y entre ellas, la reforma del Estatuto de Autonomía.
De hecho, del pasado año 2009, sólo la conocida como Ley de Medidas Urgentes, que además venía a corregir errores del pasado (Ley de Directrices), puede presentarse como el único proyecto estrella del Gobierno durante este mandato. Una ley, aprobada el 23 de abril de 2009, que nació para impulsar la renovación turística, mejorar la productividad y dinamizar el medio rural como forma de protección eficiente de la naturaleza, de la armonización social y del arraigo cultural. Pero este texto también ha servido para sacar a relucir el doble lenguaje que, en muchos momentos de la legislatura parlamentaria, utiliza el PSOE. Su grupo, contrario a las Medidas Urgentes, ha visto como con el paso de los meses muchos ayuntamientos canarios gobernados por su color político bendecían el nuevo documento en materia de ordenación territorial.
Otro proyecto, más polémico que importante, que inició su andadura parlamentaria el año pasado es el de Fomento a la Participación Ciudadana. Un texto al que se ha prorrogado el plazo de enmiendas y sobre el que gira una fuerte polémica por recoger la posibilidad de convocar referendos o consultas populares, algo que muchos ven como inconstitucional, un hecho que también afecta a otro documento del Gobierno, la ley que blinda los núcleos costeros del Archipiélago. Un proyecto aprobado por el Parlamento en el mismo pleno que la Ley de Medidas Urgentes, pero que fue mutilado recientemente por el Tribunal Constitucional.
Y el año 2010 ha empezado igual que aquel día de finales de agosto. El Gobierno lanzó, de nuevo con el inicio del curso político, otro desafío. Su programa legislativo para este año se traduce en la intención de presentar en el Parlamento un total de 22 anteproyectos de ley. Entre ellos, la ley de Función Pública, la ley de Pesca, la de Acción Social y Servicios Sociales, el anteproyecto de ley de la Agencia de Parques Nacionales Canarios, la ley de Bibliotecas, la del Consejo Canario del Sector Audiovisual o la de Patrimonio Histórico y Cultural de las Islas. Algunas de las nuevas promesas, sin embargo, ya lo fueron también en el anterior curso como la modificación del Servicio Canario de Empleo, el de Creación de la Agencia Canaria de Investigación, la ley de Sanidad de Canarias o la modificación de Ordenación del Transporte por Carretera. Proyectos de los que no se supo nada en 2009 y que ahora vuelven al saco de los compromisos.
Hasta la fecha, y de los 22 proyectos prometidos al inicio de este año 2010, sólo hay tres registrados en el Parlamento regional, que son el de la modificación del Servicio Canario de Empleo, el de Juegos y Apuestas (ambos en plazo para presentar enmiendas a la totalidad) y la ley de Apuestas Clasificadas y Espectáculos Públicos. Pero de todos, existe un proyecto que cumple a la perfección el errático modus operandi del Gobierno canario en materia legislativa, y se llama reforma del Estatuto de Autonomía. De ser la prioridad absoluta, ahora ha bajado en el escalafón de intereses del Ejecutivo regional, argumentado por la actual crisis económica, aunque sigue estando en su agenda. Pero su periplo de retrasos es un ejemplo inequívoco de la actividad del Ejecutivo. Era uno de los proyectos que Rivero tenía previsto que llegara al Parlamento antes de finalizar 2009. La siguiente fecha era en febrero de este año 2010. Y así un cúmulo de despropósitos en el tiempo mientras al Estatuto se le agotan los plazos, algo que indica que esas ansias de renovar el texto estatutario del actual Gobierno regional no se verán satisfechas en esta legislatura, del mismo modo que le ocurrió al Ejecutivo de Adán Martín, aunque por diferentes motivos.
No será la negativa del PSOE en el Congreso esta vez, sino la propia voluntad de Coalición Canaria, que buscará otro momento. De esta manera, el proyecto nacionalista, que esta vez había confiado en la participación popular, un compromiso asumido por Rivero desde su misma investidura y que se traducía en una web con un buzón de consultas y aportaciones, como disparador del trámite parlamentario, parece que no verá la luz en lo que queda de legislatura.
